En prisión preventiva quedó José Castillo, concejal de Pencahue, en la región del Maule, acusado de integrar una red de dedicada a la emisión de licencias falsas de conducir.
El hombre fue enviado a la Cárcel de Talca, tras ser imputado por los cargos de cohecho y bajo la ley de tránsito. Según la fiscal, el acusado recibía entre 200 y 300 mil pesos por cada licencia de conducir falsa que se emitía.
Junto con él, fueron imputadas otras 37 personas, incluyendo a un funcionario municipal de Tránsito de Pencahue, casa edilicia donde se tramitaban los permisos falsos.
Entre los formalizados se incluye también a los dueños de la Escuela de Conductores Santa Juana, ubicada en Concepción, en la región del Bío Bío, que los habilitaba para el transporte de pasajeros y de carga. Ésta, según la fiscal, especialista en delitos económicos, María Lorena González, está autorizada por la Seremi de Transportes del Bío Bío.
“Será competencia de dicho organismo saber qué pasa y qué resolución toma al respecto. Pero claramente al ser formalizados (el dueño y su madre que es la representante legal) por estos delitos, lo más probable es que arriesguen una cancelación de sus patentes”, indicó.
De entre los involucrados, al menos 34 quedaron en libertad tras ver decomisadas sus licencias de conducir, y citados a una audiencia a realizarse el viernes 6 de diciembre, constató el Diario El Centro.
“Esos certificados se compraron en sumas que bordean los 200 a 300 mil pesos. Con esos certificados ellos van cumpliendo los otros requisitos que la ley establece y se presentaban al Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Pencahue y obtenían su licencia de conducir profesional, en base a información falsa”, detalló la fiscal tras la formalización.
El concejal involucrado, en tanto, fue detenido recientemente en Villarrica. “Él cumplía funciones de intermediario, captar a compradores, cobrarles los dineros y posteriormente hacer la entrega de los certificados falsos”, indicó la representante del Ministerio Público.
El periodo concreto que analizó la fiscal fue 2018, pero la autoridad ya cuenta con las órdenes de incautación y se están recabando antecedentes desde el 2014 a la fecha. “Es por eso que no descartamos que existan más involucrados y nuevos formalizados por estos hechos”, finalizó María Lorena González.
