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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Tres comités sociales del Cerro Centinela de San Antonio presentaron un recurso de protección contra la Delegación Presidencial Provincial y la delegada del Ministerio de Vivienda por la megatoma. Se denuncian afectaciones a 2.143 familias debido a desalojos ilegales, actos arbitrarios y falta de resguardo.

Tres comités sociales del Cerro Centinela de San Antonio, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y de la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la megatoma, Gloria Maira.

La acción judicial sostiene que 2.143 familias han sido afectadas física y psíquicamente producto de desalojos y procedimientos que califica como ilegales, arbitrarios y carentes de resguardo adecuado, denunciando vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud.

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La representante en esta acción judicial, Dafne Aránguez, señaló que el recurso se fundamenta en las afectaciones generadas por la Delegación a las víctimas por negarse a dar información de sus actos.

En torno a la querella por estafa interpuesta por el Movimiento Pobladores Organizados en contra del ministro Carlos Montes, Gustavo Sepúlveda, vocero del colectivo, señaló que si bien fue declarada inadmisible, se solicitaron nuevas diligencias investigativas.

En el escrito se describen irregularidades en el proceso de desalojo iniciado en enero de 2026, incluyendo demoliciones anticipadas, falta de información a los pobladores sobre reubicaciones, ausencia de apoyo adecuado a adultos mayores, niños y personas con discapacidad, además de presuntas omisiones en la fiscalización de albergues y cumplimiento de protocolos.

En la ampliación del recurso se solicita la suspensión del desalojo, un cese del hostigamiento, protección cautelares para las familias y dirigentes del asentamiento, así como subsidios de arriendo por al menos dos años para 120 socios directamente afectados.

Respecto a la acción judicial, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio declaró que todos tienen el derecho legítimo de recurrir a los tribunales de justicia en el país y que se actuó en cumplimiento de lo ordenado por los tribunales.