De aquí es que surge la renovada discusión acerca de la conveniencia de contar -o no- con una familia real, esto es, con una monarquía hereditaria, que no obstante continuos tropiezos, se mostró incapaz de cambiar con los tiempos.

Nadie por sobre la ley

La monarquía parlamentaria británica -una de las más influyentes instituciones políticas del mundo moderno y contemporáneo- está hoy amenazada por el efecto multiplicador de la revelación de la “base de datos” que documenta el funcionamiento de la red de negocios y abusos sexuales del desaparecido pederasta norteamericano Jeffrey Epstein.

La dramática detención del expríncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, acusado de filtrar información confidencial a dicho sujeto, ilustra cómo la institución de la monarquía británica es, probablemente, la principal perjudicada dichas por revelaciones.

El jueves último, la policía británica escuetamente confirmó la detención de “un hombre de aproximadamente 60 años” (el expríncipe) acusado de “conducta impropia en funciones públicas”. Conforme con la ley, a partir de ahora la investigación policial se enmarca en un proceso penal.

“La diligencia” se llevó a cabo en una residencia privada del rey, quien antes debió haber otorgado su consentimiento para que se procediera a la detención de su hermano. Esto indica que “el rey está cooperando con la policía y la justicia”.

Consultado al respecto, el primer ministro Keir Starmer señaló que la detención de Andrés Mountbatten-Windsor confirma que “nadie está por sobre la ley”.

En sustancia, la detención del expríncipe implica que la filtración de “información reservada” pudo afectar el interés nacional británico y, por lo mismo, podrían incluso interpretarse como “espionaje y traición”. Increíble. De comprobarse los cargos, el acusado podría ser sentenciado a prisión perpetua.

Por lo pronto se le ha prohibido “salir del país”, eliminado así la hipótesis del “exilio” en un país del Medio Oriente, sin tratado de extradición con el Reino Unido.

El delito habría ocurrido entre 2001 y 2011, cuando el expríncipe ejerció -por intercesión de su madre Isabel II- como Enviado Especial para Comercio e Inversiones. Se trató de un cargo generosamente pagado por los contribuyentes, desde el cual el expríncipe facilitó a la red de negocios de Epstein información y contactos cuya importancia la investigación ahora se propone aclarar.

Lo anterior incluiría informes que identifican “oportunidades de inversión en la reconstrucción de Afganistán”, país en el que después de 2003 las bajas entre las fuerzas armadas británicas se acercaron a las siete mil (incluidos más de 450 soldados caídos en combate).

Si bien después de un largo interrogatorio, el expríncipe Andrés fue liberado (presumiblemente bajo fianza), en lo fundamental la Agencia Nacional contra el Crimen continúa coordinando investigaciones en ocho jurisdicciones distintas, generadas por denuncias por abuso de menores, y solicitación y tráfico de mujeres. Incluso, funcionarios de varios aeropuertos están siendo investigados por haber facilitado dicho tráfico (la prensa especula que por intervención del “palacio real”).

La institución de la monarquía bajo estrés

La formalización del expríncipe implica que, a partir de ahora, mientras la prensa estará a cargo del “relato”, la iniciativa de la investigación corresponderá a la fiscalía.

El margen de maniobra de rey Carlos III se ha estrechado in extremis. El hecho de que el expríncipe fuera detenido en una residencia que es de su propiedad (no de la Corona), es per se revelador. En esto el rey se limitó a señalar que ahora “la justicia debe seguir su curso”.

Si la dimensión policial y penal del problema es enorme, más lo es su dimensión institucional. Entre varias otras razones, porque algunos parlamentarios insisten en investigar si un acuerdo extrajudicial por más de 10 millones de libras suscrito en 2015 entre el expríncipe y su acusadora Virginia Giuffre (que se suicidó en 2005), contó con “aportes” de sus padres, la Reina Isabel II y su marido el Príncipe Felipe de Edimburgo y, también, de su hermano, el actual monarca. Se trata de una acusación dirigida a demostrar “la complicidad de la familia real en el escandala sexual Epstein” (que, en todo caso, hasta ahora no fue sustanciada).

Aun así, el problema de fondo se refiere a establecer desde cuándo son conocidos los excesos del expríncipe, y qué tipo de protección pudo haber recibido del “palacio real” (“la monarquía”).

Por años los medios británicos e internacionales se encargaron de retratar al expríncipe como “un niño mimado favorito de su madre la reina”, un maltratador “a tiempo completo”, un aficionado a las “mujeres de alquiler” y, ahora, socio comprobado de los delitos financieros de su amigo Jeffrey Epstein.

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Frente a esto, incluso la opinión pública monarquista parece haber comenzado a aceptar que (incluido el enriquecimiento impropio del expríncipe mientras ejercía funciones públicas) “los deslices” del expríncipe ocurrieron gracias a la protección recibida de Isabel II. La percepción de que fue la propia reina quien, por demasiados años, entorpeció el trabajo de la policía y de la justicia (denigró a las víctimas y permitió que los abusos se prolongaran en el tiempo) parece haberse extendido.

Esa percepción se refuerza en la medida que “excolaboradores de palacio” comienzan a publicar opiniones sobre la conducta personal del expríncipe, conduciendo a la conclusión inescapable de que -al final- se trata de un asunto de “sistemático abuso de privilegios y poder”. Esta es la esencia del problema.

De aquí es que surge la renovada discusión acerca de la conveniencia de contar -o no- con una familia real, esto es, con una monarquía hereditaria, que no obstante continuos tropiezos, se mostró incapaz de cambiar con los tiempos.

La costumbre de los escándalos

La prensa y una infinidad de “influencers” con canales y podcasts en YouTube se han encargado de revivir la vida disipada de la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II, quien, junto con su marido (un fotógrafo de moda) durante los años 60 y 70 fueron tema continuo para la entonces llamada “prensa amarilla”.

Durante los 80 y 90 la relación extramarital entre el actual Rey Carlos III con la actual reina Camila condujeron al divorcio del primero de la popular Lady Diana Spencer, fallecida más tarde en un accidente de tráfico mientras escapaba de la “prensa del corazón” en compañía de su novio egipcio.

La consternación popular ante el fallecimiento de “Lady D” (una “víctima de la familia real”) sorprendió a la monarquía, la cual tardíamente declaró duelo oficial, y apuradamente organizó un funeral de Estado transmitido urbi et orbi por la televisión.

Entonces se entendió que la monarquía hacía un esfuerzo para adecuarse a los nuevos tiempos, percepción que se reforzó cuando Carlos, el entonces Príncipe de Gales, pudo, por fin, contraer matrimonio con Camila Parker-Bowles (que hasta entonces llevó el apellido de su exmarido). Sin embargo, luego vino la disputa entre el Príncipe Harry y su padre el rey, a propósito de que este último resintió un supuesto trato discriminatorio en contra de su mujer, una exactriz de televisión (a quien ahora los “influencers” llaman “la duquesa de Netflix”, por su afición a ventilar su vida por los medios).

Antes, en su libro “Spare” (“postergado”), Harry desnudó algunas costumbres de su familia, contribuyendo a la percepción de que se trata de un grupo que incluye a varias “malas personas”. El libro (y las entrevistas para promocionar su venta), terminaron de apartar al autor de su hermano William, primer heredero al trono.

Con todo, si en el pasado la vida personal de algunos miembros de la familia real británica causó problemas para “la imagen de la monarquía”, en gravedad ninguno de ellos se compara con el escándalo gatillado por Andrés Mountbatten Windsor.

Peligros y oportunidades

La crisis de la familia real coincide con la crisis política del gobierno laborista de Keir Starmer, a quien incluso sus cercanos enrostran su mal criterio para nombrar embajador en Washington al veterano político Peter Mandelson (a quien correligionarios y adversarios apodan “el príncipe de las sombras”).

Eso, atendido el prontuario (esa es la expresión correcta) de Mandelson, quien terminó sindicado como una de las personas más cercanas a Epstein. Mandelson también enfrenta acusaciones por filtrar información reservada, y es solo cuestión de tiempo para que sea detenido por la policía.

Con todo, si no es descartable que -en los próximos días o semanas- el Primer Ministro Starmer renuncie (si el apoyo de su Partido sigue debilitándose), en lo principal se tratará de “otra grave crisis política” que se salvará con un nuevo gobierno, y con el procesamiento de las personas que eventualmente resulten responsables ante la justicia.

Distinto es el caso de la monarquía, cuyo apoyo popular pasa por mínimos históricos.

Andrés Mountbatten-Windsor es el primer “royal” detenido por la justicia desde que Carlos I fuera retenido en el marco de la Guerra Civil inglesa y, en 1649, condenado a muerte y decapitado en el palacio de White Hall (hoy Ministerio de Defensa). De ese conflicto interno evolucionó la monarquía parlamentaria moderna que cimentó el desarrollo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Hoy “la corona” es la institución que vincula a ingleses, escoceses, galeses, irlandeses del norte y comunidades de ultramar (i.e. las Islas Falkland).

Mientras tanto, el rey y la reina Camila siguen cumpliendo labores de Estado, al tiempo que el príncipe William, su esposa Kate y otros miembros de la familia real continúan desarrollando labores oficiales, algunas muy importantes para sectores menos favorecidos de la sociedad, y para organizaciones de la sociedad civil con aportes cuantificables en el ámbito de las ciencias y la investigación científica, la cultura y el medio ambiente. Todo eso ha quedado en la oscuridad atendida no solo la gravedad de las acusaciones sobre el expríncipe Andrés, sino la evidencia del abuso continuado de sus privilegios y -sobre todo- la “protección real” (ergo, inmunidad) de la que por muchos años parece haber disfrutado.

Algunos analistas estiman que esta grave crisis puede ser la ocasión que la monarquía británica necesitaba para “terminar de reinventarse”. Llaman la atención sobre la familia real española, cuyos reyes ascendieron al trono para poner fin a la crisis gatillada por el rey Juan Carlos I y su “amiga”, la “relacionadora pública” Corinna Larsen. Hoy los reyes españoles son percibidos como “un matrimonio normal”, que trabaja para aportar a la estabilidad del sistema institucional del país.

Para que lo mismo ocurra en Londres es, sin embargo, necesario el sacrificio del rey Carlos III. Este, “por razones de enfermedad”, podría abdicar en favor de su hijo William. Como se sabe, desde hace tiempo el rey recibe tratamiento contra el cáncer.

William (quien en apariciones públicas recientes no logró ocultar su incomodidad y disgusto hacia su tío Andrés), pareciera estar preparado para asumir la responsabilidad la corona. Geógrafo graduado (al igual que su mujer) ha llevado una vida lejos de los medios, concentrándose en labores oficiales y en su familia.

También se observa su absoluta lealtad con su padre, además de una conducta personal hasta aquí irreprochable. Su esposa, Kate Middleton, es una excompañera de universidad proveniente de una familia de clase media de Londres, con quien ya tiene tres hijos. La imagen de ambos es la de una pareja que empatiza, especialmente porque Kate proyecta la impresión de que sus funciones como parte de la familia real exigen austeridad, compromiso y lealtad al país. Este último es “el ingrediente mágico”.

Todo indica que en esta pareja de padres de mediana edad (ambos nacidos en 1982) reposa el futuro de la monarquía parlamentaria británica. Veremos.