El presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, Roberto Burgos, manifestó su preocupación por la falta de retribución económica, producto de los posibles daños agrícolas que traigan consigo las plantas fotovoltaicas.
El proyecto si bien ha servido al desarrollo sostenible y al mejoramiento de nuevas energías, también ha comprometido tierras agrícolas de la región, por lo que el CORE propone una ley de rentas que venga acompañado de beneficios económicos para la zona.
En general éstas iniciativas, según el consejero, son proyectos con inversionistas de la Región Metropolitana, por lo que se tributan en la capital.
Agregó que si bien estas plantas fotovoltaicas comprometen tierras agrícolas de baja aptitud productiva, producen un conflicto para una región que se ha definido como agroalimentaria.
Según los datos del Coordinador Eléctrico Nacional, actualmente existen 202 centrales generadoras con esta tecnología, superando en número a las plantas termoeléctricas (185), hidráulicas (163), y eólicas (36).
