VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán y Servicio de Salud Ñuble presentaron querella criminal por lesiones y amenazas contra una TENS agredida por familiar de paciente el 10 de febrero. Piden ampliar medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y su arresto domiciliario. Directora del hospital rechaza violencia hacia personal sanitario y pide respeto. Servicio de Salud respalda acciones legales y anuncia sanciones más severas desde 2019. Compromiso institucional en prevenir violencia y brindar apoyo a trabajadores afectados.

El Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán y el Servicio de Salud Ñuble interpusieron una querella criminal ante el Juzgado de Garantía por los delitos de lesiones y amenazas cometidos en contra de una Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), mientras se encontraba desempeñando sus labores el pasado 10 de febrero.

La acción penal se dirige en contra de una persona, familiar de una usuaria hospitalizada, por agredir física y verbalmente a la funcionaria. Junto con la querella, las instituciones solicitaron al Tribunal la ampliación de la medida cautelar vigente (prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de trabajo) decretada en el control de detención, requiriendo que se decrete arresto domiciliario en contra de la imputada, tras la vulneración de dicha medida.

La directora (s) del Hospital Clínico Herminda Martín, dra. Ximena Espinoza, señaló que como comunidad hospitalaria “rechazamos de manera categórica cualquier hecho de violencia que afecte a nuestras funcionarias y funcionarios. Quienes integran los equipos de salud cumplen una labor esencial para la comunidad y deben desempeñarse en un entorno seguro y respetuoso”.

En la misma línea, la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, sostuvo que la institución respalda plenamente la decisión adoptada y reiteró que la violencia contra el personal sanitario constituye un delito.

“Desde 2019, la legislación vigente establece sanciones más severas para quienes agreden a funcionarias y funcionarios de salud en el ejercicio de sus funciones. Como Servicio, no toleraremos este tipo de conductas y continuaremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar a nuestros equipos”, indicó.

Las autoridades reiteraron que, junto con las acciones legales que este caso amerita, el compromiso institucional es continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, los canales de denuncia y los mecanismos de apoyo médico, psicológico y administrativo para las y los trabajadores que enfrenten situaciones de violencia.

Ambas instituciones hicieron un llamado a la comunidad a mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración, recordando que la protección del personal de salud es una condición indispensable para garantizar una atención oportuna y de calidad a la población.