INDH se querella por delito de tortura ante graves vejaciones a exfuncionario del Hospital de Osorno

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el delito de tortura ante el Juzgado de Garantía de Osorno, en la región de Los Lagos, a raíz de las vejaciones sufridas por un exfuncionario en el hospital de la ciudad, ocurridas entre los años 2018 y 2020.

La situación fue develada por Denuncias BBCL. De acuerdo al escrito de la acción legal, se realizaron las indagaciones necesarias al tomar conocimiento del violento caso.

En el documento, se recalcó el hecho de que cuatro personas, en su condición de funcionarios del recinto asistencial, infligieron sufrimiento a otro en un recinto público, con evidencia videográfica registrada por los mismos agresores.

INDH se querella por delito de tortura ante grave caso del Hospital de Osorno

La abogada regional del INDH en Los Lagos, Milena Sánchez, quien se hizo hoy presente en la audiencia de formalización de los involucrados, indicó que tendrán un rol de intervinientes en el proceso.

El organismo solicitó también la aplicación de pericias del Protocolo de Estambul, instrumento internacional utilizado para la documentación efectiva de casos de tortura y tratos inhumanos o degradantes, a cargo del Servicio Médico Legal.

De igual manera, se pidió empadronar posibles testigos al interior del Servicio de Salud de Osorno, y requerir información sobre eventuales investigaciones internas vinculadas a los hechos.

Si bien la querella presentada es por el delito de tortura, la litigante afirmó a Radio Bío Bío que no se descarta un crimen de lesa humanidad.

“Más adelante se puede evaluar alguna otra calificación, pero la acción penal de esta institución es por un delito que está contemplado en el código penal (…) el delito base de la tortura contempla una pena de entre 5 años y un día a 10 años“, explicó Sánchez.

El INDH se encuentra en contacto con la familia de la víctima, y mantiene disposición a coordinar derivaciones especializadas si así se requiere, enfatizando que la responsabilidad del Estado es garantizar espacios de trabajo seguros.