El ex administrador municipal de Tierra Amarilla, Jaime Bahamondes Cabrera, enfrentara el próximo 18 de noviembre, su audiencia de formalización por la causa de cohecho que pesa sobre él, además del diputado Jaime Mulet y dos abogados ligados a la Democracia Cristiana. A todos ellos se les apunta por un caso de corrupción que investiga la Fiscalía de Atacama, y que involucra a Minera Candelaria en el pago de 7 millones de dólares, a cambio de que esta última se desistiera de una demanda por daño ambiental en 2015.
Por el delito de cohecho será formalizado el ex administrador municipal de Tierra Amarilla, Jaime Bahamondes Cabrera. En la causa también figuran como imputados el diputado Jaime Mulet (FRVS) y los abogados ligados a la Democracia Cristian, Ramón Briones y Hernán Bosselin.
Los hechos materia de la investigación apuntan a cómo los involucrados habrían logrado que la minera Candelaria, de capitales canadienses, pagara a la Municipalidad de Tierra Amarilla la suma de 7 millones de dólares a cambio que el entonces alcalde, Osvaldo Delgado, desistiera de un juicio ambiental.
Lea la solicitud
Respecto de los desembolsos, la Contraloría y el Ministerio Público han sostenido que los abogados Bosselin y Briones cobraron como honorarios 4 millones de la moneda estadounidense en 2017.
Es decir, más del 50% del dinero por un juicio que nunca se realizó.
Al evitar que la autoridad comunal iniciara esas acciones legales, la empresa allanó el camino para obtener un permiso ambiental y así continuar operando en la zona la extracción de cobre hasta 2030.
Y peor aún: sepultó cualquier posibilidad de garantizar la eventual reparación del daño ambiental ocasionado en la comuna. De ahí que se les apuntara a todos ellos, por el delito de cohecho.
La declaración
El nombre de Bahamondes Cabrera apareció por primera vez en la declaración que prestó el alcalde de la época de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado. Testimonio que abrió el escándalo.
Tal como reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, fue el propio jefe comunal el que dio luces de la eventual participación del hoy imputado en los hechos acaecidos entre diciembre de 2013 a septiembre de 2015.
“Fue en ese momento que Briones, un hombre alto, moreno, me dijo que para qué peleábamos, que todos podíamos ganar dinero. También estaba Jaime Mulet, quien en un momento me llevó a un rincón y me ofreció a mí y a Jorge Brito (…) 400 millones de pesos para que retirara la acción judicial para retener el pago”, relató Delgado ante la fiscalía.
El hoy fallecido ex alcalde testimonió que el ofrecimiento lo sorprendió: “Yo le dije de inmediato que no podía, porque era una decisión del Concejo (municipal) y no podía dejarla sin efecto yo solamente. Después, en la misma reunión, Bosselin, un viejito parecido a Stephen Hawking, me ofreció 600 millones (…) Yo quedé impactado con todo lo que pasaba (…)”.
Según indicó, hubo una confabulación de intereses: “Todo este acuerdo lo manejaron Mulet, Jaime Bahamondes (administrador municipal, contratado también por recomendación de Mulet), con Briones y Bosselin. Ahora estoy convencido que todos ellos (…) se coludieron para obtener dinero de la minera a cualquier costo (…) Es injusto que los abogados de la municipalidad obtengan más que su cliente (…) eso demuestra que ellos protegieron sus intereses antes que los de la Municipalidad de Tierra Amarilla y me utilizaron para lograrlo. Yo no recibí un solo peso por ese acuerdo”.
A partir de entonces, y luego de los libelos ingresados por el CDE, se sitúa a Bahamondes como un miembro activo en las tratativas que terminaron con el acuerdo.
Audiencia fijada
Así las cosas, tras la petición de los fiscales Christian González Carriel, Luis Miranda Flores y Pedro Orellana Mancilla, el Juzgado de Garantía de Copiapó fijó la audiencia de formalización para el próximo viernes 18 de noviembre.
Requeridos por este medio, desde la Fiscalía Regional de Atacama se limitaron a especificar que la solicitud se da “luego del análisis de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa”.
De acuerdo a la versión del ente persecutor, “será en dicha instancia judicial en que se harán públicos los antecedentes que sustentaron dicha solicitud”.
