El diputado Jaime Mulet (FRVS), quien está siendo investigado como inductor de cohecho pasivo, presentó una querella criminal contra el fiscal regional de Atacama y quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación más otros ilícitos.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, interpuso una querella criminal en contra del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, y todos los que resulten responsables por los delitos de prevaricación, también por el ilícito contra las garantías constitucionales relativas a la libertad personal y seguridad individual, y por el abuso contra particulares.
En concreto, el parlamentario dice que Rogat, representando al Ministerio Público, faltó a los deberes de imparcialidad y objetividad, ya que señaló que “no se manda solo”.
También dijo que esto es por haber pedido su orden de detención, por no asistir a la formalización por cohecho pasivo.
Lo cierto es que Mulet no asistió en primera instancia a su formalización, después se despachó la orden de detención, sin embargo, Mulet ingresó finalmente a la audiencia y 10 minutos después intervino y se dejó sin efecto la acción en su contra.
En esta línea, Mulet dijo que “los fiscales, por mucha autoridad que tengan, deben actuar respetando la Constitución en la ley. No pueden actuar fuera. El caso que se sigue en mi contra ha sido y se ha vulnerado varias veces -a mi juicio- al menos la ley. Estoy haciendo las reclamaciones respectivas al fiscal nacional, con una serie de antecedentes que mandé”.
“Ahora esto que fue en medio de una audiencia grabada, donde se pide una orden de detención en mi contra, violando mi fuero parlamentario. Y habiendo ya solicitado -el propio fiscal Rogat- mi desafuero. Pide una orden, yo creo que con el afán de humillarme, de degradarme, y yo la verdad no entendí esa situación”, añadió el legislador.
A esto agregó que “lo que se generó con esa orden de detención (…) en mi familia, particularmente en mis hijos, fue dramático, doloroso, difícil”.
“Mi objetivo no era escaparme, estaba pedido el desafuero, ya no tenía sentido, esa orden fue absolutamente ilegal e inconstitucional“, recalcó Mulet.
