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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El exministro Álvaro Elizalde respaldó la acusación constitucional contra el titular de Justicia, Fernando Rabat, y afirmó que tendría fundamentos por cuatro presuntas infracciones: otorgar beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad, suspender resoluciones sin actuar con la debida rapidez y entregar información parcial al Congreso. Aunque reconoció que no conoce el contenido específico del libelo, sostuvo que Rabat habría presentado jurisprudencia favorable a su postura y omitido otros fallos.

El exministro de Interior y Seguridad Pública, Segpres y Segegob, Álvaro Elizalde, respaldó la acusación constitucional contra el titular de Justicia, Fernando Rabat, y sostuvo que habría cometido al menos cuatro infracciones legales y constitucionales, en medio de la controversia por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con Mesa Central, el exsecretario de Estado cuestionó la actuación de Rabat y aseguró que el libelo acusatorio tiene fundamentos, pese a reconocer que todavía no conoce su contenido específico.

“Es una acusación constitucional que a mi entender tiene fundamentos, a mi entender el ministro Rabat cometió infracciones legales y constitucionales, no tengo dudas al respecto”, afirmó.

Las cuatro infracciones que Elizalde atribuye a Rabat

Al explicar sus cuestionamientos, Elizalde identificó cuatro actuaciones que, a su juicio, constituirían infracciones legales y constitucionales.

La primera corresponde al presunto incumplimiento de una ley de 2022 que, según explicó, excluye de determinados beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En segundo lugar, cuestionó el otorgamiento de beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos, argumentando que no se habrían cumplido las exigencias establecidas en los tratados internacionales suscritos por Chile.

El tercer punto apunta a la decisión del ministro de suspender las resoluciones vinculadas a estos beneficios. Según Elizalde, esa determinación habría vulnerado la obligación legal de actuar de manera expedita y el principio de inexcusabilidad.

“Cuando toma la decisión de suspender las decisiones, pasa a llevar la obligación legal de actuar de manera expedita y el principio de inexcusabilidad”, sostuvo.

El cuarto cuestionamiento se relaciona con los antecedentes que Rabat entregó ante el Congreso Nacional, donde, según el exministro, habría presentado información parcial sobre las resoluciones y los criterios jurídicos utilizados.

“Cuando él va al Congreso Nacional y le piden que dé cuenta de lo que hizo, el ministro entregó información parcial. Y miente”, acusó.

Respecto al último punto, cuestionó que Rabat recurriera a fallos judiciales que respaldaban su interpretación, sin exponer otras resoluciones que, según su planteamiento, también debían ser consideradas.

“Cita jurisprudencia parcial, hace mención de casos que solo favorecen su tesis. Entrega información parcial y no muestra todos los fallos. Acto seguido dice que estaba obligado porque había una jurisprudencia uniforme unívoca”, cerró.