En la lucha contra la criminalidad, Perú y Chile enfrentan retos similares. Por ello, los gobiernos de Keiko Fujimori y José Antonio Kast han coincidido en que una de las propuestas para hacer frente a este flagelo es el uso de las Fuerzas Armadas. En el caso peruano, esta medida ya es una realidad. El pasado 8 de noviembre, el Ejecutivo publicó el decreto que oficializa la participación de personal de las FF.AA. en la vigilancia de las cárceles.
Los militares apoyarán en la vigilancia perimétrica de los penales, junto con el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida ha sido destacada por el Gobierno como un avance para frenar la delincuencia, pues en Perú algunas bandas criminales son dirigidas desde los centros penitenciarios.
“Sumamos a las Fuerzas Armadas a la tarea de recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior”, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, según reporta la agencia estatal Andina.
Esta receta no es desconocida para Chile, pues el gobierno de José Antonio Kast también planteó hace unos meses, como parte de su reforma de seguridad, la intervención focalizada de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Fernando Barros, argumentó que el personal militar puede apoyar en la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional.
“No estoy hablando de los portonazos. No estoy hablando del asalto al banco ni del desorden en las calles. Un crimen organizado con poder de fuego. Y eso requiere un tratamiento especial”, dijo sobre la participación de las Fuerzas Armadas, según una nota publicada por BioBioChile en septiembre.
Así como los gobiernos han presentado propuestas para recurrir a los militares en el control del orden interno, diversos expertos también han expresado sus objeciones. El exministro peruano Carlos Basombrío dijo en una nota de BioBioChile que no es idóneo recurrir a las Fuerzas Armadas, pues la lucha contra las bandas criminales requiere de investigaciones que deben realizar los agentes policiales.
Con esta nueva medida, que dispone la participación de militares peruanos en la vigilancia de los penales, se reabrió esta semana el debate sobre la idoneidad de su intervención. En ese contexto, surgen preguntas como: ¿cambiarán en algo los resultados de la lucha contra la inseguridad en Perú? ¿Se están utilizando inadecuadamente los recursos de las FF.AA.? ¿Podría generar incomodidad entre los militares?
Militares cuidan recintos penitenciarios
En BioBioChile conversamos con José Robles Montoya, oficial del Ejército en situación de retiro, exviceministro de Políticas para la Defensa y actualmente analista en políticas de seguridad y defensa nacional. En su opinión, el anuncio del gobierno de Keiko Fujimori es acertado.
De acuerdo con su análisis, existe un respaldo constitucional para recurrir a los militares en apoyo al orden interno en Perú y, debido a la situación crítica, cualquier otro gobierno habría tomado la misma decisión.
“La gran mayoría (de candidatos presidenciales) tenía en sus planes de gobierno la participación en mayor o menor medida de la Fuerza Armada para apoyar en la lucha contra la criminalidad organizada”, señaló.
Robles Montoya advierte que la participación de los militares en las cárceles no resolverá por sí sola el problema de inseguridad, aunque sí sería un aporte en la medida en que “le estás quitando las herramientas al poder criminal”. Además, dijo que el Gobierno debe realizar otras acciones en paralelo, como la construcción de más penales para reducir el hacinamiento y lograr mejores resultados.
A pesar de respaldar que el Gobierno se apoye en los militares para frenar la ola criminal, dijo que una limitación de esta nueva misión de las FF.AA. podría estar relacionada con el tema económico.
“Si yo te digo: ‘Vas a hacer tal cosa, pero hazlo con tu mismo presupuesto’, entonces ahí sí se genera un problema porque la fuerza va a tener que estar destinando presupuesto que tiene para su función principal para realizar este tipo de funciones”.
Al ser consultado sobre si el uso de recursos humanos de las FF.AA. para controlar el orden interno podría descuidar su función principal de defensa nacional, el experto descartó dicha posibilidad. Puso como ejemplo que en 1995 Perú enfrentó una guerra con Ecuador mientras internamente luchaba contra el terrorismo.
“La Fuerza Armada respondió de la misma manera, de forma eficiente. Varios de los batallones que participaban en el conflicto interno, rápidamente fueron destinados a la zona de conflicto externo. Esto es un ejemplo histórico de que la Fuerza Armada, cuando está entrenada y capacitada y organizada, puede responder a las misiones constitucionales”, indicó.
¿Incomodidad militar interna?
El investigador reconoce que la clase política muchas veces toma decisiones que involucran al personal militar, pero al final son estos últimos quienes terminan enfrentando las consecuencias. En ese sentido, demandó una mayor planificación, no solo de los militares, sino también de los políticos.
“No es posible que nos llaman como Fuerza Armada, sucede algo y después los únicos paganos son la Fuerza Armada. Y los políticos que debieron planificar, pero que tomaron decisiones, se lavan las manos. Ahí hay un problema”, señaló.
Más allá de que el cuidado del orden interno no es una función principal de los militares, lo que podría generar incomodidad entre ellos es la falta de respaldo legal ante posibles incidentes durante una misión. Sin embargo, según Robles Montoya, cumplirán igualmente con sus tareas porque reconocen que están “subordinados al orden constitucional”.
“¿Nos puede generar alguna molestia? Probablemente sí, pero es una molestia que se hace a la interna, se planifica y de todas maneras se sale y se cumple”, dijo.
No todo lo solucionan las FFAA
En Perú no es la primera vez que se recurre a los militares para controlar el orden interno. Los antecesores de Keiko Fujimori también desplegaron soldados para vigilar las calles. En ese sentido, Robles Montoya cuestiona que la dirigencia política recurra constantemente a las FF.AA. para solucionar la crisis de inseguridad.
“La clase política y la población, por costumbre, diríamos —no sé si la palabra conveniente sería tradición—, pero en todo caso, por eso también creen que la Fuerza Armada es la solución para todos los problemas del país. Y no es así. La FFAA es un instrumento más que tiene el Estado para dar seguridad a su población”, aclaró.
“La Fuerza Armada no son, con el perdón de los señores bomberos, no son los bomberos para solucionar todos los problemas que existen en el país”, añadió.
El exviceministro sostuvo que la gestión de la seguridad está bajo responsabilidad de la clase política, por lo que demandó tomar buenas decisiones y buscar soluciones políticas. “No puede existir la lógica de que los problemas políticos tengan soluciones militares”, dijo.
Llamado a los países vecinos
Finalmente, aprovechó para comentar que, pese a que otros países de la región también utilizan a los militares para luchar contra el crimen, esta problemática es responsabilidad del Estado en su conjunto y demanda una respuesta articulada. Según dijo, combatir la inseguridad no es tarea exclusiva de las FF.AA. en ningún país del mundo.
“Mi llamado es que las clases políticas, gobernantes de los distintos países tomen más en serio esta situación, planifiquen adecuadamente. Vean que la seguridad no es exclusividad de la fuerza armada, sino es una multidimensionalidad de respuestas, es una articulación. Mientras más articulado esté el Estado, es mejor”.
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