“Como abogada y como Embajadora de Jesucristo, mi compromiso es defender la dignidad de las personas”. Con esa declaración de principios comienza la propuesta de trabajo con la que Bárbara Carrasco Muñoz convenció a cientos de familias del campamento Nuevo Amanecer, en Cerrillos, de confiarle su defensa para intentar frenar el desalojo por la vía judicial. La profesional fijó en $12 millones el precio de sus servicios jurídicos y de acompañamiento social. Una cifra que podría elevarse a $15 millones si la disputa llega hasta la Corte Suprema.
La oferta estaba dirigida a habitantes de uno de los asentamientos más grandes de la región Metropolitana, eregido junto a la Ruta 78 y con una importante presencia de inmigrantes. Fue allí —donde en medio de la precariedad han proliferado desde prostíbulos hasta templos evangélicos— que Carrasco encontró terreno fértil. Así terminó asumiendo la representación judicial de siete dirigentes de distintos sectores de la toma que, según un catastro aportado por la propia abogada, reúnen al menos 1.112 personas, entre ellas, 404 menores de edad.
El documento, al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío, no sólo detalla los honorarios que la profesional pactó y por los que ya recibió un primer pago de $6 millones. También contiene una serie de compromisos que iban desde presentar acciones judiciales y reunirse con autoridades hasta gestionar una relocalización que —según aseguraba Carrasco— ya había sido decidida oficialmente por el Estado. Sin embargo, los propios antecedentes que posteriormente incorporó a la causa terminaron poniendo en duda esa afirmación: el Ministerio de Vivienda informó que todavía no existía un plan de intervención aprobado ni una solución habitacional definida para las familias.
La batalla judicial tampoco consiguió impedir el desalojo. Pese a los sucesivos intentos de Carrasco por suspender el procedimiento, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sus solicitudes de órdenes de no innovar y el pasado 9 de noviembre las autoridades despejaron los primeros sectores del campamento. El litigio, eso sí, continúa abierto.
Los millones de la defensa
El acuerdo no quedó únicamente en el papel. La propia abogada, titulada en 2017 desde la Universidad de Talca, confirmó a Bío Bío Investiga que los dirigentes de los siete sectores que representa aceptaron formalmente su propuesta y firmaron un contrato de prestación de servicios. También reconoció que recibió la primera cuota de $6 millones, equivalente a la mitad de los honorarios pactados.
El dinero salió de los bolsillos de las propias familias. Según explicó la profesional, cada dirigente se encargó de reunir los aportes de su respectivo sector, hasta completar la suma que posteriormente fue depositada en su cuenta bancaria. Carrasco aseguró que conoce cuánto dinero entregó cada sector, aunque no dispone del detalle de los aportes individuales de los residentes.
La propuesta establecía que los $6 millones restantes debían pagarse antes de los alegatos ante la Corte de Apelaciones. No obstante, tras el desalojo y los sucesivos rechazos judiciales, las condiciones fueron modificadas. La abogada informó que, en una reunión reciente, acordó con los dirigentes diferir el saldo hasta que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema dicte una sentencia favorable que ordene coordinar una solución habitacional para las familias. El compromiso, precisó, será formalizado mediante un nuevo contrato.
Pero los honorarios no eran el único desembolso considerado. La propuesta original establecía un cobro adicional de $3 millones si el caso llegaba a la Corte Suprema, además de $120 mil por cada reunión presencial en Santiago. Carrasco, quien reside en Talca, explicó que esta última condición fue modificada en el contrato: los $120 mil corresponden ahora al primer día de cada traslado, independientemente del número de reuniones, mientras que cada jornada consecutiva implica un pago adicional de $100 mil para cubrir alojamiento y alimentación.
Del total de los $12 millones, un 70% —equivalente a $8,4 millones— sería destinado a los servicios jurídicos, mientras que el 30% restante —$3,6 millones— corresponden al acompañamiento social. Esa labor quedó a cargo de Carmen Gloria Rojas, trabajadora social que, según la abogada, lleva seis años vinculada a los campamentos de Cerrillos y que fue precisamente quien la invitó a asumir la defensa.
A cambio del dinero, Carrasco ofreció cinco líneas de trabajo. Entre ellas, presentar un recurso de protección para enfrentar los cortes de electricidad y la falta de acceso al agua potable, además de exigir condiciones dignas ante un eventual desalojo. También comprometió solicitudes de información a organismos públicos, reuniones directas con el alcalde Johnny Yáñez, un estudio del Plan Regulador de Cerrillos y la elaboración de un catastro de los residentes más vulnerables.
Parte de esos compromisos efectivamente se materializó. La profesional presentó acciones judiciales, reunió antecedentes, elaboró un catastro comunitario, solicitó información a organismos públicos y participó en reuniones con funcionarios municipales, del Serviu y de Carabineros. Sin embargo, en el expediente revisado por este medio no consta una reunión directa con el alcalde ni la presentación de un estudio propio del Plan Regulador, gestiones que también formaban parte de la oferta.
Entre los compromisos figuraba, además, uno que terminaría convirtiéndose en un punto de controversia: exigir el cumplimiento de una relocalización que, según aseguraba la abogada a los dirigentes, el Estado ya había decidido oficialmente.
Una relocalización sin plan aprobado
En su propuesta de trabajo, Carrasco fue categórica respecto del futuro del asentamiento. Explicó a las familias que no existía una posibilidad realista de permanecer indefinidamente en los terrenos y que la solución oficial consistía en construir viviendas en otro lugar para trasladarlas.
La profesional insistió en esa idea al presentar —el 28 de septiembre— un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la Municipalidad de Cerrillos y la Delegación Presidencial Metropolitana. En el escrito solicitó que, si las autoridades no acreditaban una orden judicial de desalojo, se les prohibiera ejecutar el procedimiento y se dispusiera la coordinación de la estrategia de relocalización supuestamente asignada por el Ministerio de Vivienda.
En subsidio, pidió conceder un plazo de doce meses para que los residentes abandonaran voluntariamente el lugar, durante el cual las autoridades debían gestionar una solución habitacional. También solicitó que —antes de cualquier lanzamiento— se dispusiera de un recinto transitorio adecuado para quienes no tuvieran adónde trasladarse.
Sin embargo, semanas después, los antecedentes obtenidos por la propia Carrasco revelaron una situación distinta. El 23 de octubre, la Seremi Metropolitana de Vivienda informó que la estrategia vigente para el campamento era de diagnóstico y no de relocalización. El organismo agregó que todavía no existía un plan de intervención aprobado ni los estudios necesarios para definir una solución habitacional.
El 29 de octubre, el Serviu Metropolitano fue todavía más explícito: confirmó que el asentamiento seguía en etapa de diagnóstico y que no disponía de una solución habitacional transitoria ni definitiva. Ambas respuestas fueron incorporadas al expediente por la abogada, quien comenzó a utilizarlas como fundamento para cuestionar que las autoridades avanzaran con el desalojo sin un plan para las familias.
La defensa también se enfrentó con la Municipalidad por la existencia de una orden administrativa anterior. Durante la tramitación, las autoridades acompañaron la Resolución N° 2479 de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, dictada en julio de 2025, que ordenaba despejar parte de los terrenos colindantes con la Ruta 78.
Carrasco sostuvo que desconocía ese documento cuando presentó el recurso y posteriormente cuestionó que no se hubiese acreditado su notificación a los residentes. Su argumento es que la resolución concedía treinta días hábiles para abandonar los terrenos, contados desde esa diligencia, y que dicho plazo no se habría respetado. El municipio, por su parte, rechazó sus alegaciones y defendió la legalidad del procedimiento.
La controversia no logró detener el operativo. El lunes 9 de noviembre, más de 800 carabineros participaron en el desalojo de una parte de Nuevo Amanecer, en una intervención que afectó a cientos de residentes y estuvo marcada por barricadas, resistencia de algunos ocupantes y posteriores incendios en el asentamiento.
Las solicitudes de Carrasco para suspender el procedimiento fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones, al igual que sus reposiciones. El tribunal tampoco acogió una nueva petición cautelar presentada por otro abogado que intervino en favor de los habitantes.
Pese a ello, la causa continúa pendiente. Tras el desalojo de Arcoíris y Los Dominicos, Carrasco presentó un nuevo escrito solicitando que el recurso fuera incorporado con urgencia a tabla. Su planteamiento es que las familias de esos dos sectores ya fueron desplazadas y siguen sin una solución habitacional, mientras que los residentes de los otros cinco permanecen bajo la amenaza de futuras intervenciones.
De basural a la toma más grande de Santiago
Todo comenzó en junio de 2020, en plena pandemia. Lo que inicialmente fue un rumor entre vecinos sobre la posibilidad de ocupar un terreno en desuso terminó convirtiéndose en la toma más grande de Santiago. En el antiguo vertedero Lo Errázuriz, en Cerrillos, decenas de familias comenzaron a delimitar terrenos para levantar sus viviendas. La crisis económica, el alto precio de los arriendos y los retiros del 10% de las AFP contribuyeron al crecimiento acelerado del asentamiento.
En apenas dos años, Nuevo Amanecer se transformó en una verdadera ciudad dentro de otra. Un reportaje de la Unidad de Investigación publicado en 2022 daba cuenta de unas 2.500 familias distribuidas en 40 hectáreas, con una población estimada de 10 mil personas, mayoritariamente de origen haitiano. Sus habitantes levantaron calles, almacenes, restaurantes, peluquerías e incluso templos evangélicos. Todo mientras proliferaban las conexiones eléctricas irregulares y las viviendas construidas sin acceso formal a servicios sanitarios.
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Pero el crecimiento también trajo problemas para los vecinos de Cerrillos. A las denuncias por ocupación ilegal de terrenos y comercialización de sitios se sumaron episodios de violencia, narcotráfico, prostitución, fiestas clandestinas y ruidos molestos. En marzo de 2024, la Municipalidad, la Delegación Presidencial y Carabineros demolieron dos inmuebles que funcionaban como locales nocturnos ilegales, donde las autoridades denunciaron consumo de drogas y actividades vinculadas a la prostitución. La intervención formaba parte de una serie de operativos destinados a recuperar el control del sector.
La inseguridad continuó generando controversias. En septiembre de 2025 se conoció la instalación de una caseta de vigilancia financiada por los propios ocupantes, quienes habrían aportado $10 mil por familia y organizado turnos de conserjes de doce horas. Según los dirigentes, buscaban evitar la formación de microbasurales. Sin embargo, la iniciativa despertó cuestionamientos y el alcalde Johnny Yáñez insistió en la necesidad de erradicar el asentamiento, advirtiendo que se trataba de un problema que requería la intervención del Estado.
A las preocupaciones por la delincuencia se añadieron los riesgos del propio terreno, levantado sobre un antiguo basural y junto a la Ruta 78. Las autoridades advirtieron sobre la inestabilidad del suelo y el peligro de las construcciones próximas a la autopista.
La respuesta de la “Embajadora de Jesucristo”
Como sea, esta Unidad de Investigación consultó directamente a Bárbara Carrasco Muñoz sobre los servicios ofrecidos a las familias, los honorarios cobrados y las contradicciones entre su propuesta inicial y los antecedentes que terminaron incorporándose al expediente judicial.
La abogada respondió por escrito y confirmó tanto el contrato por $12 millones como la recepción de los primeros $6 millones. También defendió las actuaciones realizadas durante el proceso, insistiendo en que la contratación no garantizaba un resultado favorable ante los tribunales.
“Ni la propuesta ni el contrato prometen un resultado”, sostuvo. Según explicó, lo que las familias contrataron fueron servicios de representación jurídica y gestión, entre ellos la presentación del recurso de protección, solicitudes de información pública y actuaciones destinadas a impedir que el desalojo se ejecutara sin una alternativa habitacional.
Sobre la relocalización que había presentado como una decisión estatal, aseguró que inicialmente se basó en el visor oficial del Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda, donde Nuevo Amanecer figuraba con esa estrategia asignada.
“Lo que sostuvimos es que existía una estrategia asignada según el registro oficial, no que ya hubiera una solución habitacional definida”, afirmó.
Carrasco aseguró que posteriormente informó a las familias de las respuestas de la Seremi y del Serviu, que aclararon que el campamento todavía se encontraba en diagnóstico y que los recursos públicos asignados no estaban destinados a ejecutar una relocalización, sino a estudiar las alternativas habitacionales disponibles.
Pero más allá de las controversias judiciales, uno de los elementos centrales de su propuesta era la forma en que se presentaba ante las familias. Por eso, este medio le preguntó por qué se identificaba como “Embajadora de Jesucristo” y si desempeñaba alguna función pastoral dentro de una iglesia.
“No tengo ninguna función dentro de mi congregación. Jesucristo no es una religión. Soy sierva, discípula y embajadora de su reino”, respondió.
Y agregó: “Pero en la necesidad del hombre de encasillar a la fe en una religión, le respondo que soy cristiana evangélica”.
La profesional relató que hace más de tres años y medio tuvo un encuentro con el Espíritu Santo que transformó su vida. Antes de aquello, aseguró, era atea. Fue esa experiencia, explicó, la que posteriormente la llevó a poner su profesión al servicio de sus creencias.
“Así como Jesucristo vino a servir y no a ser servido, procuro imitarlo en mi profesión”, señaló al explicar el significado que atribuye a su condición de embajadora.
Carrasco vinculó esa convicción directamente con su trabajo en Nuevo Amanecer. Según relató, Carmen Gloria Rojas la invitó a sumarse a la defensa después de que habitantes del campamento acudieran a la trabajadora social en busca de ayuda. Ambas, sostuvo, comparten la fe en Jesucristo, una creencia que las motiva a servir a quienes más lo necesitan.
“De lunes a lunes”
La abogada también citó pasajes bíblicos que llaman a hacer justicia y amar a los extranjeros, destacando que la mayoría de las familias del asentamiento son inmigrantes.
Sin embargo, esa declaración de servicio contrasta con los honorarios que aceptaron pagar los propios residentes: $12 millones por la defensa, de los cuales Carrasco ya recibió la mitad, además de los cobros adicionales contemplados por los traslados desde Talca y una eventual actuación ante la Corte Suprema.
Por ello, este medio le formuló una pregunta adicional: ¿cómo concilia su vocación de servicio inspirada en Jesucristo con el cobro de $12 millones a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad? ¿Evaluó asumir la defensa gratuitamente o reducir sus honorarios?
Su respuesta fue categórica.
“Nunca se planteó asumir esta defensa gratuitamente. Me encantaría poder hacerlo algún día a través de una fundación y vivir de otra cosa, para entregar asesoría gratuita y de calidad a quienes la necesiten. Pero hoy mi profesión es lo que me sustenta económicamente y debo cobrar por mi trabajo”, contestó.
La profesional argumentó, además, que la causa le ha exigido una dedicación considerable. “Hemos trabajado de lunes a lunes, prácticamente sin descanso”, aseguró.
Pese a esa labor, reconoció que los intentos por suspender el desalojo no prosperaron y que el operativo del 9 de noviembre afectó a dos de los sectores cuyos habitantes representa. Según su interpretación, las autoridades no respetaron el debido proceso ni el interés superior de los niños y adolescentes, y vulneraron las garantías constitucionales invocadas en el recurso.
Es precisamente ese escenario, explicó, el que motivó el cambio en las condiciones del contrato. En una reunión reciente, Carrasco comunicó a los dirigentes que los $6 millones restantes no serían exigidos antes de los alegatos, como establecía el acuerdo original, sino que su pago se diferiría hasta que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema dictara una sentencia que acogiera lo solicitado en el recurso.
En concreto, la profesional espera que el tribunal ordene coordinar una propuesta de solución habitacional, definitiva o transitoria, con plazos determinados y participación del Ministerio de Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.
Ese nuevo acuerdo, precisó, todavía debe formalizarse en un contrato.
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