"Noviembrazo" lo quieren denominar los octubristas

Chile es un país vulnerable por condición geográfica. Con una sola muy buena comunicación vial principal que recorre miles de kilómetros en forma inversa o reversa -la Ruta 5 Sur y la Ruta 5 Norte-, se suman las que se dirigen a los puertos principales o vuelven de estos también en carreteras de primer nivel, pero igual principal y casi única conexión. Y todo esto sin una red ferroviaria o marítima capaz de absorber el transporte de bienes esenciales, como alimentos. Interrumpir el tránsito carretero solo cortando estas carreteras equivale a cortar el país.

Cualquier movilización de transportistas pone en jaque, y con pocos vehículos a cruzar en las carreteras, de inmediato el abastecimiento y la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, más allá de esta debilidad logística y de las soluciones políticas de turno para destrabar el conflicto, lo ocurrido en las carreteras vuelve a dejar al desnudo un fenómeno profundo y persistente en la discusión pública: la forma en que se transmite una situación tan grave como la ocurrida y los sesgos habituales y normalizados en la televisión chilena.

Resulta llamativo observar cómo muta el relato mediático según quién ocupe La Moneda. Durante décadas, bajo administraciones de centroizquierda o izquierda, cualquier asomo de paralización por parte de los gremios del transporte era encuadrado rápidamente bajo la sombra histórica de octubre de 1972, asociando a los camioneros con el golpismo o calificándolos como un movimiento reaccionario que atentaba contra la democracia.

Hoy, en cambio, frente a un gobierno de signo distinto, esa misma acción de fuerza es presentada en noticieros y matinales como una protesta comprensible, familiar, un movimiento meramente reivindicativo frente al alza de los combustibles, donde el foco de la crítica apunta casi exclusivamente a la autoridad.

Desde el inicio de este movimiento contra la administración de José Antonio Kast, por el asunto de los combustibles, en lugar de ejercer un periodismo sobrio y equidistante, buena parte de la televisión -por supuesto también los matinales- adoptaron un tono de agitación casi militante que termina avivando el conflicto, en el extremo de este paro, en que se le da un matiz ciudadano, mucha bandera chilena -ahora, después de haber sido ultrajada tantas veces-, alegre, familiar, aunque hubiera cortes de carretera y hasta se cobrara el impresentable “el que baila pasa”.

Basta observar la puesta en escena cuando se anuncia una salida a la crisis el jueves por la noche. Cuando un subsecretario va a un importante canal de TV, comparece para explicar un acuerdo alcanzado con los transportistas, no enfrenta una entrevista periodística, sino un verdadero interrogatorio.

El tono de voz, la gestualidad, el ceño fruncido y la interpelación constante buscan instalar la sospecha sobre la autoridad: primero se le exige solucionar el bloqueo a toda costa, se simpatiza con el movimiento, y una vez logrado el acuerdo, se le cuestiona por haber cedido solo ante un gremio específico. La autoridad queda atrapada en una encerrona comunicacional donde cualquier decisión es presentada como un error o una debilidad.

Este fenómeno abre una interrogante inevitable respecto de la propiedad de los medios de comunicación en Chile. En el debate público suele sostenerse, desde sectores críticos de izquierda, que los grandes canales responden automáticamente a los intereses conservadores de sus dueños empresariales. Sin embargo, al mirar la pantalla de diferentes estaciones, surge una paradoja evidente: ¿qué ocurre entre la propiedad de estos medios y lo que finalmente se emite al aire?

Aunque sus controladores puedan tener interlocución en las esferas políticas y económicas, en la práctica cotidiana de sus departamentos de prensa y programas franjeados parece imponerse una cultura editorial autónoma, permeada por una sensibilidad “progresista” que termina marcando la pauta, los enfoques y los énfasis del debate público.

Por cierto, quienes defienden este estilo televisivo argumentan que la cobertura extensa responde al interés ciudadano frente a problemas que golpean el bolsillo y que la dureza con los ministros forma parte del rol fiscalizador de la prensa. Nadie discute que informar sobre una crisis en las carreteras y escrutar al poder político sean deberes ineludibles del periodismo. El problema surge cuando ese escrutinio se aplica con varas distintas según el color político del gobierno de turno.

Amplificar el conflicto desde la emocionalidad, legitimar medidas de fuerza que antes se condenaban y transformar los espacios informativos en tribunales morales erosiona la credibilidad de la televisión abierta. Cuando la línea editorial se confunde con la militancia, el público deja de recibir información para consumir un relato dirigido.

Evidentemente que hay errores del gobierno; un gobierno débil rodeado por una oposición tan dura como con Piñera; falta de calle de importantes funcionarios; quizás un dejo de mesianismo, ya que todo va a estar bien por obra y gracia -al parecer- divina; una derecha para variar desunida, sin compromisos unitarios como de los que dan nota las izquierdas; y excandidatos presidenciales que han continuado la campaña, con tono odioso acusando a los ganadores de su derrota y asegurando que su gestión sería inigualable.

La verdad es que debería haber llegado el momento en que los que aún creen en Chile se pongan serios. Y esto va tanto para los oficialistas y opositores: que lo queramos, que creamos en este país, que admiremos su historia y sus símbolos, como su bandera…y que no la cambiemos a la primera de cambio.