Dos demandas por más de 7 mil millones de pesos enfrenta la empresaria chilena, Marta Pentzke Muñoz, exheredera y exdueña de la histórica compañía de alimentos enlatados, Dos Caballos. Se trata de una trama que incluye la “desaparición” de más de 4 millones de tarros en prenda que eran propiedad de acreedores, pero que fueron sustraídos por ella antes de que la compañía se declarara en quiebra en 2019 y fuera vendida.
Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, los libelos —ingresados por acreedores nacionales y extranjeros— se dan justamente luego de que la empresaria reconociera haberse apropiado de la mercancía que servía de garantía de préstamos.
De acuerdo con documentos judiciales a los que accedió este medio, los hechos se remontan a octubre de 2019, dos meses antes de que se decretara la quiebra de Dos Caballos, empresa familiar fundada en 1906 por el inmigrante alemán Ernesto Pentzke.
Para entonces, la sociedad —dice la acusación de la fiscalía— atravesaba “una compleja situación económica y financiera”, de la cual “estaban en conocimiento sus gerentes generales y el directorio”. Arrastraban una deuda cercana a los $69 mil millones, exhiben recortes de prensa, por lo que ningún banco estuvo disponible para ayudar a una reorganización.
Según se desprende de la indagatoria, a Marta no se le ocurrió una mejor idea que retirar las latas de los almacenes donde estaban guardados en San Felipe, “para venderlas, entregarlas a terceros o sacarlas de la esfera de custodia pese a saber que estaban en depósito y requerían de la respectiva autorización legal”.
Warrantizados en el papel
Todo el entuerto nace de un sistema de financiamiento llamado warrant. La conservera dejaba sus productos en bodegas administradas por un almacenista, Storage S.A., y entregaba vales a quienes le prestaban dinero. Esos vales funcionaban como garantía: la mercadería no podía salir sin permiso de los acreedores.
Pero salieron.
Fue el liquidador que asumió tras la quiebra quien descubrió que las latas no estaban.
“Así, al asumir el liquidador (…) pudo constatar que las existencias de productos enlatados, era muy inferior a los que aparecían warrantizados, levantando las respectivas actas, constatándose el retiro de mercadería amparada en warrant sin las respectivas autorizaciones de los acreedores prendarios”, reza la acusación.
En total, se estima que se sustrajeron unas 4,2 millones de latas.
Un warrant es un título de crédito o garantía real. En palabras simples, es una herramienta que permite a una empresa usar su propia mercadería guardada como garantía para pedir un préstamo en un banco. Funciona de manera muy parecida a dejar un bien en prenda: si la empresa no paga el crédito, el banco tiene el derecho legal de vender esa mercadería para recuperar su dinero.
La condena
La “desaparición” de las latas terminó en una persecución penal contra la familia. En una audiencia celebrada en marzo de este año, Marta fue declarada culpable como autora del delito consumado de sustracción de especies en prenda (warrants).
¿El castigo? 541 días de presidio tras haber aceptado su culpabilidad. La pena, eso sí, la está cumpliendo en libertad, al acceder a la remisión condicional, “debiendo la condenada presentarse en el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente”.
El proceso judicial en contra de Marta se sustanció de la misma manera que ha vivido su vida pública: de bajo perfil. A diferencia de otros empresarios chilenos que participan activamente en gremios nacionales (como la Sofofa o la CPC), ella y su familia mantuvieron un carácter estrictamente corporativo. Lo hizo pese a que formó parte de la toma de decisiones de una compañía que durante décadas lideró la exportación de conservas de frutas y hortalizas en Chile y Latinoamérica. Su carrera la llevó a amasar una fortuna. No solo por Dos Caballos: a través de sus compañías familiares también fue una histórica proveedora de la Junaeb.
“San Felipe sin Pentzke muere”, rezaba una pancarta de vecinos cuando todo se fue por el despeñadero en 2019.
Pese a su ascenso en el mundo empresarial, Marta tampoco tenía tendencia a figurar en los medios de comunicación. Quizá mediada por el disgusto que le causa la prensa, según cuentan personas que la han conocido.
“Inocencia”
Los hermanos, Alberto y Patricio Pentzke, están acusados en la misma causa penal que sigue vigente en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Francisco Cox, abogado de Alberto, apunta a la inocencia de su representado. Explica que el empresario dejó la presidencia del directorio de la compañía en febrero de 2019, mientras que “las acusaciones tanto del fiscal como de los querellantes indican que en octubre de 2019 se produce el faltante”.
“Es decir, ocho meses después que mi representado dejó la Presidencia [de la empresa]. Es más, a esa fecha no tenía oficina. Él siempre desempeñó sus labores en Edensa, otra empresa que no estaba ni siquiera en el mismo lugar”, afirma el letrado.
Una postura similar, aunque más escueta, es la que manifestó su hermano, a través de su abogada, Verónica Rosenblut: “Efectivamente existe una causa penal en cuyo próximo juicio oral, demostraremos que el Sr. Patricio Pentzke M. no ha cometido delito alguno”.
Los US$5 millones
A partir de la condena, también se iniciaron causas en sede civil en contra de Marta Pentzke. La idea es conseguir que devuelva los dineros de las latas que sustrajo. La demanda más onerosa es la ingresada por 14 sociedades y acreedores que tenían vales de prenda de la conservera.
Entre ellas figuran Inversiones Carsi, Addwise Servicios Financieros, Asesorías e Inversiones JPAG y K42 Investment, quienes solicitan que se condene a Marta a pagar una indemnización de poco más de 5 millones de dólares (unos 4.900 millones de pesos), luego que descubrieran que les faltaban más de 3,8 millones de tarros de duraznos y otros 263 mil de pulpa de fruta.
La empresa más afectada, según el libelo ingresado por el abogado José Rojas, es Inversiones Carsi. Exigen el pago de unos $1.600 millones, seguida de JPAG y Addwise, quienes exigen unos $600 millones cada una.
Los US$2 millones y un departamento de lujo
Perufarma S.A., empresa peruana, reclama otros 2 millones de dólares. En el libelo explican que mantenían un vale de prenda por más de 1,8 millones de tarros de conserva -principalmente duraznos y cocktail de frutas- emitido en abril de 2019, seis meses antes de que explotara el descalabro financiero de Dos Caballos.
Toda la mercadería que respaldaba ese vale fue sustraída, expone la demanda firmada por el abogado Matías Hiriart Bertrand, quien —en un proceso paralelo— acusó a Alberto Pentzke Muñoz de haber utilizado sociedades familiares para ocultar su patrimonio. En simple, apunta el libelo, la maniobra buscaba evitar responder económicamente ante los acreedores afectados por las “operaciones comerciales fraudulentas” derivadas de los warrants.
La demanda apunta directamente a la “venta” de un acomodado departamento en avenida Presidente Riesco, con bodega y cuatro estacionamientos. El abogado demandante sostiene que el precio habría estado considerablemente por debajo del valor real del inmueble. Y apunta también a los compradores: Almamax SpA, sociedad vinculada a los hijos de Alberto.
La demanda cuestiona que el precio de la transacción fue de 30.500 UF (unos $1.200 millones), mientras que, a su juicio, el valor real supera las 50.000 UF (cerca de $2.000 millones).
Según el libelo, los poderes notariales con que actuó Almamax databan del día anterior y la sociedad comparte domicilio con el empresario, que es el mismo departamento vendido. Además, Almamax creó en julio de 2025 una filial, Almamax USD SpA, y nombró gerente general a Alberto Pentzke, lo que según Perufarma muestra que mantuvo el control.
Por estos hechos, Perufarma también ingresó una querella criminal contra Alberto Pentzke, Almamax y sus dos hijos, por celebración de contrato simulado. Actualmente la causa está en tramitación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“Operaciones reales”
Respecto de la acción pauliana por el departamento y la querella por contrato simulado, dice Francisco Cox, el abogado de Alberto, éstas “no pueden prosperar”, puesto que no tienen relación con un ocultamiento. Se trata, más bien, “de la planificación patrimonial de una persona de más de 80 años”.
“Todas las operaciones son reales y no tenía ninguna prohibición para hacerla. Es más, lo que omite el querellante es que su supuesta acción civil se encuentra prescrita como lo han indicado dos informes en derecho”, afirma el jurista.
Bío Bío intentó obtener una versión del abogado de Marta, sin resultados hasta el cierre de esta edición. La preparación de juicio oral de los hermanos Alberto y Patricio Pentzke por la sustracción de las latas en warrant está fijada para el 5 de enero de 2027.
Tras la quiebra, la empresa fue vendida.
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