El interés chileno por el caso peruano se concentra en el desarrollo de infraestructura de riego y en la incorporación de tecnologías agrícolas que permitieron ampliar la superficie productiva en zonas áridas. En el Perú, parte de esa expansión se sostuvo en el traslado de agua desde territorios con una mayor disponibilidad hacia valles secos.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y Antonio Walker viajaron a Perú para conocer esas experiencias y los sistemas de irrigación aplicados en ese país. La visita buscó revisar fórmulas que puedan ajustarse a las condiciones de Atacama, donde la falta de agua condiciona cualquier proyecto agrícola a gran escala.
“Esto ya se hace en otras latitudes y tenemos que adaptarlo al modo chileno”, planteó Mas al referirse a la iniciativa.
La comparación entre ambos países también forma parte de los argumentos de la SNA. Walker señaló que Perú dispone de 2,6 millones de hectáreas regadas y registra exportaciones frutícolas por USD 15.000 millones. Chile, en cambio, tiene alrededor de 900.000 hectáreas bajo riego.
La diferencia no implica que ambos modelos sean idénticos. La propuesta chilena considera la desalinización de agua de mar para el riego, mientras que en la experiencia peruana parte del avance agrícola se apoyó en obras destinadas a transportar recursos hídricos desde otras zonas. Según Mas, esa alternativa presenta un costo algo menor que la desalación.
200 hectáreas
La primera fase del programa considera 200 hectáreas de arándanos cultivados en macetas. La superficie se emplazaría en predios fiscales del norte de Chile y se regaría con agua de mar sometida a procesos de desalinización.
Los impulsores del proyecto proyectan que, si el piloto demuestra resultados y se alcanza una estructura financiera que permita sostenerlo, la extensión podría llegar a 450 hectáreas. La disponibilidad y el valor del agua serán dos de los factores que definirán la viabilidad de esa ampliación.
De acuerdo con las estimaciones expuestas por Mas, una operación de esa magnitud podría crear cerca de 3.000 empleos durante la temporada de cosecha. La proyección se vincula con la posibilidad de sumar una actividad agrícola de mayor escala en una región donde el proyecto busca abrir nuevas fuentes de trabajo.
Walker, además, indicó que existen estudios de impacto económico y social en marcha. También sostuvo que un inversionista chileno estaría dispuesto a asumir el riesgo inicial, aunque no difundió su identidad.
La fórmula presentada plantea que el Estado facilite el acceso a los terrenos fiscales y contribuya al financiamiento de la inversión de partida. El sector privado asumiría los costos de operación. La propuesta fue presentada el pasado 16 de septiembre ante Mas, en una reunión en el Ministerio de Economía en la que participaron Alejandro García-Huidobro, fundador y CEO de Prize, e Isidro Riesco, jefe de estrategia de la empresa productora y exportadora de arándanos.
Prize mantiene operaciones de producción de arándanos tanto en Chile como en Perú. La presencia de sus representantes en la reunión se relaciona con el interés de la iniciativa por desarrollar una plantación comercial en condiciones distintas a las de las zonas agrícolas tradicionales.
Costo energético y distribución del agua
La desalinización aparece como la herramienta central para sortear la escasez hídrica del desierto, aunque la disponibilidad del recurso no resuelve por sí sola los desafíos del plan. La construcción de infraestructura, el gasto energético y los sistemas de transporte y distribución del agua forman parte de los asuntos que aún deben definirse.
La decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, Cecilia Echeverría, sostuvo que la innovación puede abrir opciones productivas en territorios con condiciones restrictivas, siempre que exista una evaluación completa de cada componente del modelo.
“La agricultura ha demostrado que, mediante innovación tecnológica y una adecuada gestión de los recursos, es posible desarrollar sistemas productivos en condiciones que antes parecían inviables. El desafío está en evaluar cuidadosamente las condiciones de cada territorio y asegurar que estas iniciativas sean técnica, económica y ambientalmente sostenibles”, señaló la académica.
Agregó: “El uso de agua desalada puede ampliar las posibilidades de desarrollo agrícola en el norte del país, pero es fundamental evaluar su costo energético, los sistemas de distribución y la eficiencia del riego. No basta con disponer de agua; necesitamos que todo el modelo productivo sea sostenible en el tiempo”.
La académica, asimismo, señaló que el desarrollo de nuevos cultivos en el desierto requiere considerar la producción, el empleo, la disponibilidad de recursos y los efectos sobre el entorno. En ese sentido, planteó que la ampliación de la frontera agrícola debe incorporar prácticas destinadas a reducir el impacto sobre los ecosistemas.
“El desarrollo de nuevas zonas agrícolas en territorios como el desierto de Atacama debe ir necesariamente de la mano con una producción sustentable y un profundo respeto por el medioambiente. No se trata solamente de ampliar la superficie cultivable, sino de hacerlo mediante tecnologías eficientes, un uso responsable del agua y prácticas que permitan proteger los ecosistemas y minimizar el impacto sobre el entorno. La innovación agrícola tiene que demostrar que es posible producir alimentos, generar desarrollo económico y empleo, sin comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones”, detalló Echeverría.
Los terrenos fiscales
El uso de predios fiscales abrió una discusión sobre el destino productivo de las tierras estatales en zonas donde la escasez de agua limitó históricamente el desarrollo agrícola. La iniciativa considera que esos terrenos pueden ser parte de la estructura inicial del proyecto, junto con el respaldo financiero para las primeras hectáreas.
La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, destacó que la propuesta permite considerar los terrenos fiscales como una herramienta para promover actividades económicas en zonas marcadas por la falta de agua.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, también valoró la búsqueda de alternativas para ampliar la actividad agrícola en el norte chileno. A la vez, advirtió que el desafío requiere una mirada de largo plazo y una visión de país.
La continuidad del proyecto dependerá de los permisos, de la definición del financiamiento, del acceso al agua desalinizada y de los costos para llevarla hasta las plantaciones. Si esas condiciones se resuelven dentro del calendario previsto, los arándanos podrían ser plantados en mayo de 2027 en los terrenos cercanos a Caldera, según la proyección de los expertos. Perú sigue siendo el modelo a imitar.
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