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Durante años, el mundo republicano y la derecha más dura hicieron gárgaras con un concepto importado de la Madre Patria, acuñado originalmente por los sectores más duros de Vox en España para fustigar al Partido Popular: “la derechita cobarde”.
Ese era el epíteto favorito para despellejar a Sebastián Piñera y a Chile Vamos cada vez que dudaba en sacar la fuerza pública, negociaba bajo presión, cedía billete fiscal para apagar una protesta o terminaba entregando la Constitución en el acuerdo de noviembre de 2019.
Y hay que reconocerles que tuvieron un éxito rotundo en esa instalación comunicacional: lograron convertirla en una etiqueta rentable en redes sociales y en un arma eficaz para marcar diferencias morales frente a lo que presentaban como una falta de pantalones frente a la calle. También servía como promesa de que con ellos en el poder se acabaría el complejo de inferioridad y el Estado de derecho se impondría sin titubeos ni concesiones.
Hoy, con José Antonio Kast en La Moneda y el país que llegó a estar trancado en las carreteras, el contrapunto es inevitable.
En medio de un paro de transportistas gatillado por el alza de los combustibles, el Ejecutivo terminó actuando exactamente como lo hubiese hecho el propio Piñera: sentándose a negociar bajo el bloqueo de rutas, abriendo la billetera fiscal por 500 millones de dólares para subsidiar y congelar el diésel hasta marzo de 2027, y, por si fuera poco, manteniendo en pie una gira presidencial a Asia mientras las autopistas siguen cortadas.
Cuando Gabriel Boric hacía maletas en medio de una crisis, desde este mismo sector le exigían “dar la cara” y suspender el avión. Hoy, en cambio, el argumento oficial es que las relaciones internacionales no pueden detenerse y que para eso están los ministros. En el fondo, Kast terminó aprendiendo de la experiencia de Piñera y de Boric en La Moneda, y por eso mismo actuó correctamente al priorizar la continuidad del Estado, las relaciones internacionales y la estabilidad por sobre las consignas de campaña.
Lo sabroso del enredo está en la carretera, donde al relato oficialista se le cayó su comodín favorito. En cualquier conflicto social de los últimos diez años, la explicación automática de este sector habría sido denunciar una conspiración del Partido Comunista, un plan articulado desde la CUT o un sabotaje de la izquierda radical.
El problema es que ahora no hay cómo colgarle el muerto a Camila Vallejo ni a las juventudes comunistas. Estos camioneros no tienen vínculo alguno con el PC; por el contrario, son bases independientes, pequeños empresarios del volante y transportistas de regiones que en buena medida votaron por este mismo proyecto político esperando mano dura y alivio al bolsillo, y que hoy aplican sin anestesia ese mecanismo de presión tan conocido en Chile: cruzar la máquina en la berma hasta que el Estado suelte la plata.
“Es malo para el país y parece un chantaje”, advirtió con claridad el economista Claudio Agostini sobre esta práctica de legislar y gastar bajo la amenaza de las rutas cortadas.
A ese cuadro se suma que el mapa gremial del transporte de carga ya no es el de los dirigentes de siempre. Mientras quienes realmente trancaron el país fueron agrupaciones mucho más atomizadas, territoriales y de pequeños transportistas independientes, como Fuerza del Norte y las coordinadoras de camioneros del Centro Sur (varias de las cuales incluso consideran insuficientes los $142 de rebaja en el diésel y siguen exigiendo recortes mayores y rebajas en el TAG), las organizaciones históricas como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) miraron la movilización desde la vereda del frente, desmarcándose de los cortes de ruta pero sentándose igual a negociar y firmar con el ministro Jorge Quiroz.
Más allá de la contradicción discursiva, el gobierno actuó de manera correcta al evitar una escalada de fuerza y buscar una salida institucional, aunque resulte curioso y hasta paradójico que terminara firmando el acuerdo precisamente con las confederaciones tradicionales que no estaban en paro, apostando a que su peso institucional desactive a los descolgados en la ruta.
Al final del día, cuando el país amenazaba con desabastecerse, lo más razonable y de sentido común es ser “derechita cobarde”, como lo hizo el ejecutivo.
Ya lo advirtió Nicolás Maquiavelo en El Príncipe: un gobernante prudente no puede ni debe mantener su palabra cuando hacerlo se vuelve en su contra y cuando las razones que le hicieron prometer ya no existen. En política, la supervivencia del orden siempre vale más que la consistencia de una frase de campaña.
