"Si están matando a alguien, no podemos hacer nada": el drama de los trabajadores del "Sename 2.0"

“Si están matando a alguien, no podemos hacer nada porque nos exponemos a que las niñas nos hagan cualquier cosa”.

Ana es una de los más de 2.800 trabajadores del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRSJ). Se trata del organismo que reemplazó al Sename bajo la promesa estatal de terminar con las vulneraciones a los derechos de las infancias y subsanar las falencias estructurales del sistema. Sin embargo, puertas adentro, los episodios de violencia no han cesado. Ni para los menores ni para los trabajadores.

Ana, educadora en un centro de La Serena, vivió en carne propia las amenazas y agresiones de las 25 jóvenes que tenía a su cuidado: “Ninguna tía quería ir a trabajar porque como las jóvenes se desenvuelven en un ambiente tan peligroso, estábamos expuestas a recibir golpes o que nos robaran nuestras cosas”, se lamenta.

De acuerdo con información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, entre abril de 2024 y agosto de 2026, existen 285 denuncias por ataques verbales y físicos en contra de los funcionarios. Aquí se cuentan amenazas, conductas sexualizadas e incluso agresiones con peligro de vida.

“Éramos dos educadoras para 25 niñas y jóvenes”, cuenta.

Las agresiones

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRSJ) comenzó a funcionar en enero de 2024 en la zona norte para luego extenderse por todo el país en 2026. La idea era dividir al antiguo Sename: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que está dedicado a atender a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos; y el SRSJ destinado a atender a adolescentes y jóvenes que han infringido la ley o están siendo investigados por un delito.

Su puesta en marcha no ha estado exenta de complicaciones. Según cifras obtenidas vía Transparencia, de las 285 denuncias la mayor parte corresponde a una “amenaza seria”, con 150 casos. Le sigue la agresión física sin peligro vital (86), agresión sin especificar (20), resistencia grave y activa (13), conducta sexualizada (6), agresión con peligro de vida (3) y agresión sexual (1).

María, educadora de trato directo en otro centro de La Serena, relata un episodio traumático: cuando un menor de 13 años, afirma, fingió acercarse a ella para darle un abrazo. Sin embargo, terminó apuntándola con un cuchillo directamente a sus costillas.

“A mí no me gustan las viejas culiás sapas, así que me las voy a pitear”, dice María que le gritó el menor.

Tras aquel incidente, la funcionaria realizó una solicitud formal al director del centro para que se activara el protocolo correspondiente con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Todo parecía ir correctamente, tenía una licencia médica por 10 días, hasta que recibió un correo electrónico donde —acota— le informaban de su desvinculación. Según cuenta, la despidieron bajo la justificación de “no saber trabajar con jóvenes con mal comportamiento”.

José es gendarme y lleva más de seis años de servicio en una Unidad de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (IP-IRC). Manifiesta que en el ejercicio de sus funciones constata a diario las constantes agresiones ejercidas contra los trabajadores por parte de los internos. Paralelamente, recrimina lo que él califica como una absoluta falta de respaldo por parte del equipo directivo del establecimiento y de las autoridades.

“Para mí, esto fue un cambio de nombre. La unidad sigue funcionando igual o peor que la administración anterior [cuando era Sename]”, sostiene.

La dotación

De acuerdo con las cifras analizadas por Bío Bío Investiga, la región más complicada es el Bío Bío. Pese a que el servicio entró en funcionamiento hace poco más de un año, es la que registra la mayor cantidad de ataques a trabajadores, con 63 casos: 23 en 2025 y 40 hasta agosto de 2026.

El presidente para el Bío Bío de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Servicio de Reinserción Juvenil (ANFUR), Alejandro Saavedra, afirma que en la zona existe un problema de sobrecarga. Según explica, la Dirección Nacional del servicio determinó que Bío Bío fuera catalogada como “mediana” en dotación, sin contemplar que también son atendidos usuarios de Ñuble. Esto, dice, termina por repercutir en el control de los internos al haber solo uno o dos funcionarios a cargo por casa. Es decir, los módulos de cada centro.

Mauricio Yango es líder sindical de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional y trabaja en el IP-IRC Coyhaique. Le toca presenciar “en primera persona y, también en calidad de dirigente” las agresiones.

“Tenemos conocimiento de intentos de apuñalamiento, intentos de violación o de acoso sexual. Esto fue declarado en sumarios de los últimos años”, asegura.

Sobre la activación de protocolos, habitualmente se sanciona a los jóvenes mediante anotaciones en la hoja de vida que eventualmente puede o no ser trasladada al tribunal o bien, suprimirlos de espacios deportivos, afirma. Esto, dice, no soluciona el problema, puesto que deja en una situación bastante vulnerable a los funcionarios.

“Nosotras —relata Ana— tenemos que hacer una bitácora y ahí se escribe todo. Todo lo que hicieron los usuarios: qué comieron, cuándo se levantaron, a qué hora se acostaron, a qué hora se vistieron, todo. Eso se hace en todas las residencias. Y habían educadoras que para evitar llevarse mal con estas adolescentes, acusaban a otras”.

De acuerdo con su testimonio, les decían a las niñas: “Oye, tal tía puso esto de ti, puso que te fuiste a robar anoche, entonces ten cuidado”.

“¿Y qué pasaba con esa usuaria? —añade Ana— Pescaba a la tía y la agredía o le robaba. Eso se vio mucho donde yo estuve”.

En otros casos, los episodios de algunos trabajadores han escalado hasta su remoción. En Coronel, por ejemplo, descubrieron a dos tutores del Centro de Internación Provisoria consumiendo drogas con los internos.

“Cómplice del sistema”

Mauricio Yango, el dirigente sindical, afirma que ha recurrido a cartas, reuniones, asambleas y manifestaciones regionales y nacionales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Acusa que la respuesta de la institución es considerada decepcionante para los funcionarios de dichos centros juveniles, algo que también ocurría en el Sename.

“Muchas veces quise hablar, pero una es cómplice del sistema sin querer. El sistema tiene tanto poder y yo recibía amenazas del equipo técnico y de la dirección del centro”, se lamenta Ana.

La rutina laboral que llevaba al interior del centro comenzó a quebrarse poco a poco, hasta llegar a un hecho que desencadenó su renuncia. Durante el desarrollo de sus labores sorprendió a un grupo de jóvenes manipulando sustancias químicas al interior de los dormitorios: vio líquidos de color verde, amarillo, azul y blanco, una pesa y otros artefactos. Siguiendo la sugerencia de una colega, decidió tomar fotografías para dejar constancia del hecho. Pero las usuarias la descubrieron y comenzó a recibir amenazas de muerte. Nunca más volvió a trabajar en un centro de reinserción social juvenil.

En el centro la “sugerencia” era trabajar permanentemente con la mochila puesta para correr y evacuar en casos de agresiones al interior del módulo. “A nosotras siempre se nos recalcó mucho que si están matando a alguien, no podemos hacer nada porque nos exponemos a que las niñas nos hagan cualquier cosa”, afirma.

Los abogados

Daniel Barros, abogado y presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil (AFUSE), afirma que los trabajadores no cuentan con las herramientas de actuación o de defensa de servicio. Por ejemplo, durante situaciones de violencia protagonizadas por menores en contra de empleados del servicio, la Ley Karin no protege a los funcionarios de centros de reinserción, por lo cual no se puede aplicar a este caso.

El servicio, añade, tampoco tiene facultad legal para querellarse en representación de trabajadores agredidos. Si un funcionario es golpeado o amenazado, la institución no puede poner abogados para perseguir penalmente al interno.

Para Saavedra, dirigente del Bío Bío, en años anteriores, cuando se trasladaba a un joven por mala conducta, el resto lo veía como una advertencia y disminuían su agresividad. “Las agresiones de parte de los jóvenes hacia los tutores no tienen sanciones, esto debido a que la impunidad en la que actúan los usuarios les permite ir ‘corriendo el cerco’. Comenzamos con agresiones verbales que evolucionaron a agresiones físicas”, se lamenta.

Una mala herencia

Rocío Faúndez, directora nacional del SRSJ, está consciente del problema. Asegura que están invirtiendo en infraestructura y en capacitación del personal ante lo que define como una “herencia” de “décadas de abandono”.

¿Se está cumpliendo la promesa respecto de los funcionarios?

Trabajar en un centro privativo de libertad es exigente y riesgoso, y el Estado tiene el deber de cuidar a quienes hacen ese trabajo y garantizar que quienes trabajan aquí, sean los mejores funcionarios, comprometidos con los procesos de reinserción de los jóvenes.
Por otro lado, debemos considerar que el Servicio tiene cambios concretos respecto del Sename. Partimos en diciembre de 2023 con 19 personas y hoy somos más de 2.800, con una dotación autorizada un tercio mayor que la que tenía el Sename, con foco en los centros y las regiones. Hemos realizado instancias de capacitación y estamos invirtiendo en infraestructura y tecnovigilancia en centros que heredamos con décadas de abandono, muy deteriorados y una población juvenil con trayectorias cada vez más complejas. Cerrar esa brecha toma tiempo, y es nuestra prioridad avanzar no solo en las condiciones de los funcionarios, sino también en contar con una institución que logre efectivamente reinsertar a los jóvenes.

¿Qué es un “quiebre de control crítico” y en qué se diferencia de un incidente cotidiano?

Un incidente cotidiano es una situación que el equipo del centro puede contener con sus propios recursos y procedimientos habituales, por ejemplo, una discusión o un conflicto de convivencia. Estos hechos responden a características propias de trabajar en una institución como esta. El Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG), por otro lado, define los quiebre de control como una falla o ausencia de un control que expone a la organización a un riesgo significativo, ya sea como evento ocurrido o como condición que persiste mientras no se corrija. Esos hechos activan un protocolo interno que implica el aviso inmediato a la Dirección Regional y Nacional, coordinación con Gendarmería, denuncia al Ministerio Público cuando corresponde, activación de sumarios, acompañamiento a las personas afectadas y medidas con los jóvenes si corresponde. Cumplir ese protocolo no es opcional.

¿A qué atribuye que Biobío y Coquimbo concentren más hechos de violencia?

No hay una sola causa. Influyen la infraestructura que heredamos, una población con más jóvenes con mayor compromiso delictual ajustes que hemos tenido que hacer en algunos equipos. Por eso estamos actuando en varios frentes. En Coronel hemos invertido cerca de $600 millones en el último año, habilitamos una Unidad de Separación y estamos renovando el circuito de cámaras. Junto al Ministerio de Justicia y Gendarmería trabajamos en un plan para los centros priorizados por el Servicio, de acuerdo con un cruce de variables tales como quiebres de control, ausentismo laboral, entre otros. Coronel hasta ahora ha sido la prioridad, invirtiéndose en más control de acceso y custodia perimetral, escáneres corporales y registro de visitas. Asimismo, se tomó la decisión de cambiar el equipo directivo del centro tras una evaluación de la dirección regional y el seguimiento del cumplimiento de observaciones levantadas por una auditoría interna desde el año pasado.

¿Con qué criterio se define la dotación de cada región?

La dotación de cada centro de acuerdo con los nuevos estándares de atención, las normas técnicas, y otras variables tales como la capacidad del centro, la población vigente, las modalidades que ejecuta y los turnos necesarios para atender las 24 horas a los adolescentes y jóvenes.

¿Qué garantías ofrece el Servicio para denunciar sin represalias?

Quien quiera denunciar tiene canales que no pasan necesariamente por su jefatura directa. El procedimiento de la Ley Karin se presenta ante la unidad de Gestión de Personas y obliga a adoptar medidas de resguardo inmediatas en caso de requerirse. A su vez, las denuncias que se hacen al Ministerio Público se pueden hacer solicitando la reserva de identidad, al igual que el canal Denuncia Seguro. El servicio viene trabajando desde el año pasado, junto con el Ministerio Público, en capacitar a los funcionarios para utilizar canales disponibles de denuncia. En ningún caso, una denuncia debe tener represalias, por lo mismo el llamado que siempre hacemos como Servicio es a denunciar, los canales son seguros para que lo hagan con tranquilidad.

¿Cómo fiscalizan que los centros cumplan la normativa, por ejemplo, con cámaras operativas?

Los centros tienen supervisión permanente de las Direcciones Regionales y de la Dirección Nacional, y además los visitan periódicamente las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros, el INDH y la Defensoría de la Niñez. Esas visitas generan observaciones que estamos obligados a corregir. Esa fiscalización tiene consecuencias y plan de trabajo para abordar las falencias de los centros, que como dije antes, recibimos con varias falencias. Por eso tenemos en marcha la modernización de los circuitos de cámaras en varias regiones.

¿Es compatible con la política del Servicio desvincular a una funcionaria tras una agresión, por “no saber trabajar con jóvenes con mal comportamiento”?

Toda decisión sobre la continuidad de una persona en el Servicio debe estar fundada y seguir el procedimiento que establece la ley, y todas las decisiones que ha tomado el Servicio van en esa línea.

¿Se aplica la Ley Karin cuando la agresión viene de un joven?

En caso de existir una agresión a un funcionario, el Servicio activa los protocolos vigentes de cara a quien resulte afectado. Asimismo, cuando hemos vivido situaciones de agresión a funcionarios, realizamos la denuncia al Ministerio Público cuando corresponde.
Con las Asociaciones Nacionales se ha iniciado una mesa de trabajo que tiene como objetivo revisar los protocolos de seguridad vigentes y mejorar en aquellos casos que se requiera para entregar una primera acogida acorde a las necesidades de los funcionarios.

¿Qué margen tiene el Servicio para sancionar con más severidad a los jóvenes?

Cuando una agresión es un delito, se constituye una comisión técnica entre el equipo del servicio y Gendarmería, con quienes se definen acciones para abordar la situación de manera conjunta. El resultado de la comisión puede traducirse en separar al joven del grupo cuando su conducta lo exige, solicitar su traslado a otro centro, o a una sección juvenil, entre otras medidas. Junto con esto, el Servicio tiene la obligación de realizar la denuncia al Ministerio Público, lo cual se puede traducir en un nuevo proceso penal que deba enfrentar el joven.