Abogado de los incendios: condenan a jurista que se embolsó $2.870 millones en "pacto secreto" con CGE

“Por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del mandatario”. Con esas palabras, el Undécimo Juzgado Civil de Santiago resolvió condenar al abogado Arturo Correa Cuevas a pagar $280 millones, más reajustes e intereses, a tres de sus antiguos clientes. Se trata del mismo profesional que se embolsó $2.870 millones tras un millonario y cuestionado pacto con la Compañía General de Electricidad (CGE), cuyos detalles fueron revelados por Bío Bío Investiga en diciembre de 2024.

La sentencia —dictada el pasado 4 de noviembre— representa un duro revés judicial para el jurista. Y es que el tribunal dio por acreditado que Correa Cuevas actuó a espaldas de sus representados, negoció indemnizaciones sin contar con su autorización previa e informada y privilegió sus propios intereses económicos por sobre los de quienes confiaron en sus servicios para conseguir una reparación por los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas en la región de O’Higgins hace casi una década.

En medio del litigio, en abril de 2019, el abogado suscribió una serie de transacciones con CGE que permitieron poner término a las demandas civiles que él mismo había presentado contra la eléctrica. A cambio, la compañía desembolsó $5.000 millones para cerrar los litigios de 14 víctimas de los incendios. ¿El problema? Según determinó ahora la justicia, al menos tres de esos clientes nunca fueron informados de los montos específicos que recibirían antes de concretarse el acuerdo. Por si fuera poco, el profesional se quedó con la mitad de sus indemnizaciones a título de honorarios, cobros cuya legitimidad tampoco logró justificar ante el tribunal.

El millonario pacto con CGE

La historia se remonta al verano de 2017, cuando una serie de incendios forestales arrasó con más de 100 mil hectáreas en la región de O’Higgins. En medio de la catástrofe, 14 particulares afectados por las llamas contrataron los servicios de Arturo Correa Cuevas para perseguir judicialmente a la Compañía General de Electricidad (CGE), a la que atribuían responsabilidad en el origen de los siniestros. A ellos se sumaron las municipalidades de Marchigüe y Paredones, que también recurrieron al abogado para impulsar acciones ante la justicia ambiental.

Sin embargo, todo dio un giro el 30 de abril de 2019. Ese día, el jurista suscribió una serie de acuerdos extrajudiciales con CGE que permitieron poner término a los litigios que él mismo había impulsado. En concreto, la eléctrica se comprometió a desembolsar $5.000 millones para cerrar las demandas civiles de los 14 afectados, pese a que las pretensiones indemnizatorias originales superaban los $20.700 millones. Todo mediante una negociación global que, según denunciaron posteriormente algunos de sus representados, se desarrolló sin que conocieran sus verdaderos alcances.

¿Lo llamativo? De los $5.000 millones que CGE pagó para poner fin a las demandas, la mitad terminó en manos del abogado. Es decir, $2.500 millones correspondientes a los honorarios que Correa Cuevas fijó por sus servicios profesionales. Pero eso no fue todo. Como parte de las transacciones ambientales que involucraron a los municipios de Marchigüe y Paredones, la compañía también se comprometió a pagarle otros $370 millones. Así, las ganancias del jurista alcanzaron los $2.870 millones, mientras que los 14 particulares debieron repartirse los $2.500 millones restantes.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los denunciantes fue la forma en que se estructuraron los pagos y las condiciones del acuerdo. Según la querella criminal que dio origen a la investigación, Correa Cuevas solicitó que los cheques fueran extendidos nominativamente a su nombre y sin cruzar. A ello se sumó una estricta cláusula de confidencialidad que impedía divulgar los términos de las negociaciones. Una disposición que, de acuerdo con los querellantes, el profesional utilizó como argumento para negarse a entregarles los antecedentes de las transacciones.

Con los acuerdos ya firmados, el abogado comenzó a presentar los respectivos desistimientos de las acciones judiciales que había impulsado contra CGE. Los primeros fueron ingresados el 2 de mayo de 2019, apenas dos días después de sellarse el pacto. En paralelo, la causa penal por los incendios siguió su curso hasta que, en diciembre de ese mismo año, la Fiscalía alcanzó una suspensión condicional del procedimiento con los ejecutivos de la compañía. Finalmente, tras cumplirse las condiciones establecidas, en diciembre de 2021 la justicia decretó su sobreseimiento definitivo.

Las sospechas sobre la actuación del abogado terminaron dando paso a una investigación penal por eventuales delitos de corrupción y administración fraudulenta. En la indagatoria también fueron involucrados los entonces alcaldes de Marchigüe y Paredones, Héctor Flores Peñaloza y Jorge Ormazábal López, respectivamente, además del gerente general de CGE, Iván Quezada Escobar. A esta arista se sumó posteriormente una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), que acusó a Correa Cuevas de omitir millonarios ingresos en sus declaraciones tributarias, provocando un presunto perjuicio fiscal superior a $1.367 millones.

La ofensiva judicial escaló en enero de 2026, cuando la fiscal Alicia Ascencio, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, solicitó una audiencia para formalizar al abogado por delitos de prevaricación judicial y administrativa, administración fraudulenta y delitos tributarios. Correa Cuevas, por su parte, ha rechazado las imputaciones. En febrero de este año aseguró a BBCL Investiga que los acuerdos habían sido aprobados previamente por sus 14 clientes y que el cobro del 50% de las indemnizaciones correspondía a honorarios pactados. Incluso contraatacó con una querella contra tres funcionarios del SII, a quienes acusó de haber elaborado un informe tributario falso en su contra.

Culpable

Sea como sea, en sede civil el abogado ya recibió el primer revés. De acuerdo con antecedentes recopilados por esta Unidad de Investigación, Correa Cuevas fue condenado por el Undécimo Juzgado Civil de Santiago a pagar $280 millones, más reajustes e intereses, a tres de sus antiguos clientes por incumplir gravemente sus obligaciones profesionales al negociar las indemnizaciones con CGE. La sentencia de primera instancia, dictada el pasado 4 de noviembre por el magistrado Patricio Hernández Jara, ordenó además dejar sin efecto los contratos de prestación de servicios y mandatos judiciales que vinculaban al jurista con los demandantes.

El fallo es especialmente duro respecto de la actuación del abogado. De hecho, el tribunal dio por acreditado que Correa Cuevas incurrió en un “grave, abierto e injustificado incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de sus deberes fiduciarios de lealtad y diligencia”. Según el juez, el profesional subordinó los intereses de sus representados a una negociación global con la eléctrica, cuyo objetivo principal era asegurar para sí el cobro inmediato y concentrado de una millonaria suma por concepto de honorarios.

En ese sentido, la resolución estableció que Correa Cuevas aceptó rebajas drásticas en las indemnizaciones originalmente exigidas, que en algunos casos alcanzaron entre el 80% y el 90%. Todo ello en el marco de una negociación conjunta que involucró 13 causas civiles y acuerdos ambientales con CGE. Para el magistrado, el abogado actuó “en beneficio propio y en abierto conflicto de intereses con sus clientes”, anteponiendo sus ganancias personales a los derechos de quienes habían contratado sus servicios.

Pero los cuestionamientos judiciales no terminaron ahí. Tras examinar los antecedentes, entre ellos declaraciones de testigos, conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos, el tribunal concluyó que el profesional jamás obtuvo la autorización previa, explícita e informada de los tres demandantes para suscribir las transacciones del 30 de abril de 2019. Por el contrario, determinó que los afectados recién conocieron los montos acordados cuando las negociaciones ya estaban cerradas, presentándoles los resultados como un “hecho consumado e irreversible”.

A juicio del sentenciador, tampoco resultaron suficientes los documentos que los clientes firmaron posteriormente al recibir sus indemnizaciones. Y es que, si bien acreditaban que los dineros habían sido entregados, no permitían demostrar que los afectados hubiesen conocido y aprobado anticipadamente los términos del pacto. En palabras del magistrado, Correa Cuevas actuó de manera “intempestiva e inconsulta” al cerrar las demandas que él mismo había promovido y respaldado mediante peritajes para exigir millonarias reparaciones.

Otro de los aspectos determinantes fue el destino de los honorarios. El tribunal estableció que el abogado retuvo el 50% de las indemnizaciones correspondientes a sus representados sin justificar legítimamente esos cobros ni rendir cuentas detalladas. Así, concluyó que los $280 millones retenidos carecían de una causa jurídica que justificara su percepción, transformándose en un perjuicio económico directo para los demandantes. En consecuencia, ordenó indemnizar con $150 millones a Rodolfo Förster y su empresa; con $80 millones a Raúl Cabello Vidal; y con otros $50 millones a Luis Riveros Cabello. Todas las sumas deberán pagarse reajustadas por IPC, con intereses calculados desde julio de 2020.

Con todo, el fallo no acogió íntegramente las pretensiones de los afectados. El tribunal rechazó las indemnizaciones adicionales por daño moral y pérdida de oportunidad, al considerar que no se acreditaron los perjuicios reclamados por esos conceptos. Asimismo, descartó responsabilidad civil de CGE, al estimar que no existían pruebas suficientes para establecer que la eléctrica hubiese actuado de mala fe o en complicidad con el abogado. De esta manera, la condena recayó exclusivamente sobre Correa Cuevas, quien además deberá asumir las costas del juicio.