Gobierno apuesta por derogar ley de rebajas de condena: ¿Solución a crisis de Rabat o un nuevo error?

Kast reconoció el error, pero mantuvo a Rabat para corregirlo. “Hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre”, planteó el presidente tras desatarse el escándalo de las rebajas de condena a agresores sexuales de menores.

En pocas semanas, el Ejecutivo pasó de defender las decisiones de Fernando Rabat como una obligación jurídica a respaldar la derogación completa de la Ley 19.856. Entre ambos momentos anunció modificaciones para endurecer los requisitos y excluir a determinados condenados.

¿Es necesario borrar la herramienta o corregir cómo se utiliza? Exministros, académicos y voces del ámbito penitenciario advierten que la salida de esta crisis también puede traer costos para la reinserción y la seguridad.

Qué permite la ley 19.856

La Ley 19.856 establece una reducción de condena para quienes acrediten comportamiento sobresaliente: dos meses por cada año de cumplimiento, que aumentan a tres desde la mitad de la pena. Contempla requisitos y exclusiones y no equivale a la libertad condicional.

Al aplicar el descuento, se entiende cumplida la pena en la nueva fecha. Así ocurrió en casos revelados por BioBioChile, como el del exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo, condenado por el secuestro de cinco jóvenes que siguen desaparecidos, y el de Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu. Ambos quedaron libres luego de la rebajas que recibieron.

La controversia se concentró en las restricciones incorporadas en 2022 para determinados delitos sexuales contra menores. Rabat sostuvo que no podían aplicarse retroactivamente y utilizó la jurisprudencia de la Corte Suprema para justificar las concesiones.

Sus críticos cuestionan esa interpretación y su aplicación administrativa a casos que no habían sido resueltos individualmente por un tribunal. “Debía rechazar y pelear su criterio en tribunales”, dicen.

De aplicarla a derogar la ley de rebajas de condena

Las declaraciones públicas muestran cómo cambió la respuesta oficial del Gobierno:

21 de octubre: cumplimiento judicial. Rabat justificó las rebajas como “el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, aunque los 56 beneficios cuestionados no provenían de amparos individuales.

22 de octubre: cambiar requisitos. Anunció una reforma para examinar las condiciones de acceso “al momento de la solicitud”. La propuesta era modificar el sistema.

23 de octubre: suspensión inicial. En el contexto de los beneficios a agresores sexuales de menores, informó: “Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos”.

25 de octubre: cumplir y reformar. Rabat resumió su postura: “Debo cumplir con la ley. Y como debo cumplir con la ley, lo que vamos a hacer es modificarla”. También anunció cambios para incorporar a las víctimas y revisión judicial de las solicitudes.

6 de noviembre: derogación completa. El vocero, Gonzalo Arenas, confirmó el respaldo del Ejecutivo a una iniciativa parlamentaria: “Vamos a cortar el problema de raíz y esa ley del 2003 va a quedar absolutamente derogada”.

9 de noviembre: suspensión general. Arenas informó que la paralización también alcanzaba a todos los delitos mientras avanzaba la derogación. Hasta entonces, Justicia defendía que debía seguir aplicando la ley fuera de los casos sexuales contra menores.

Reformar o derogar

Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, considera que debatir la derogación es pertinente: “En ese sentido, la derogación parece una discusión no solo importante, sino necesaria”.

Desde el plano político, sostiene que esta alternativa “le permite al gobierno llevar la discusión política hacia una arena jurídica legislativa, que ha sido su argumentación durante toda esta crisis”.

Sin embargo, advierte que esa salida no resuelve los cuestionamientos a la conducción del conflicto. A su juicio, “el manejo político ha sido deficitario” y mantener al ministro implica costos para Kast.

Joe González, expresidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, afirma a BioBioChile que los beneficios penitenciarios incentivan el buen comportamiento y reducen la presión dentro de las cárceles. También representan “un aliciente de esperanza para los internos que realmente quieren generar un cambio en su vida”.

Sin embargo, reconoce que algunos buscan aprovechar el mecanismo únicamente para acortar sus condenas. “El sistema no es infalible y debería, por supuesto, perfeccionarse”, sostiene el también profesor, diplomado en Criminología, Derechos Humanos.

Su propuesta apunta a mejorar los filtros y fortalecer el peso de las evaluaciones de Gendarmería. “Las comisiones reciben información multidisciplinaria que se basa en la conducta histórica y reciente de los postulantes, informes psicosociales, educacionales y laborales”, explica.

Por eso, defiende corregir el sistema antes que eliminar sus incentivos “Eliminar beneficios no es la respuesta exclusiva y única al problema”, afirma. A su juicio, deben establecerse controles suficientes para que quienes accedan puedan incorporarse a la sociedad de manera provechosa.

Qué dicen los exministros

Hernán Larraín, exministro de Justicia de Sebastián Piñera, considera que derogar la ley puede profundizar el problema. En una carta publicada en La Tercera, advirtió que esa respuesta “lo agrava y enciende el temor de un rebrote del populismo punitivo”.

Larraín admite reformular el mecanismo y ampliar sus exclusiones, pero cuestiona eliminarlo sin una política integral de reinserción: “Si no cortamos ese círculo vicioso a través de mecanismos robustos de reinserción, no reduciremos la criminalidad”, escribió.

“Reinsertar es un acto de humanidad que posee un poderoso efecto práctico”, agregó. Desde esa mirada, llamó a evitar que la respuesta a la crisis profundice los errores: “¿Será posible apelar a la prudencia y la sensatez para no prolongar esta cadena de errores y evitar así una tragedia al mejor estilo shakesperiano?”.

Jaime Gajardo, exministro de Justicia de Gabriel Boric, sitúa el problema en cómo se resolvieron las solicitudes de agresores sexuales de menores.

“Nuestro criterio era rechazar”, explicó a BioBioChile. Durante su gestión, sostuvo, se denegaban esas peticiones y se defendía esa posición ante los tribunales. Si estos ordenaban conceder el beneficio, correspondía cumplir el fallo. Su argumento distingue dos decisiones: conceder una rebaja por orden judicial y otorgarla directamente aplicando interpretaciones de sentencias anteriores.

Luis Cordero, también exministro de Justicia de Gabriel Boric, propuso una salida institucional distinta. El 25 de octubre, sostuvo que para enfrentar las diferencias de interpretación sobre los beneficios penitenciarios corresponde avanzar en el proyecto de ejecución de penas: “Es la ley de ejecución de penas. No hace falta una nueva ley”.

El proyecto para derogar la ley de rebajas de condena

El proyecto respaldado por el Gobierno es impulsado por Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC).

Sus autores sostienen que la buena conducta en prisión no garantiza un bajo riesgo de reincidencia y cuestionan la falta de supervisión durante el tiempo descontado.

La propuesta elimina las rebajas, pero mantiene la libertad condicional y los permisos de salida. También incorpora una agravante para nuevos delitos cometidos durante el período rebajado, después de entrar en vigencia la eventual ley.

La discusión es si esas debilidades requieren eliminar el mecanismo o pueden corregirse con mejores requisitos y controles. El Gobierno promete cortar el problema de raíz. Falta establecer si esa raíz está en la existencia del beneficio o en las decisiones que permitieron concederlo.