El exministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, cuestionó la propuesta de derogar la ley de rebajas de condena como respuesta a la crisis que enfrenta el Gobierno de Kast.
Advirtió que eliminar este mecanismo sin fortalecer la reinserción podría aumentar la reincidencia y empeorar la situación de las cárceles.
El exsecretario de Estado también criticó las decisiones de Fernando Rabat. Sostuvo que los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra menores nacen de una interpretación equivocada de la ley.
Sin embargo, rechazó que ese error justifique una acusación constitucional.
Exministro Larraín rechaza derogar ley de rebajas de condena
En una carta publicada en La Tercera, Larraín describió una cadena de decisiones que, a su juicio, han profundizado la crisis que enfrenta el Gobierno: “El afán del gobierno —que se suma al del parlamento— de solucionar el dilema derogando la ley de rebajas de condenas de 2003 lo agrava y enciende el temor de un rebrote del populismo punitivo”, escribió.
Su argumento es que la cárcel no debe limitarse al castigo. También tiene que preparar a los condenados para volver a vivir en sociedad, mediante educación, capacitación y tratamiento de sus adicciones: “El fin de la pena no es únicamente retributivo vía privación de libertad; también lo es preparar al condenado para su reinserción social”, sostuvo.
En esa línea, defendió mantener herramientas que incentiven ese proceso. “Si no cortamos ese círculo vicioso a través de mecanismos robustos de reinserción, no reduciremos la criminalidad”, afirmó.
Reformar, pero no eliminar
Larraín planteó que las rebajas de condena cumplen una función dentro del sistema penitenciario, al incentivar la buena conducta y la participación en actividades de rehabilitación.
Eso no significa, precisó, que todos los condenados deban acceder al beneficio. Recordó que durante el gobierno de Piñera se excluyó a los abusadores de menores y señaló que esa restricción puede ampliarse.
“Podrá ciertamente reformularse, pero suprimir una herramienta de uso internacional, sin presentar en forma simultánea una política integral de reinserción social, solo contribuirá a aumentar la reincidencia y a recrudecer la situación delictual (y carcelaria) existente”, advirtió.
Para el exministro, la reinserción tiene un efecto directo sobre la seguridad: “Reinsertar es un acto de humanidad que posee un poderoso efecto práctico”.
Su defensa de la ley no se traduce en todo caso a un respaldo al criterio utilizado por el actual Ministerio de Justicia, Fernando Rabat. De hecho calificó las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores como “un desacierto del gobierno reconocido por el propio presidente Kast”.
“Su raíz está en una equivocada interpretación ministerial de la ley vigente, fallo de naturaleza política, no jurídica”, sostuvo.
Pese a ello, cuestionó la acusación constitucional que prepara la oposición contra Rabat. A su juicio, recurrir a esa herramienta por este episodio “solo añade un nuevo malentendido, distorsionando el sentido de este instrumento y repitiendo prácticas que en el pasado agudizaron la desconfianza ciudadana”.
Su llamado fue a evitar que un error termine empujando al siguiente: “¿Será posible apelar a la prudencia y la sensatez para no prolongar esta cadena de errores y evitar así una tragedia al mejor estilo shakesperiano?”, cuestionó.