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Chile tiene hoy más de un millón de trabajadores extranjeros. Una cifra que, en medio de un mercado laboral debilitado y una economía que no logra recuperar dinamismo, debería invitarnos a mirar la migración desde una perspectiva que ha quedado relegada en el debate público: su contribución al desarrollo económico del país.
Mientras la discusión migratoria se hiper concentra en el control de fronteras, las expulsiones y las restricciones al ingreso (dimensiones claves de la gobernanza migratoria), cientos de miles de personas migrantes trabajan diariamente en actividades esenciales para el funcionamiento de nuestra economía. Están fundamentalmente en el comercio, la construcción, los servicios, la gastronomía y los hogares. No son un fenómeno externo a la economía chilena. Son parte de su tejido productivo más primario. Revisemos algunos datos.
Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas más de 1.017.000 personas extranjeras se encontraban ocupadas en Chile durante el trimestre julio-septiembre de 2026, representando alrededor del 11% del total de trabajadores del país (INE, 2026). Una de cada cuatro trabaja en el comercio; más de 120 mil lo hacen en restaurantes y hoteles; cerca de 84 mil en la construcción y más de 57 mil en hogares particulares (INE, 2026).
Estamos hablando de más de un millón de personas que trabajan, producen, consumen y contribuyen al funcionamiento cotidiano de Chile. Un engranaje constante, diverso en sus calificaciones y por, sobre todo, dinámico.
La paradoja es evidente. Mientras el país enfrenta un mercado laboral debilitado, la población extranjera registra una tasa de desocupación de 7%, inferior a la de la población chilena, que alcanzó el 10,1% durante el mismo trimestre (INE, 2026; OCEC-UDP, 2026).
Esta diferencia debe analizarse con cuidado. No significa que los trabajadores migrantes estén ajenos a las dificultades económicas ni que su situación laboral sea necesariamente mejor. De hecho, las cifras del INE muestran una caída anual de la ocupación extranjera y un aumento de la informalidad. La tasa de desocupación migrante disminuyó porque la fuerza laboral extranjera se redujo más rápidamente que el empleo, y no porque se estuvieran creando más puestos de trabajo para este segmento (INE, 2026).
Parte de esta diferencia se explica por las características demográficas de la población migrante. Se trata de una población más joven, con una mayor concentración en edades laborales y una participación significativamente más alta en el mercado del trabajo. Según el Censo de 2024, el 80,6% de la población inmigrante internacional tenía entre 15 y 59 años, frente al 60,7% de la población nacida en Chile (INE, 2025). Esta composición contribuye a ampliar la disponibilidad de personas en edad de trabajar.
Este fenómeno tiene implicancias que van más allá de las cifras de empleo. En una sociedad que envejece, la capacidad de sostener una fuerza laboral activa constituye un desafío económico y social de largo plazo. La migración, en este sentido, puede contribuir a enfrentar parte de ese desafío, incorporando trabajadores, capacidades y nuevas iniciativas a la economía nacional.
Pero su aporte no se limita a la disponibilidad de mano de obra. Un estudio publicado por la fundación PorCausa estimó que, en 2024, la población migrante contribuyó con un 10,3% del producto interno bruto de Chile, una proporción superior a su peso poblacional, estimado en 8,7% (Fanjul y Gálvez Iniesta, 2025).
Los autores relacionaron la contribución con la mayor proporción de personas en edad de trabajar, la mayor participación laboral y la menor tasa de desempleo de la población migrante.
Reconocer la contribución no significa desconocer los desafíos que plantea la migración. Tampoco implica sostener que la llegada de trabajadores extranjeros resolverá los problemas estructurales del mercado laboral chileno, ni que no existan tensiones en determinados sectores o territorios. Hay que terminar con los debates binarios. El desempleo, la informalidad, los bajos salarios y las dificultades para generar puestos de trabajo de calidad requieren de una batería de políticas públicas que deben dialogar entre sí, y son indiferentes a las nacionalidades de origen de las personas.
Chile necesita recuperar su capacidad de crecimiento, generar empleos y enfrentar las consecuencias de su transición demográfica. En ese escenario, debemos preguntarnos cómo gestionar adecuadamente la presencia de quienes ya viven y trabajan en el país (y tomaron muchos de ellos la decisión de quedarse), y cómo aprovechar sus capacidades en beneficio del desarrollo nacional.
Una política migratoria inteligente debe considerar la integración laboral, la formalización del empleo, el reconocimiento de competencias y la posibilidad de que las personas migrantes desarrollen sus capacidades y proyectos de vida. No basta con que estén presentes en el mercado laboral. Es necesario que puedan hacerlo en condiciones que favorezcan tanto su bienestar como el desarrollo de la economía.
El desafío es pasar de una mirada que concibe a la migración principalmente como un problema, a observarla como lo que siempre ha sido, lo que es y lo que seguirá siendo: un fenómeno social complejo inmanente de la condición moderna de nuestra sociedad.
Tenemos que ampliar la mirada. Una política/gestión migratoria que solo mira quién entra y quién sale, y no qué ocurre con quienes ya están aquí, corre el riesgo de quedar desconectada de una de las cosas más relevante que oferta la movilidad humana a los países en vía de desarrollo: diversificación, conocimiento y adaptabilidad.
Más de un millón de trabajadores extranjeros forman parte hoy de nuestra economía. Su aporte no es una promesa futura: es una realidad presente. La pregunta es si seremos capaces de reconocerla y construir políticas que permitan potenciarla para seguir expandiendo y profundizando nuestros mercados internos.
Juan Pablo Gutiérrez
Observatorio de Políticas Migratorias, Rumbo Colectivo.
