Un radical cambio de criterio protagonizaron el ministro de la Corte Suprema Jorge Zepeda y la abogada integrante Pía Tavolari en medio del escándalo por las rebajas de condena concedidas a autores de delitos sexuales contra menores de edad: pasaron de fallar sistemáticamente a favor de pederastas a resolver en su contra.
Así consta en tres sentencias dictadas este martes por la Segunda Sala del máximo tribunal, a las que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío. En todas ellas —tanto Zepeda como Tavolari— concurrieron al rechazo de los recursos de amparo e incorporaron una prevención idéntica para fundamentar su nueva postura.
La polémica estalló hace algunas semanas, luego de que se conociera que, durante la actual administración, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat, había concedido al menos 56 rebajas de condena a reos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. Si bien en la mayoría de los casos los beneficios fueron otorgados sin que mediara una orden judicial expresa, en otros la cartera debió proceder por mandato de los tribunales. Esto último extendió la controversia al Poder Judicial y puso bajo la lupa los criterios aplicados por los jueces.
Precisamente, en varias de esas decisiones judiciales, tanto Zepeda como Tavolari, junto al ministro Leopoldo Llanos (que no integró la Sala en esta oportunidad), habían votado a favor de los condenados. Sin embargo, ahora los dos primeros respaldaron una interpretación opuesta respecto de la aplicación de una modificación legal que —desde febrero de 2022— excluye de las rebajas de condena a determinados autores de delitos sexuales contra menores de edad.
Pederastas sin rebaja
En el primero de los casos, el protagonista es Luis Ernesto Brito Sepúlveda. Según pudo conocer la Unidad de Investigación, fue condenado el 8 de diciembre de 2018 a 10 años y un día de presidio por el delito de violación de una persona mayor de 14 años, cometido el 21 de septiembre de 2017.
El condenado, quien cumple su pena en el CDP Santiago Sur, acudió a la justicia de la mano de la Defensoría Penal Pública luego de que la Comisión de Reducción de Condena lo excluyera del beneficio en 2025, pese a que su defensa aseguró que había mantenido una conducta sobresaliente durante su reclusión. Su recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago y, este martes, la Suprema —con Zepeda y Tavolari como artífices— confirmó esa decisión.
El segundo caso corresponde a Jaime Alonso Acuña Rojas, condenado el 25 de abril de 2023 a siete años de presidio por la violación de una persona menor de 14 años, perpetrada el 25 de septiembre de 2020. Actualmente cumple su condena en el Complejo Penitenciario Biobío.
En noviembre de 2024, la Comisión de Reducción de Condena de esa región decidió excluirlo del beneficio por mayoría de votos, pese a la oposición de dos jueces que integraban la instancia. Su abogada particular recurrió a la Corte de Apelaciones de Concepción, argumentando que aplicar la restricción legal de 2022 a hechos cometidos anteriormente constituía una vulneración de sus derechos. Sin embargo, tanto ese tribunal como la Suprema rechazaron su pretensión.
Finalmente, el tercer caso involucra a Héctor Abelardo Madariaga Vásquez, condenado el 3 de enero de 2023 a 11 años de presidio por delitos reiterados de abuso sexual y violación impropia contra una persona menor de 14 años, cometidos entre 2012 y 2015.
Al igual que los otros dos condenados, Madariaga —quien permanece recluido en el CDP Santiago Sur— buscaba acceder a una reducción de su pena por comportamiento sobresaliente. No obstante, la Comisión de Reducción de Condena lo excluyó del beneficio por unanimidad en noviembre de 2024. Tras recurrir a la justicia gracias a la Defensoría Penal Pública, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su amparo, decisión que fue confirmada este martes por el máximo tribunal.
El giro de Zepeda y Tavolari
El punto central de la controversia está en la interpretación de la Ley 21.421, publicada el 9 de febrero de 2022, que modificó la legislación sobre rebajas de condena por comportamiento sobresaliente y excluyó de ese beneficio a determinados autores de delitos sexuales contra menores de edad.
La discusión se concentra en quienes cometieron estos delitos antes de la entrada en vigencia de la modificación legal. En resoluciones anteriores, Zepeda y Tavolari habían respaldado decisiones favorables a los condenados, bajo el criterio de que aplicarles la nueva restricción significaba agravar retroactivamente sus penas, al aumentar el tiempo efectivo que debían permanecer privados de libertad.
Sin embargo, en las tres sentencias de este martes, ambos magistrados concurrieron al rechazo de los amparos y suscribieron una prevención conjunta en la que reconocieron la existencia de interpretaciones contradictorias dentro del máximo tribunal.
En concreto, Zepeda y Tavolari ahora comparten el razonamiento de que la reducción de condena constituye una mera expectativa y no un derecho adquirido. Bajo esa interpretación, las restricciones introducidas en 2022 pueden aplicarse inmediatamente, incluso cuando los delitos fueron cometidos antes de esa fecha, puesto que regulan un beneficio pendiente y no modifican la pena originalmente impuesta.
En su prevención, ambos reconocieron que la coexistencia de decisiones divergentes obliga a la Corte Suprema a procurar certeza en sus resoluciones. En particular, sostuvieron que la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley exigen respuestas consistentes en casos similares y que los cambios de criterio deben estar debidamente fundamentados.
Sin criterio definido
Tal como reveló Bío Bío Investiga, a diferencia de lo que intentó esbozar Rabat como primera defensa, la Corte Suprema no tiene un criterio asentado respecto de las rebajas de condena para violadores y abusadores de menores.
Para entenderlo, hay que volver atrás. En 2003, el gobierno de Ricardo Lagos creó el sistema de reducción de penas para aquellos condenados que mantuvieran una conducta intachable. Casi dos décadas después, en 2022, el presidente Sebastián Piñera modificó la ley, para excluir expresamente del beneficio a todos los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La idea, sin embargo, abrió una pugna que enfrenta a dos interpretaciones jurídicas opuestas, respecto a si la prohibición aprobada en 2022 afecta o no a quienes cometieron delitos antes de ese año.
La propia Corte Suprema ha expresado fallos contradictorios, dependiendo de cómo esté conformada la Segunda Sala, instancia especializada en materias penales, o incluso dependiendo de si varían las visiones de los ministros que la componen, como es el caso de Gajardo.
Varios de estos casos llegaron hasta el máximo tribunal del país, luego de que los ministros de Piñera y Boric denegaran sistemáticamente las solicitudes de los condenados.
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