¿En qué momento el derecho a consumir pasó por encima del derecho a no consumir?

Hay discusiones que parecen haberse vuelto incómodas en nuestra sociedad. No porque carezcan de importancia, sino porque pareciera que en determinados temas hemos confundido el respeto por las libertades individuales con la obligación de tolerar cualquier conducta, incluso cuando esta termina afectando los derechos de otras personas. Uno de estos casos es el consumo de cannabis.

Ahora, antes de continuar, quiero aclarar algo: esta columna no pretende convertirse en una defensa de una visión puritana ni en una cruzada contra quienes deciden consumir marihuana. Mi reflexión no nace del desconocimiento ni de una intención de imponer una determinada forma de vida a los demás, sino de hacer un llamado a la reflexión en una sociedad que carece de respeto por el derecho ajeno. Una sociedad sin trascendencia, que busca la inmediatez y una forma de vida hedonista.

Creo firmemente en el desarrollo del proyecto de vida individual y en que cada persona es libre de tomar decisiones respecto de su vida, pero siempre dentro de los límites que establece nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el ejercicio del derecho propio no debe vulnerar el derecho de terceros. Por eso nace esta columna de opinión, ya que el problema comienza cuando ejercer la libertad individual de consumir cannabis se transforma en una conducta que termina imponiéndose sobre quienes no desean participar de ella.

Hace poco más de una década, el consumo de marihuana solía desarrollarse, por lo general, dentro de círculos más privados. Quienes consumían buscaban reunirse en sus propios espacios o en lugares donde no necesariamente tenían que incomodar a quienes no compartían esa práctica. Pero, lamentablemente, hoy hemos ido perdiendo esa consideración básica.

De hecho, una muestra de esto es que sólo basta esperar locomoción colectiva para encontrarse con personas que consumen marihuana a pocos metros de mujeres embarazadas, adultos mayores, niños o personas que simplemente desean esperar tranquilamente su transporte sin tener que inhalar un humo que no han elegido.

¿En qué momento normalizamos que una persona tenga que soportar el consumo de otra para poder utilizar un espacio público? ¿Desde cuándo el derecho de alguien a consumir comenzó a pesar más que el derecho de los demás a no hacerlo?

A mayor abundamiento, existen personas que padecen determinadas patologías psiquiátricas y para quienes el consumo de cannabis, particularmente por sus componentes psicoactivos como el THC, puede representar un riesgo para su condición. No podemos desconocer que hay pacientes a quienes sus propios especialistas les recomiendan evitar este tipo de sustancias y que, por consiguiente, un contacto no deseado en un espacio público puede afectar gravemente su salud.

Y no se trata de exagerar los efectos de una exposición ocasional ni de afirmar que cualquier persona que inhale humo de cannabis sufrirá necesariamente una consecuencia clínica. Se trata de reconocer que nadie debería imponerle a otro una exposición que no ha elegido, especialmente cuando existen personas que pueden verse más perjudicadas.

Nuestro país cuenta con una legislación que aborda estas conductas. Para ser concreto, se trata de la Ley N.º 20.000, la cual no solamente establece un régimen jurídico para sancionar el tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes o psicotrópicas, sino que también distingue entre conductas que constituyen delitos y aquellas que, por su naturaleza, son sancionadas como faltas.

En particular, su artículo 50 contempla sanciones para quienes consuman estas sustancias en lugares públicos o abiertos al público, como calles, plazas, teatros, cines, restaurantes, estadios y otros espacios expresamente señalados por la disposición. Entre sus consecuencias se contemplan multas y medidas vinculadas a programas de prevención, tratamiento o rehabilitación, según corresponda. Sin embargo, es importante preguntarse si dichas sanciones han tenido el efecto disuasivo que buscaba el legislador.

Por otro lado, el artículo 19, letra e) y f), establece circunstancias agravantes para los delitos contemplados en la Ley N.º 20.000 cuando concurren determinadas condiciones, entre ellas, la utilización de niños, niñas o adolescentes para cometerlos, o la comisión de hechos en las inmediaciones o dentro de establecimientos educacionales y otros lugares vinculados a actividades de estudiantes.

Por su parte, el artículo 12 contempla sanciones para quienes, estando a cargo de establecimientos de comercio, cines, hoteles, restaurantes, bares, recintos deportivos, establecimientos educacionales u otros lugares abiertos al público, toleren o permitan el tráfico o consumo de las sustancias comprendidas en la disposición.

Entonces, si tenemos normas que regulan estas conductas, corresponde preguntarnos qué está ocurriendo con su aplicación. ¿En qué momento permitimos que la prohibición del consumo en espacios públicos comenzara a ser una ley muerta?

Y ojo, no estamos hablando de perseguir a una persona por sus decisiones privadas. Estamos hablando de exigir respeto en los espacios que compartimos. Quien decide consumir debe comprender que su libertad no lo exime de responsabilidad cuando pone en riesgo la seguridad de otras personas. Una sociedad verdaderamente libre no es aquella donde cada persona hace lo que quiere sin importar las consecuencias. Es aquella donde las personas pueden desarrollar sus proyectos de vida, tomar sus propias decisiones y ejercer sus libertades, entendiendo que los demás tienen exactamente el mismo derecho.

¿Se han preguntado cuándo comenzamos a confundir tolerancia con indiferencia, respeto con permisividad y libertad con libertinaje?

Creo firmemente que una mujer embarazada no debería tener que cambiarse de paradero para evitar el humo de otra persona. Un adulto mayor no debería abandonar una plaza para poder respirar tranquilo. Un niño no debería quedar expuesto a una conducta que los adultos podemos y debemos mantener dentro de los límites del respeto.

Y tampoco podemos exigirles a quienes padecen determinadas condiciones de salud que sean ellos quienes deban adaptarse permanentemente a la falta de consideración de los demás. Y qué decir de los riesgos que nacen de tener trabajadores de la construcción que, durante sus horarios de colación, consumen marihuana y luego vuelven a la obra a continuar su jornada.

La pregunta, finalmente, no es si debemos permitir que las personas tomen decisiones sobre sus vidas. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a permitir que esas decisiones se ejerzan pasando a llevar a los demás.

Personalmente, propondría modificar la Ley N.º 20.000, incorporando un nuevo artículo 5 ter que sancione penalmente, con presidio, a quienes, al consumir drogas en bienes nacionales de uso público o lugares abiertos al público, expongan involuntariamente a terceros al humo, vapores o emisiones provenientes de estas sustancias. Mi propuesta contemplaría penas más severas cuando las personas afectadas sean menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad, y agravaría la sanción cuando estos hechos ocurran en lugares especialmente sensibles, como establecimientos educacionales y de salud, paraderos, plazas y áreas de juegos infantiles.

Asimismo, modificaría el artículo 50 para distinguir estas conductas del consumo público que actualmente regula. Porque, no se trata de perseguir a quien consume, sino de establecer un límite cuando su decisión afecta directamente a quien no ha consentido esa exposición. ¿Qué piensan ustedes? ¿No ha llegado el momento de que el derecho a consumir también reconozca y respete el derecho de los demás a no hacerlo?

Porque mi libertad termina donde comienza la tuya. Y esa no debería ser una frase olvidada en un libro de educación cívica, sino una regla elemental para convivir en sociedad.