Giro en crisis de Rabat: Gobierno ahora suspende todas las rebajas de condena, sin excepciones

El Gobierno anunció este lunes la suspensión de la tramitación de todos los decretos de rebaja de condena, sin importar el delito. La decisión, informada por el vocero Gonzalo Arenas, marca un giro en las explicaciones del Ejecutivo: apenas la noche del domingo, el Ministerio de Justicia aseguraba que Fernando Rabat estaba obligado por ley a seguir firmando estos beneficios, salvo aquellos relacionados con delitos sexuales contra menores.

Pero hay otro detalle. Según Arenas, Rabat había decidido paralizar todas las rebajas desde el jueves 5 de noviembre, cuatro días antes de que el Gobierno hiciera pública la medida.

La nueva versión llega después de que BioBioChile revelara un decreto firmado por el ministro precisamente ese jueves, que redujo en diez meses la condena de un homicida. Hasta ahora, Justicia no ha explicado por qué, tres días después de aquella supuesta suspensión general, seguía defendiendo la obligación de conceder estos beneficios.

Según explican fuentes de La Moneda, la decisión fue comunicada por Justicia el pasado viernes en la tarde, después del comité político, tras el apoyo que manifestaron sus participantes a la derogación de la norma, “habida cuenta de la discusión pública que se ha generado”.

Gobierno anuncia suspensión total de rebajas de condena

El caso que abrió esta nueva controversia es el de Peter Andrés Rojas Gallardo, revelado por BioBioChile, condenado a cinco años de cárcel por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, región de Valparaíso.

El 5 de noviembre, Rabat firmó un decreto que le rebajó diez meses de condena. El documento también lleva la firma de la recién asumida subsecretaria de Justicia, Josefina Soto.

Respecto de este caso, el Ministerio de Justicia explicó a este medio que la suspensión anunciada el 23 de octubre, en medio de la polémica por los 56 decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores, solo se aplicaba a ese tipo de delitos graves. Para las demás condenas, sostuvo, correspondía seguir aplicando la ley.

Sin embargo, la cartera no mencionó que Rabat ya habría decidido ampliar la suspensión a todos los delitos. Así, mientras Justicia defendía la obligación de continuar concediendo estas rebajas, La Moneda ahora afirma que el propio ministro había ordenado paralizarlas días antes.

Una decisión que no había sido informada

Consultado este lunes por el decreto que benefició al condenado por el homicidio de Catemu, el vocero de Gobierno comenzó reiterando que el compromiso original de Rabat solo contemplaba la suspensión de rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores.

Pero luego agregó un nuevo antecedente: según Arenas, ante el respaldo del Ejecutivo a un proyecto para derogar completamente la Ley 19.856, “el ministro (Rabat) también ha sumado la decisión de paralizar cualquier decreto desde el jueves anterior”.

El vocero precisó que “ya no se van a tramitar nuevas solicitudes de rebaja mientras no se avance en el proyecto que está en discusión en el Congreso”.

Hasta esa declaración, el Ministerio de Justicia no había comunicado públicamente esta segunda suspensión.

Decreto y suspensión tienen la misma fecha

La nueva explicación del Gobierno deja dos hechos fechados el mismo jueves 5 de noviembre.

Ese día, Rabat firmó el Decreto Exento que redujo en diez meses la condena de Rojas Gallardo. Y, según Arenas, ese mismo día también decidió la suspensión de la tramitación de todas las rebajas de condena.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha aclarado qué ocurrió primero: si la firma del decreto o la decisión de paralizar los beneficios. Tampoco ha explicado por qué Justicia no informó de esta nueva suspensión cuando, tres días después, defendió que las rebajas por otros delitos debían seguir otorgándose.

Gobierno ahora busca derogar toda la ley

Tras semanas defendiendo la aplicación de la Ley 19.856, el Gobierno ahora busca eliminarla por completo.

Con la crisis política instalada, una acusación constitucional en preparación contra Rabat y cuestionamientos incluso desde el oficialismo, La Moneda decidió respaldar un proyecto que busca terminar con las rebajas de condena por buena conducta.

El giro es claro: de justificar la entrega de estos beneficios por obligación legal, el Ejecutivo pasó a impulsar su eliminación para todos los delitos, no solo los sexuales contra menores.