En su declaración judicial en la causa por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle negó cualquier posibilidad de que su administración hubiese colaborado para que el exdictador Augusto Pinochet fingiera una enfermedad mental y así fuera liberado por las autoridades británicas, luego de su detención en Londres en 1998.
El exmandatario atestiguó por escrito en enero de este año en la investigación que entonces llevaba la ministra en visita Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago. En sus respuestas, Frei aseguró que su gobierno intentó traer a Pinochet de vuelta en razón de la “jurisdicción o soberanía” chilenas:
—Es falso que en mi gobierno se elaborara o solicitara crear un documento en el que se dieran instrucciones sobre cómo el señor Pinochet debía simular una enfermedad mental. Yo jamás me habría prestado para un hecho de esa naturaleza —aseveró.
La investigación se abrió por una querella que familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte, representados por la abogada Karinna Fernández, presentaron en mayo de 2025, tras la publicación del libro Calle Londres 38 de Philippe Sands (Anagrama, 2025), en el que un exasesor de Frei, Cristián Toloza Castillo, aseguró la existencia del documento, de unas diez páginas, que “indicaba cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido”. En marzo, en su propia declaración ante el tribunal, Toloza se desdijo y afirmó que sólo supo de “una especie de guion” por la prensa.
Jurisdicción o soberanía
Fueron ocho las preguntas que formuló la ministra Plaza al exmandatario, las que remitió mediante un oficio del 12 de noviembre del año pasado. En la primera de ellas, consultó si Frei participó o tuvo conocimiento de las gestiones que culminaron con la solicitud al ministro del Interior británico, Jack Straw, para que Pinochet volviera a Chile, así como también sobre sus comunicaciones con el primer ministro Tony Blair.
—Mi postura frente a lo que ocurría en ese momento fue que el señor Augusto Pinochet debía ser juzgado en Chile porque es lo que correspondía en razón de nuestra jurisdicción o soberanía, atendido que los hechos que se le imputaban habían ocurrido en nuestro país y que se trataba de un Senador de la República. No aduje ni mencioné otros motivos al Gobierno Británico —aseguró Frei—. Por otra parte y hasta donde recuerdo, yo tuve una sola conversación que fue telefónica con el Primer Ministro del Reino Unido Sr. Tony Blair en relación al tema. En ella le manifesté la posición que antes señalé.
Frei contó que conoció a Cristián Toloza durante su campaña senatorial por la región Metropolitana, en 1989. Por lo que recordaba, en 1994 se había incorporado a su grupo de asesores, encargado de los contenidos de sus discursos.
Toloza, psicólogo de profesión, trabajaba en la Secretaría de Comunicación y Cultura (Secocu), cuando pasó a integrar un grupo selecto, liderado por el ministro Raúl Troncoso, encargado de traer a Pinochet de vuelta a Chile:
—Hasta donde sé y dado que él había estudiado en Londres, fue propuesto para integrarse al grupo en donde se discutían los pasos a seguir respecto de la detención de don Augusto Pinochet —contó Frei—. En ese contexto, en alguna oportunidad Cristián Toloza viajó a Londres con el objeto de apoyar las gestiones que la Cancillería de nuestro país, a través de la embajada en Londres, realizó durante todo este proceso para explicar la posición oficial del gobierno de Chile. En 1999 y con la designación de un nuevo embajador en Londres, todas las gestiones se radicaron institucionalmente en la representación diplomática en Londres bajo el liderazgo del nuevo embajador —añadió.
El nuevo embajador al que se refería Frei era Pablo Cabrera, quien llegó a Londres en 1999 tras haberse desempeñado como subsecretario de Marina.
La Corte Suprema y la Caravana
Aparte de negar que su administración hubiese elaborado el dossier de diez páginas, descrito por Toloza, para que Pinochet fingiera una enfermedad mental, Frei también dijo que desconocía la existencia de otro documento, mencionado en la misma publicación.
Según el libro de Sands, Toloza contó que viajó a Londres con un documento relacionado con la Caravana de la Muerte con la firma de Pinochet, en que daba autorización para la operación:
—No tengo ningún conocimiento ni antecedente de que exista o haya existido un documento de esas características —respondió Frei al respecto.
La ministra también le preguntó por sus presuntas gestiones ante el entonces presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, para “cerciorarse de que no hubiera problemas” con el desafuero de Pinochet a su regreso.
La consulta se basaba en el testimonio que el general en retiro Javier Urbina, emisario del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, entregó a Sands. Según el libro, Urbina detalló que Izurieta habló con Dávila con ese fin y que “lo mismo hizo Frei”. El expresidente negó esa gestión:
—Como Presidente de la República jamás tuve un contacto con el Presidente de la Excma. Corte Suprema en relación a este tema —respondió el exmandatario.
Sobre los mandos militares, el democratacristiano explicó que durante su gobierno la relación con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas la llevó el Ministerio de Defensa y que en el caso de la detención de Pinochet en Londres su comunicación con ellos se “canalizó a través del Cosena”, el que se reunió “dos o tres veces”.
Frei aseguró que quienes estuvieron encargados de que Pinochet volviera a Chile fueron “los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Interior y los embajadores en el Reino Unido”, cuyas gestiones “estaban alineadas con la postura oficial del Gobierno de Chile”. El expresidente cerró el cuestionario comentando que a partir de 1999 “todas las gestiones se canalizaron a través de la embajada de Chile en Londres que se relacionaba con el Foreign Office, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña”.
“Demostrar cagado, pero firme”
Además de las declaraciones de Frei y Toloza, en la carpeta de la causa por encubrimiento se encuentran dos entrevistas que corresponden al apéndice de una tesis de grado, que fueron acompañadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
En dichas conversaciones un escolta de Pinochet y Hermógenes Pérez de Arce relatan su versión de los 503 días que el exdictador pasó detenido en Londres. Ambas fueron realizadas en noviembre de 2023 para una tesis de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago sobre los recursos que gastó el Estado chileno para traerlo de vuelta.
El escolta es el coronel en retiro Juan Gana Araneda, quien estaba solo con Pinochet en la London Clinic cuando llegó la policía británica, cerca de la medianoche del 16 de octubre de 1998. Según su relato, el exdictador seguía bajo los efectos de la anestesia de su operación a la columna y pasó la primera semana desorientado:
—Mi general estaba borrado. De hecho, en la noche me decía: “Juan, ahí está la Lucía”, y era porque veía manchas en el techo —aseveró.
Sobre la escena en el Grupo N° 10 de la Fuerza Aérea de Chile, cuando Pinochet se paró de la silla de ruedas apenas bajó del avión, Gana sostuvo que no le llamó particularmente la atención:
—Nosotros veíamos a cada rato que se paraba. Lo que pasa es que la prensa, obviamente, al poner en los titulares que estaba muy delicado de salud pensaron que iba a llegar en camilla. Hay personas con cáncer que pueden salir a caminar y que en la noche se descompensan. Entonces, mi general lo que hizo fue tener la actitud de soldado, decir: “Hueón, estoy cagado, pero me pongo de pie”. Entonces, para nosotros no es nada extraño, al contrario, era lo que correspondía. Demostrar cagado, pero firme —reflexionó.
De hecho, cuenta que en la clínica psiquiátrica Priory, adonde fue trasladado, Pinochet se levantó de la silla de ruedas para recibir los honores del agregado naval el día de su cumpleaños, el 25 de noviembre de 1998, la misma jornada en que los Lores le negaron la inmunidad.
El exescolta también enumera las visitas que recibió el exdictador en Londres: la exprimera ministra británica Margaret Thatcher y políticos chilenos de la Unión Demócrata Independiente como Joaquín Lavín, Andrés Chadwick e Iván Moreira.
Pérez de Arce, por su parte, cuenta que esperaba que el Ejército organizara una operación de rescate, y que como no ocurrió escribió el libro El rescate de Pinochet. Sobre el gobierno de Frei, sostuvo que actuó con moderación y que el canciller José Miguel Insulza (Partido Socialista) “tuvo una conducta impecable”.
El Programa de Derechos Humanos acompañó las entrevistas en un escrito del 23 de marzo, en el que pidió citar a declarar a quienes estuvieron a cargo de la seguridad de Pinochet en Londres: el jefe de seguridad Humberto Oviedo, su ayudante Enrique Guillefer, el agregado militar Óscar Izurieta Ferrer y los escoltas Juan Gana y Jaime Torres.
La ministra Plaza no alcanzó a resolver esa solicitud. El 29 de abril se declaró incompetente para investigar el encubrimiento, porque los hechos son posteriores a octubre de 1998 y quedan fuera del período que le asignó la Corte Suprema, y remitió el escrito al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que deberá decidir si cita a los escoltas. Plaza mantiene la indagatoria por sustracción de documentos.
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