Al menos 13 extranjeros condenados por tráfico de drogas, detenidos en la frontera norte del país o en rutas provenientes de ella, habrían sido beneficiados con rebajas de sus penas mediante decretos del Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Así lo reveló un reportaje de Interferencia, que revisó 150 decretos de reducción de condenas a ciudadanos extranjeros, de los cuales 115 beneficiaron a personas sentenciadas por delitos relacionados con drogas.
Entre estos últimos, el medio identificó los 13 casos vinculados a la frontera norte, algunos de ellos relacionados con el tráfico de grandes cantidades. De estos, ocho son ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. Además, en cinco de los casos, las sentencias judiciales acreditaron el ingreso al país a través de pasos no habilitados.
El reportaje también señala que los decretos utilizan un mismo argumento, sustentado en fallos judiciales, según el cual el Ministerio de Justicia “no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido”.
Desde una tonelada de droga hasta casos con riesgo de reincidencia alto
Entre los antecedentes expuestos por Interferencia figura el caso de Jhoel Ramos Antesana, ciudadano boliviano vinculado a una operación de tráfico de más de una tonelada de droga, que incluía 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.
El hombre fue detenido en julio de 2021, en la comuna de Pica, región de Tarapacá, mientras se desplazaba en un vehículo que hacía de “punta de lanza” para el traslado del cargamento.
Según el citado medio, tras ser condenado a cinco años y un día de presidio, el Ministerio de Justicia le rebajó tres meses de su sentencia mediante un decreto del 12 de mayo de este año, estableciendo el término de su condena para dos días después.
Otro caso corresponde a Fredy Orlas Heredia, colombiano condenado por tráfico de 52 kilos de pasta base de cocaína, quien había recibido una evaluación de Gendarmería que advertía su “nivel de riesgo de reincidencia alto”.
De acuerdo con la publicación, en 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta también había rechazado por unanimidad su solicitud de salida. Sin embargo, el 1 de junio, el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, en calidad de ministro subrogante, firmó un decreto que redujo su condena en seis meses.
Caso de ketamina y otros beneficiados
La investigación también menciona a José Luis Liscano Bermúdez, ciudadano venezolano detenido en 2021 cuando se trasladaba desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina, junto a Víctor Mora Araya.
Liscano fue condenado a cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas y, posteriormente, sus solicitudes de pena mixta fueron rechazadas en 2024 y 2025.
Pese a ello, el 10 de abril de este año, el ministro Fernando Rabat firmó el decreto que estableció una nueva fecha de término de su condena. El otro involucrado también recibió una rebaja de pena y, según Interferencia, ambos se encuentran actualmente en libertad.
A estos antecedentes se suma el caso de Wilber Tenajas Orellana, ciudadano boliviano detenido en 2022 junto a un grupo que ingresó al país por un paso no habilitado con 291,5 kilos de marihuana.
En septiembre de este año, un decreto firmado por Luis Silva le redujo siete meses de condena, adelantando el término de su sentencia desde abril de 2027 a septiembre de 2026.
Estos y otros casos fueron dados a conocer por el medio, sumándose a los antecedentes ya conocidos sobre las rebajas de condenas otorgadas durante la actual administración.
Cabe recordar que la controversia surgió tras conocerse 56 reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De ese total, BioBioChile identificó a 33 beneficiados, todos en libertad y sin que sus víctimas fueran notificadas.
Enviando corrección, espere un momento...
