La Contraloría General de la República inició una fiscalización al Ministerio de Justicia por las rebajas de condena que mantienen cuestionada la gestión de Fernando Rabat. Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, el organismo está constituido en la cartera desde la semana pasada, a raíz de denuncias recibidas.
En paralelo, está requiriendo un informe al ministerio por una presentación parlamentaria sobre una eventual falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez. Se trata de dos actuaciones relacionadas con la controversia, pero con objetivos distintos: fiscalizar las rebajas y recabar antecedentes para resolver la consulta jurídica.
Contraloría entra al caso de rebajas de condena
Entre los antecedentes que dieron lugar a la revisión de Contraloría, figura un oficio fiscalizador del diputado Héctor Ulloa. A ese trabajo se incorporará la presentación que la oposición ingresó este martes, para continuar una sola fiscalización que ya está en desarrollo.
El diputado Ulloa pidió al organismo encabezado por Dorothy Pérez revisar la legalidad de las rebajas concedidas desde el 11 de marzo, tanto por delitos sexuales contra menores como por secuestro calificado y tortura. Solicitó reunir los decretos y sus antecedentes, incluidos los informes psicológicos y de riesgo de reincidencia, y auditar cómo Justicia verificó los requisitos. También pidió que, si se detectan irregularidades, se inicien procedimientos para invalidar los beneficios y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Hasta ahora no se conocen el plazo ni resultados de las diligencias.
Según información recogida por este medio en el Congreso, parlamentarios que han solicitado revisar las decisiones no habían sido notificados de que la fiscalización ya estaba en curso.
Informe por la Defensoría
Otra de las gestiones apunta a esclarecer si Justicia respondió los requerimientos de la Defensoría de la Niñez.
Varios parlamentarios solicitaron un pronunciamiento jurídico a Contraloría sobre una posible falta de respuesta de la cartera. Para examinar esa presentación, el organismo está requiriendo un informe al ministerio.
La intervención de Contraloría agrega así una instancia de revisión a las decisiones de Justicia, lideradas por el cuestionado ministro Fernando Rabat tras conocerse 56 decretos de reducción de condena por delitos sexuales contra menores durante la actual administración: 27 por abuso sexual y 29 por violación. La controversia también alcanzó a beneficios concedidos a condenados por crímenes de la dictadura.
Mientras el Gobierno mantiene al ministro al frente de la respuesta y promueve cambios legales, la fiscalización de Contraloría ya está en marcha. En paralelo, se espera que la oposición ingrese en los próximos días la anunciada acusación constitucional contra el ministro Rabat.
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