La continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, comenzó a generar cuestionamientos entre parlamentarios oficialistas, luego de las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Todo, mientras se asoma con más fuerza una acusación constitucional.
Los diputados Eduardo Durán (RN), Omar Sabat (UDI) y Marlene Pérez (independiente-UDI) se sumaron a las voces que piden la salida del secretario de Estado, argumentando la gravedad de los antecedentes conocidos y la necesidad de priorizar la protección de niños, niñas y adolescentes por sobre las consideraciones políticas.
La controversia se originó tras conocerse que el Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026: 29 a condenados por violación y 27 por abuso sexual contra menores. Rabat ha defendido la actuación de su cartera, argumentando que se ajustó a criterios establecidos por la Corte Suprema.
Diputados oficialistas cuestionan continuidad de Rabat
El diputado RN Eduardo Durán sostuvo que la situación se ha vuelto insostenible y recomendó al ministro dejar el cargo, pese a manifestar su respaldo general a la gestión del Gobierno.
“Por el bien del país, tome la decisión y se aleje del cargo”, planteó el parlamentario, quien calificó los hechos como errores graves que no deberían ocurrir en el país.
Durán también llamó a modificar la legislación para impedir que condenados por violación y abuso sexual contra menores accedan a rebajas de condena. No obstante, evitó adelantar una postura sobre una eventual acusación constitucional contra Rabat, señalando que debe ser analizada una vez que sea presentada.
“Error garrafal”
En la misma línea, el diputado UDI Omar Sabat afirmó que el ministro debe abandonar la cartera y calificó lo ocurrido como un “error garrafal”, aludiendo a los riesgos que, a su juicio, implica la salida anticipada de condenados por delitos sexuales contra menores.
Por su parte, la diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) sostuvo que el Ejecutivo debería reconsiderar la permanencia de Rabat, argumentando que la controversia está provocando un daño al Gobierno.
“A mí me parece que acá es intransable la infancia. La lealtad nuestra tiene que estar con los niños”, afirmó la parlamentaria, quien recalcó que su postura responde a la necesidad de priorizar a las víctimas por sobre las diferencias políticas.
Pérez manifestó, además, que espera que no sea necesario llegar a una acusación constitucional, pues considera que corresponde al Ejecutivo asumir la responsabilidad política por lo ocurrido.
Valenzuela apunta a responsabilidad del Congreso
Una postura distinta planteó el diputado independiente-RN Daniel Valenzuela, quien llamó a revisar el trasfondo de la controversia y cuestionó la falta de modificaciones legales durante los últimos años.
El parlamentario sostuvo que el Congreso Nacional mantuvo silencio durante más de dos décadas frente a esta materia y apuntó a la responsabilidad de quienes tuvieron la oportunidad de impulsar cambios legislativos.
Aunque reconoció que Rabat se equivocó y planteó que podría haber dado un paso al costado, Valenzuela cuestionó que algunos sectores políticos se presenten ahora como defensores de la infancia sin haber promovido anteriormente reformas sobre el tema.
Enviando corrección, espere un momento...
