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El diputado Daniel Manouchehri (PS) responsabilizó políticamente al presidente José Antonio Kast si alguno de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores beneficiados con rebajas de condena reincide. El emplazamiento surgió tras un reportaje de Bío Bío Investiga que identificó a 33, todos en libertad, pese a alertas de alto riesgo. Manouchehri criticó que Kast mantuviera al ministro Fernando Rabat y anunció que evalúan una acusación constitucional en su contra.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) emplazó directamente al presidente José Antonio Kast por las rebajas de condena que beneficiaron a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores de edad, advirtiendo que lo hará responsable políticamente si alguno de los liberados vuelve a cometer delitos contra niños.
Las declaraciones del parlamentario surgieron luego de que un reportaje de Bío Bío Investiga revelara las identidades de 33 de los 56 condenados beneficiados mediante decretos del Ministerio de Justicia durante la actual administración. En este se consigna que todos los identificados se encuentran en libertad, pese a que algunos registraban informes de Gendarmería que advertían un alto riesgo de reincidencia en delitos sexuales.
Al respecto, Manouchehri apuntó contra el mandatario y su decisión de mantener en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat: “Kast eligió proteger a Rabat. Por tanto, debe hacerse responsable de las decisiones pro pederastas que está tomando su gobierno”.
“Y le decimos claramente: si solo uno de esos psicópatas vuelve a tocar a un niño, lo haremos responsable a usted, señor Presidente. Usted será el responsable por liberar a esos psicópatas, a esos violadores de niños, a esos criminales de lesa humanidad”, recalcó.
El emplazamiento ocurre luego de que el presidente Kast reconociera que el Estado falló a las víctimas, pero decidiera mantener en su cargo al secretario de Estado.
Asimismo, Manouchehri ha insistido recientemente en la necesidad de impulsar una acusación constitucional contra Rabat por esta controversia, anunciando que sus equipos jurídicos lo están estudiando. En esa línea, señaló que hay indicios que apuntan a que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales al conceder los beneficios penitenciarios.
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