Capturan a prófugo por crímenes de la dictadura: Luis Barrueto ya está en prisión tras 4 años de fuga

Luis Enrique Ricardo Antonio Barrueto Bartning, agricultor de 80 años condenado por siete desapariciones forzadas en Santa Bárbara en la dictadura de Pinochet, en el conocido episodio Santa Bárbara–Quilaco, fue capturado por la PDI en la zona de Pucón-Villarrica, tras permanecer prófugo desde 2022.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó a BioBioChile que ingresó el pasado viernes 23 de octubre al Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío para cumplir una pena de 10 años y un día.

Su detención ocurrió el jueves 22. Al día siguiente fue trasladado a la Corte de Concepción, donde el ministro Waldemar Koch Salazar le comunicó la orden de ingreso a prisión, que se concretó esa misma jornada.

Según informó el tribunal, Barrueto era el único de los 17 condenados de esta causa cuyo ingreso para cumplir la pena seguía pendiente por encontrarse prófugo.

Secuestros en dictadura: Luis Barrueto Bartning estuvo 4 años prófugo

Barrueto no pertenecía a las Fuerzas Armadas ni a las policías. Era un agricultor que, junto con su hermano Manuel y otros civiles, participó en operativos con Carabineros después del golpe de Estado.

La sentencia recoge que el propio Barrueto reconoció haber sido llamado por el jefe de la Guarnición Militar de Los Ángeles para colaborar en tareas de transporte y patrullaje. Según declaró, debía ponerse a disposición de la Tenencia de Santa Bárbara para ayudar a identificar a supuestos “elementos extremistas”.

La Corte Suprema estableció que condujo su camioneta, colaboró en la identificación de personas que fueron detenidas y participó en su traslado. También regresó con su hermano y policías a buscar a una persona que faltaba.

Para el máximo tribunal, esas actuaciones constituyeron una intervención directa en los secuestros. Por eso descartó que su responsabilidad fuera solo de complicidad y lo condenó como autor.

Episodio Santa Bárbara–Quilaco, los 7 desaparecidos

Los hechos establecidos en la sentencia ocurrieron el 20 de septiembre de 1973. Ese día, un grupo armado de carabineros y civiles recorrió distintos sectores de Santa Bárbara y detuvo a siete personas sin contar con una orden legítima.

Por la mañana llegaron al fundo El Huachi, donde detuvieron a José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy y Desiderio Aguilera Solís. Los llevaron a la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, desde donde fueron sacados esa noche con destino desconocido.

Durante la tarde, el mismo grupo detuvo a José Nazario Godoy Acuña en el sector Los Junquillos. También fue trasladado a la unidad policial, donde se perdió su rastro.

Por la noche fueron a buscar a Manuel Salamanca Mella a su casa, en avenida La Feria. Lo detuvieron frente a sus familiares. Después llegaron a una pensión de calle Rosas y se llevaron a José Mariano Godoy Acuña.

Miguel Cuevas Pincheira fue sacado esa misma noche de su domicilio, en presencia de su esposa e hijos.

Ninguno de los siete volvió a casa.

Trabajadores y dirigentes campesinos

Las víctimas eran trabajadores de la zona, varios vinculados al sindicato del asentamiento del fundo El Huache. Según los antecedentes del Informe Rettig recogidos por el Museo de la Memoria, José Domingo Godoy Acuña tenía 20 años; José Nazario, 22, y José Mariano, 25. Los tres eran obreros agrícolas y dirigentes sindicales. Julio César Godoy Godoy tenía 56 años y también era trabajador agrícola e integrante del sindicato.

Desiderio Aguilera Solís tenía 42 años y era obrero agrícola. Miguel Cuevas Pincheira tenía 41, trabajaba como zapatero y era militante del Partido Socialista. Manuel Salamanca Mella tenía 38 años y se dedicaba al comercio de ganado.

Cuando las familias preguntaron por ellos, en Carabineros les dijeron que habían sido trasladados al Regimiento de Los Ángeles. Pero la Comisión Rettig recibió testimonios que señalaban que habían sido asesinados y arrojados al río Biobío desde el puente que conecta con Quilaco. Sin embargo, su destino final no pudo esclarecerse y sus cuerpos no fueron encontrados.

Erika Hennings, directora del sitio de memoria Londres 38, destacó el impacto que la fuga tuvo en las familias, después de décadas esperando una sentencia. “Imagínate que estaba prófugo el 2022 y eso afecta mucho a los y las familiares”, señaló a este medio.

En esa línea, cuestionó las condiciones que permiten a los condenados eludir sus penas. A su juicio, el sistema no está suficientemente preparado para impedir estas situaciones, “porque siempre hay algunos que se fugan”. Aunque valoró la captura, recordó el tiempo que ha pasado para quienes siguen esperando justicia por sus seres queridos. “Son pequeñas gotitas de justicia que se van logrando”, expresó.

Condenado por siete desapariciones en dictadura

El proceso judicial tuvo varias etapas. Después de que una primera sentencia fuera anulada, la ministra Raquel Lermanda condenó en 2013 a los hermanos Barrueto a 10 años y un día como autores de siete secuestros calificados.

En 2019, la Corte de Apelaciones de Concepción los consideró cómplices y rebajó sus penas a seis años. La Corte Suprema revirtió esa decisión el 19 de octubre de 2022 y restableció tanto su responsabilidad como autores, como la pena de 10 años y un día.

Pero Luis Barrueto no se presentó a cumplir la condena definitiva. Desde entonces permanecía prófugo, hasta que la PDI lo encontró en La Araucanía.

El abogado de derechos humanos Francisco Bustos, del estudio Caucoto, valoró la captura y recordó que durante años han alertado sobre condenados que siguen sin cumplir sus penas.

“Los Estados tienen el deber de investigar, de juzgar, pero también de sancionar de modo proporcional y efectivo”, sostuvo. Agregó que “el que una persona condenada por desapariciones forzadas, por asesinatos o por torturas, evada la justicia es gravísimo”.

Por eso, calificó como “una excelente noticia saber que Luis Barrueto, condenado por el caso Santa Bárbara-Quilaco por la desaparición de personas, empiece ahora a enfrentar responsabilidad por los crímenes que cometió”.

Bustos también cuestionó que la edad de los condenados sea utilizada para evitar su ingreso a prisión. “Normalmente, las defensas tematizan el hecho de que los perpetradores de ayer hoy son personas de avanzada edad e intentan usar eso como una especie de argumento para la impunidad”, señaló.

Con la detención de Barrueto, quedan 12 personas del listado de prófugos difundido en septiembre por Caucoto Abogados pendientes de ser encontradas. Para las familias de las siete víctimas de Santa Bárbara, sigue pendiente otra respuesta: dónde están sus seres queridos.