El ministro de Justicia fue consultado sobre si su permanencia en el cargo está perjudicando al Gobierno, en medio de las críticas por los 56 condenados que accedieron a rebajas de penas y quedaron en libertad.
Sin embargo, Rabat evitó profundizar en los cuestionamientos a su continuidad en el cargo y se remitió a la decisión del presidente de la República, José Antonio Kast, quien ratificó su permanencia en la cartera.
“Bueno, yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República, habiendo ratificado a este Ministro de Justicia”, respondió el secretario de Estado al ser consultado sobre si su continuidad estaba entorpeciendo las labores del Ejecutivo, considerando los nuevos antecedentes conocidos, las amenazas de acusaciones constitucionales y los cuestionamientos a su participación en instancias parlamentarias.
Pederastas, violadores y abusadores sexuales liberados
La pregunta se produjo en medio de la controversia por los 56 casos de condenados que obtuvieron rebajas de penas y quedaron en libertad, situación que ha generado críticas al procedimiento y cuestionamientos políticos hacia la gestión del Ministerio de Justicia.
Ante las consultas sobre su responsabilidad en estos casos, Rabat ha insistido en que la cartera no tiene atribuciones para evaluar el mérito de las solicitudes, tarea que corresponde a una comisión especializada integrada por ministros de Cortes de Apelaciones, jueces, psicólogos y asistentes sociales.
Según ha explicado, el rol del ministerio se limita a verificar el cumplimiento de determinados requisitos y formalidades, sin ponderar los antecedentes particulares de cada condenado.
Proyectos después de la crisis
En paralelo, el secretario de Estado anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para modificar el procedimiento y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Entre las medidas propuestas está otorgar el carácter de antecedente calificado a los informes de Gendarmería de Chile para la evaluación de las solicitudes.
Rabat también señaló que se estudian alternativas para abordar los casos que ya derivaron en la liberación de los condenados, aunque reconoció que las gestiones administrativas estarán condicionadas por el avance de iniciativas legislativas presentadas en el Congreso.
Junto con ello, aseguró que el Ejecutivo está coordinando acciones con distintas instituciones para abordar la situación de las víctimas.
Pese a los cuestionamientos, el ministro cerró su respuesta sobre la continuidad en el cargo remitiéndose a la decisión presidencial, sin referirse directamente a si considera que su permanencia podría afectar políticamente al Gobierno.
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