Una nueva ofensiva contra el Gobierno del presidente José Antonio Kast abrió la oposición, luego de que un reportaje de BioBioChile revelara antecedentes de 33 pederastas condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas de penas durante la actual administración. Parlamentarios exigieron la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera, además de medidas urgentes para proteger a las víctimas ante eventuales riesgos de reincidencia.
Las reacciones surgieron tras la investigación de BBCL Investiga, que identificó a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores beneficiados mediante decretos de rebaja de condena dictados durante el Gobierno de Kast.
Los nuevos antecedentes intensificaron los cuestionamientos a la permanencia de las autoridades de Justicia, en medio de las críticas por la falta de información entregada a las víctimas y los alcances de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
Campillai y Manouchehri apuntan a Kast y exigen responsabilidades por rebajas de condenas
Una de las declaraciones más duras fue la de la senadora independiente, Fabiola Campillai, quien apuntó directamente al mandatario por mantener en sus cargos a quienes suscribieron los decretos.
“El presidente Kast dice asumir la responsabilidad por darles beneficio a criminales de la peor calaña, pero quienes firmaron los decretos aún están en el gobierno con su respaldo”, cuestionó.
En esa línea, sostuvo que el jefe de Estado no puede trasladar la responsabilidad a la institucionalidad y exigió consecuencias políticas.
“Que el presidente no le endose la responsabilidad al Estado, porque fue su gobierno quien le falló a las víctimas con el timbre y firma del ministro y del subsecretario de Justicia”, afirmó.
“Rabat y Silva deben renunciar, y deben hacerlo ya, porque su presencia en el gobierno les hace un daño profundo a las víctimas y también al país”, agregó la parlamentaria.
A las críticas se sumó el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien responsabilizó políticamente al Presidente por respaldar la continuidad del titular de Justicia.
“Kast protege a Rabat. Deberá responder por las decisiones pro-pederastas de su gobierno. Si uno solo de los beneficiados vuelve a abusar de un niño, haremos responsable a Kast. Tendrá que dar la cara ante las víctimas”, advirtió.
Schneider acusa falta de transparencia y exige explicaciones al Gobierno
Por su parte, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider calificó como “realmente macabra” la información conocida y acusó al Ejecutivo de actuar sin transparencia respecto de los beneficiados.
“El gobierno no ha dicho nada, no ha sido transparente, y por eso creo que esto reafirma lo arbitraria y lo discrecional que fue esta decisión, porque esto está alejado de cualquier criterio técnico de justicia”, sostuvo.
La parlamentaria también advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representan los condenados favorecidos con las rebajas y emplazó directamente al mandatario.
“Es hora de que remueva de su cargo al ministro Rabat, al subsecretario Silva, le transparente al país y a las víctimas a quienes dejaron libres y, de una vez por todas, expliquen por qué tomaron esta decisión”, exigió.
Schneider fue más allá y planteó que el Gobierno debe aclarar si estas decisiones guardan relación con eventuales beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos.
Oposición exige proteger a víctimas y estudia cómo revertir los decretos
En tanto, el diputado Jaime Araya pidió convocar un comité de emergencia para evaluar medidas de protección de las víctimas, advirtiendo que entre los beneficiados existen personas con alto riesgo de reincidencia.
“Ni las víctimas, ni sus familias saben si están nuevamente en riesgo, es urgente que el gobierno tome todas las medidas para garantizar la protección de las víctimas”, señaló.
Además, sostuvo que el Ejecutivo debe estudiar mecanismos para dejar sin efecto los decretos, invocando las atribuciones de invalidación administrativa contempladas en la Ley 19.880.
“La facultad existe, y el gobierno debe usarla”, aseguró Araya, en contraste con la postura que ha expresado el Ministerio de Justicia sobre la imposibilidad de revertir los beneficios.
Finalmente, el diputado comunista Luis Cuello también exigió la salida del ministro Rabat, al acusar que los antecedentes conocidos profundizan la crisis política del Ejecutivo.
“El Gobierno de Kast se desfonda política y moralmente. Rabat debe renunciar”, escribió en su cuenta de X.
Las declaraciones reflejan una nueva escalada de presión opositora sobre el Ministerio de Justicia, luego de que el Gobierno defendiera la legalidad de los decretos y descartara previamente la posibilidad de revertirlos.
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