Del "método Rabat" a la amenaza de destitución: el ocaso del ministro más dialogante de Kast

Hasta hace pocas semanas, Fernando Rabat era una de las excepciones dentro del gabinete del presidente José Antonio Kast. Mientras otros ministros enfrentaban dificultades para relacionarse con la oposición, el titular de Justicia había conseguido reconocimiento transversal por su disposición al diálogo y su capacidad para construir acuerdos.

Su estilo incluso había adquirido nombre propio: el “método Rabat”. Una fórmula que, en medio de las tensiones entre La Moneda y el Congreso, había convertido al secretario de Estado en uno de los interlocutores mejor evaluados por sectores políticos que habitualmente cuestionan al Ejecutivo.

Pero ese capital político comenzó a desmoronarse tras conocerse las rebajas de condenas otorgadas mediante decretos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

La controversia no solo instaló al ministro en el centro de los cuestionamientos, sino que abrió un flanco especialmente complejo para un gobierno que ha hecho de la seguridad y la protección de las víctimas parte central de su discurso.

Y lo que comenzó como una discusión sobre la interpretación de la ley terminó por convertirse en una amenaza para la continuidad política de Rabat.

Del reconocimiento a la acusación constitucional

Uno de los ejemplos más evidentes del cambio de escenario es el del diputado del PPD, José Montalva, quien anteriormente había destacado el denominado “método Rabat” y ahora considera que existen antecedentes para impulsar una acusación constitucional.

“La verdad es que no se entiende no solamente los hechos, sino cómo ha reaccionado el gobierno”, cuestionó, apuntando a las sucesivas explicaciones entregadas por el Ejecutivo.

Según advirtió, la controversia “no solamente genera incertidumbre, sino que genera la desesperanza de familias que vieron una condena y que después se rebaja”.

Su conclusión fue categórica: “Yo creo que aquí no hay otra alternativa que la acusación constitucional”.

Aunque también dejó abierta una última posibilidad para el ministro: “Si hay espacio para que el ministro hoy pueda revocar esas decisiones administrativas, que lo haga ya”.

El cambio de tono resulta significativo. Quien antes destacaba la capacidad de entendimiento del secretario de Estado ahora plantea recurrir a uno de los mecanismos más severos de fiscalización política contemplados en la Constitución.

Y Montalva no está solo.

La bancada del Frente Amplio exigió al presidente Kast solicitar la renuncia de Rabat, mientras el diputado comunista Luis Cuello sostuvo que las rebajas de penas dejan al titular de Justicia en una “posición indefendible”.

“Él fue desmentido por la Corte Suprema. A mi juicio, el ministro de Justicia debe dar un paso al costado, debe renunciar”, afirmó Cuello, sin perjuicio de las acciones que la oposición pueda definir conjuntamente.

El cuestionamiento apunta también a las explicaciones del ministro, quien reconoció un cambio de criterio administrativo tras los pronunciamientos judiciales, pero defendió la aplicación de la normativa.

La controversia se profundizó luego de que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordara que fue el Ministerio de Justicia el que dictó los decretos en ejercicio de sus facultades legales.

A ello se sumó otro antecedente políticamente incómodo, según reveló el propio Rabat: el propio presidente Kast desconocía el cambio de criterio aplicado por la cartera.

Las dudas también llegan al oficialismo

Pero las dificultades de Rabat no se limitan a la oposición. En el oficialismo también reconocen que el escenario se ha complicado y que la defensa del ministro no será a todo evento.

“Está difícil”, admite una fuente del sector, mientras otra califica de “indefendible” la controversia, especialmente por la gravedad de los delitos involucrados.

A ello se suman cuestionamientos que, fuera de micrófono, algunos parlamentarios oficialistas han dirigido contra los asesores del ministro. Las críticas apuntan a la falta de experiencia de integrantes de su equipo y a dificultades para comprender las dinámicas políticas y administrativas de un gobierno.

La incomodidad se ha expresado públicamente. La diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) llegó hasta el ministerio para reunirse con Rabat y el subsecretario, solicitando que se haga todo lo posible para revertir las decisiones.

“El presidente Kast fue claro en decir que iba a colocar a los niños primero, por lo tanto, yo le exijo al gobierno que no puede aceptar que estos abusadores tengan beneficios”, sostuvo.

Desde el Partido Republicano, en tanto, los diputados Valentina Becerra y Luis Fernando Sánchez plantearon la necesidad de modificar la legislación para restringir las rebajas de condenas por delitos graves.

Sánchez relató que Rabat les explicó que las decisiones respondían a un criterio judicial de larga data, mientras Becerra reconoció que el ministerio estaba aplicando su interpretación de la legislación vigente.

Así, mientras parte del oficialismo busca corregir el marco legal, también comienzan a aparecer dudas sobre el costo político que terminará asumiendo el titular de Justicia.

Una acusación que todavía divide a la oposición

La amenaza más concreta para Rabat se está configurando en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la oposición evalúa recurrir a una acusación constitucional.

Hasta ahora, la Democracia Cristiana es la colectividad que ha fijado una posición oficial como bancada, mientras los demás partidos analizan las alternativas. Para este viernes está prevista una reunión de sectores opositores en la que se espera abordar los pasos a seguir.

El Partido Socialista también comenzó a organizarse. Su mesa directiva, junto al jefe de bancada, Raúl Leiva, convocó a un punto de prensa para este viernes, en el que abordará la eventual presentación de una acusación constitucional por los decretos de rebaja de condenas.

Sin embargo, la ofensiva todavía enfrenta diferencias internas.

Mientras algunos parlamentarios consideran que existen fundamentos constitucionales para acusar al ministro, otros advierten que no estarían los votos necesarios para que la acción prospere.

En medio de las conversaciones opositoras, el Partido de la Gente (PDG) aparece como una pieza relevante para una eventual acusación constitucional. Y aunque diputados de la colectividad han cuestionado duramente las rebajas de condenas y exigido responsabilidades políticas, hasta ahora no han comprometido públicamente su respaldo a una acusación contra Rabat.

La discusión en la oposición enfrenta dos posiciones: quienes sostienen que la gravedad de los hechos amerita una acusación, independientemente de sus posibilidades de éxito, y quienes consideran inconveniente impulsar una ofensiva destinada a fracasar.

Por ahora, la acusación no está presentada y tampoco existe certeza sobre los respaldos que podría reunir. Pero su sola discusión instala una nueva presión sobre el ministro.

De hecho, el Partido Comunista, por ejemplo, optó por priorizar una sesión especial de la Cámara, dejando una eventual interpelación para una segunda etapa, dependiendo de las explicaciones que entregue el Ejecutivo.

El futuro del “método Rabat”

El contraste con septiembre es evidente. Entonces, el ministro era destacado por una fórmula que combinaba trabajo legislativo, presencia en el Congreso y disposición a escuchar a sectores ajenos al Gobierno.

El propio Montalva había resumido esa valoración con una frase que hoy adquiere otro significado: “Escuchar no debilita la seguridad, la mejora”. Era una de las virtudes que atribuía a Rabat al compararlo con las dificultades del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Poco más de un mes después, el mismo parlamentario considera que no existe otra alternativa que una acusación constitucional.

La paradoja es que Rabat construyó buena parte de su reconocimiento político fuera del oficialismo, precisamente entre sectores que ahora cuestionan sus decisiones y exigen responsabilidades.

El ministro mantiene su defensa jurídica, basada en la interpretación de la Corte Suprema y en las obligaciones que, según sostiene, impone la legislación. Pero el debate dejó de estar circunscrito a la legalidad de los decretos y se trasladó a sus consecuencias políticas y al trato hacia las víctimas.

Cabe destacar que su continuidad no ha sido puesta públicamente en duda por La Moneda y todavía no existe una acusación constitucional formalizada. Sin embargo, las exigencias de renuncia, las deliberaciones opositoras y las reservas que comienzan a manifestarse en el oficialismo dibujan un escenario muy distinto al que enfrentaba semanas atrás.

El “método Rabat”, que hasta hace poco era presentado como una fórmula para construir acuerdos en un Congreso dividido, enfrenta ahora una prueba que no depende de conseguir votos para una iniciativa legislativa, sino de recuperar la confianza política que el ministro había logrado construir.

Y esa confianza, hasta ahora su principal fortaleza, es precisamente la que dinamitó tras la controversia.