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A nuestros niños, niñas y adolescentes quiero decirles algo muy sencillo: su cuerpo les pertenece. Nadie tiene derecho a tocarlos sin su consentimiento, a obligarlos a guardar secretos que les hagan daño ni a aprovecharse de su confianza. Aprendan a decir que no, incluso cuando se trate de alguien conocido, de alguien cercano o de una persona a quien quieren.
Estos son los consejos que damos a nuestros hijos y nietos. Son las palabras que repetimos en las escuelas, en nuestros hogares y en cada campaña de prevención del abuso sexual infantil.
¿Con qué autoridad moral les pedimos a nuestros niños que denuncien, a las familias que confíen en la justicia y que no tengan miedo de hacerlo, si después es el Gobierno el que decide aliviar el castigo de quienes destruyeron su confianza, de quienes abusaron sexualmente o de quienes los violaron y que fueron condenados por la Justicia?
Aquí termina el consejo y comienza la responsabilidad política.
No estamos hablando de una discusión administrativa ni de un simple ajuste de penas. Estamos hablando de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad: 29 por violación y 27 por abuso sexual, a quienes el Ministerio de Justicia del gobierno de Kast otorgó rebajas de condena.
Veintinueve condenados por violación. Veintisiete condenados por abuso sexual. Cincuenta y seis rebajas de pena. Detrás de estas cifras hay víctimas de una de las atrocidades más graves que puede cometer un adulto.
No son cifras abstractas ni simples expedientes judiciales. Detrás de cada condena hay víctimas, infancias heridas y familias que debieron enfrentar el dolor, el miedo y un largo camino para conseguir justicia. Hay niños y niñas que encontraron el valor para contar lo que les hicieron, que debieron enfrentar interrogatorios, peritajes y procesos judiciales para que finalmente alguien les dijera que se había hecho justicia.
Y ahora debemos explicarles por qué quienes fueron condenados reciben un beneficio que reduce su castigo y, lo que es peor, que podría significar que vuelvan antes a la calle. Eso exige una explicación moral que el Gobierno no puede eludir.
Un Estado democrático se mide por la manera en que protege a quienes tienen menos posibilidades de defenderse. Y pocas responsabilidades son tan importantes como proteger a la infancia frente a la violencia sexual.
No basta con discursos solemnes, campañas publicitarias o declaraciones de buenas intenciones. La protección de los menores exige coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.
No podemos pedirles a las víctimas que confíen en las instituciones mientras adoptamos decisiones que pueden debilitar esa confianza. No podemos hablar de tolerancia cero frente al abuso sexual infantil y después tratar sus consecuencias penales como una cuestión secundaria. La infancia no puede convertirse en la letra pequeña de una decisión política.
El Ministerio de Justicia sostiene que las rebajas responden a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a la aplicación de la legislación anterior a 2022. Ese argumento merece ser examinado con rigor.
Pero respetar la ley no significa renunciar a exigir explicaciones. El Gobierno debe transparentar los fundamentos de cada resolución, los criterios utilizados y las medidas adoptadas para proteger a las víctimas. Además, si existe una facultad prudencial del Ejecutivo para rechazar estas solicitudes, corresponde explicar por qué decidió concederlas.
Presidente Kast, proteger a los niños no consiste solamente en pronunciar discursos contra el delito. Consiste también en asumir la responsabilidad por las decisiones que adopta su Gobierno, especialmente cuando afectan a las víctimas más vulnerables, a los más indefensos los niños y niñas de nuestro país.
Es de esperar que esta decisión de beneficiar a 29 condenados por violación y a 27 por abuso sexual contra menores no responda a la intención de justificar otros indultos que cuentan con el respaldo de su sector político. No se puede utilizar el dolor de niños y niñas víctimas de estos delitos para justificar decisiones políticas que deben evaluarse por sus propios méritos.
No se trata de buscar aplausos fáciles ni de convertir el sufrimiento infantil en una disputa partidista. Se trata de exigir que la protección de la infancia sea una prioridad real, verificable y permanente.
Los niños no necesitan un Estado que les prometa protección de lunes a viernes y que después les responda con expedientes incomprensibles cuando preguntan por sus agresores. Necesitan un Estado que esté presente antes del abuso, que los acompañe después y que nunca los deje solos frente a las consecuencias.
Porque cuando un niño se atreve a decir «me hicieron daño», toda la fuerza moral de una democracia debe estar a la altura de esas palabras.
El verdadero compromiso de un país con su infancia no se mide por cuánto habla de ella, sino por cuánto está dispuesto a hacer para protegerla.
La infancia se defiende con hechos. La justicia se sostiene con responsabilidad. Y la dignidad de nuestros niños y niñas no puede quedar relegada a un trámite administrativo o a una facultad que el presidente decidió usar.
