Una reforma constitucional para impedir que condenados por violación y abuso sexual accedan a rebajas de penas amparándose en legislaciones anteriores presentó la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN). La iniciativa también busca dejar sin efecto beneficios otorgados administrativamente durante los seis meses previos a la entrada en vigencia de la eventual modificación.
La propuesta, impulsada por la diputada Ximena Ossandón (RN), surge en medio de la controversia por los 56 decretos de rebaja de condena dictados por el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre de 2026, correspondientes a 27 condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación, según publicó Interferencia.
De acuerdo con cifras difundidas por Emol, durante los últimos gobiernos se han concedido 332 beneficios, de los cuales 276 corresponden a la administración de Gabriel Boric y 56 al actual gobierno del presidente José Antonio Kast.
El debate tiene como antecedente la Ley 21.421, aprobada en 2022, que excluyó de los beneficios de reducción de condena a personas sentenciadas por determinados delitos sexuales contra menores de edad.
Sin embargo, su aplicación a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia ha generado distintas interpretaciones judiciales, incluyendo pronunciamientos de la Corte Suprema durante 2026.
¿Qué propone la reforma constitucional?
Frente a este escenario, la bancada RN plantea incorporar una nueva disposición al artículo 19 de la Constitución, para establecer que los beneficios de reducción de condena y otros mecanismos de término anticipado de penas para condenados por delitos sexuales se rijan por la legislación vigente al momento de resolver su otorgamiento.
De esta manera, la iniciativa busca que las restricciones actuales también se apliquen a solicitudes de personas condenadas por delitos cometidos antes de las modificaciones legales.
Además, contempla que la nueva regla se aplique a todos los procedimientos pendientes de resolución, independientemente de cuándo se cometió el delito.
Otro de los puntos establece que los beneficios concedidos mediante resoluciones administrativas durante los seis meses anteriores a la publicación de la eventual reforma quedarán sin efecto automáticamente.
El proyecto precisa que no busca modificar retroactivamente las penas impuestas por los tribunales, sino establecer las condiciones para acceder a reducciones del tiempo efectivo de privación de libertad.
Parlamentarios defienden la iniciativa
La diputada Ximena Ossandón sostuvo que la propuesta busca establecer restricciones más claras para quienes cumplen condenas por delitos sexuales.
“No podemos tolerar que violadores y abusadores reduzcan sus penas y se amparen en regímenes legales que ya tenemos superados como sociedad”, afirmó.
Por su parte, la diputada Claudia Mora señaló que “no podemos permitir que las contradicciones en la interpretación de la ley terminen abriendo espacios para reducir condenas que deben cumplirse efectivamente”.
En tanto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) recordó que en 2022 se aprobó una legislación destinada a restringir estos beneficios, aunque su aplicación a condenas anteriores sigue generando controversia.
“Esto tiene que terminar. Por eso, hemos presentado una reforma para que esta prohibición sea sin excepciones y cerrar la puerta a estos beneficios”, manifestó.
La iniciativa cuenta con el respaldo de otros parlamentarios de RN y deberá cumplir su tramitación legislativa antes de entrar en vigencia.
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