El Partido Socialista (PS) exigió al Gobierno revisar e invalidar los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos. La colectividad cuestionó directamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, recordando su pasado como abogado defensor de Augusto Pinochet.
Mediante una declaración pública, la colectividad calificó la situación como vergonzosa e inaceptable y apuntó directamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su responsabilidad política al frente de la cartera.
“Resulta especialmente grave que estas decisiones provengan de un Ministerio de Justicia encabezado por quien fue abogado defensor de Augusto Pinochet”, sostuvo el PS, poniendo nuevamente en discusión el pasado profesional del secretario de Estado.
La ofensiva socialista se produce luego de conocerse que, entre marzo y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que favorecieron a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.
A estos antecedentes se sumó una investigación de BioBioChile que reveló que la cartera también concedió reducciones de penas a dos internos de Punta Peuco, condenados por secuestro calificado y tortura, respectivamente.
De hecho, el propio ministro Rabat confirmó la firma de ambos decretos.
PS exige responsabilidades por rebajas de penas a violadores
En su declaración, el Partido Socialista acusó una contradicción entre las decisiones adoptadas por Justicia y las promesas del Ejecutivo en materia de seguridad y protección de la infancia.
“El Gobierno prometió que los niños estarían primero y que no habría beneficios para condenados por delitos graves. Hoy esas promesas quedan profundamente cuestionadas por decisiones que pueden abrir espacios de impunidad”, afirmó la colectividad.
En esa línea, exigió transparentar los antecedentes que justificaron las resoluciones y determinar las eventuales responsabilidades políticas y administrativas.
La controversia también abrió un debate jurídico. Rabat ha defendido la actuación de su cartera argumentando que responde a la interpretación de la Corte Suprema sobre una reforma legal de 2022, que excluyó de este mecanismo a condenados por determinados delitos sexuales contra menores.
Según el ministerio, dicha restricción no puede aplicarse retroactivamente a hechos cometidos antes de su entrada en vigencia.
Crece presión política contra Rabat
El pronunciamiento del PS se suma a las acciones que distintos sectores políticos han impulsado para esclarecer las decisiones del Ministerio de Justicia.
Desde el Partido Comunista resolvieron solicitar una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar las responsabilidades del Gobierno, dejando abierta la posibilidad de una posterior interpelación a Rabat.
En paralelo, parlamentarios de Renovación Nacional presentaron una reforma constitucional destinada a modificar las reglas de aplicación temporal de estos beneficios penitenciarios.
Así, mientras el Ejecutivo defiende la legalidad de las resoluciones, la controversia continúa escalando políticamente, ahora con el Partido Socialista exigiendo establecer responsabilidades por las decisiones adoptadas.
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