Araya, los acuerdos y la cuenta que paga el PPD

En política existe una curiosa costumbre: cuando un acuerdo resulta conveniente, abundan quienes quieren aparecer en la fotografía; cuando llegan las consecuencias, la cuenta suele terminar a nombre del partido. Y, como ocurre con las cuentas compartidas, no siempre la pagan quienes hicieron el pedido.

La centroizquierda no puede renunciar a los acuerdos. Sería desconocer parte de su propia historia. Pero tampoco puede renunciar a su identidad, a la coherencia de sus decisiones ni a la responsabilidad de quienes ejercen representación política bajo su nombre. Porque negociar es una herramienta democrática; representar es una responsabilidad política. Y aunque ambas deben convivir, no significan lo mismo.

El caso del senador Pedro Araya ha quedado atrapado entre quienes defienden su derecho a negociar con el gobierno de José Antonio Kast y quienes respaldan su salida de la Comisión de Constitución. Dos posiciones que terminan ocultando lo fundamental. El problema no es conversar con un gobierno de signo contrario, sino cómo se construyen esos entendimientos, qué objetivos persiguen y a quién se representa cuando se alcanzan.

Conviene mirar hacia atrás, porque esta historia no comenzó con la remoción de Araya. En agosto, la dirigencia metropolitana del PPD ya había solicitado examinar eventuales infracciones a la disciplina partidaria. Luego vinieron nuevos desacuerdos que tensionaron la relación entre el senador, su colectividad y sus aliados.

El 1 de octubre, los comités opositores se desmarcaron de sus conversaciones sobre seguridad, mientras desde el propio PPD se señalaba que actuaba a título personal. No fue una controversia surgida de la noche a la mañana, sino una acumulación de diferencias que nadie consiguió resolver oportunamente.

Las formas importan, especialmente entre aliados. El Partido Socialista pudo conducir y comunicar de mejor manera la decisión de reemplazar a Araya. El senador ha cuestionado cómo se enteró y la mesa nacional del PPD ha señalado que no fue consultada. Son reparos atendibles. Sin embargo, tampoco corresponde presentar lo ocurrido como una decisión exclusivamente socialista cuando Ricardo Celis, senador del propio PPD, suscribió la solicitud. Cuestionar el procedimiento es legítimo; utilizarlo para borrar los antecedentes del conflicto es otra cosa.

Hoy algunos levantan, con razón, la bandera de la independencia del PPD frente al PS. Nuestro partido no es ni debe convertirse en el apéndice de otra colectividad. Pero esa defensa abre una pregunta incómoda: ¿de qué autonomía hablamos si exigimos respeto por nuestras decisiones desde afuera, mientras seguimos sin resolver cómo se respetan y representan hacia adentro?

La independencia partidaria no puede confundirse con la libertad irrestricta de cada parlamentario para actuar por cuenta propia, ni la disciplina colectiva puede transformarse en una prohibición para pensar distinto. La autonomía parlamentaria es legítima, pero no significa inmunidad política; y la lealtad partidaria tampoco puede significar obediencia ciega.

Araya sostiene que la conducción del PPD conocía sus conversaciones sobre seguridad y respaldaba su trabajo. Si aquello fue así, corresponde aclarar qué respaldo existía, quién lo entregó y cómo se relacionaba con las posiciones del resto de la oposición. Porque conocer una negociación, respaldar sus objetivos y autorizar una representación colectiva son cuestiones distintas.

También se recuerdan las negociaciones anteriores de Ricardo Celis y otros parlamentarios del PPD. La comparación es pertinente, pero no resuelve el problema. ¿La existencia de otros acuerdos controvertidos justifica dejar de exigir coherencia o demuestra que debemos comenzar a exigírsela a todos, sin excepciones? La responsabilidad política no puede depender de nuestras simpatías o conveniencias.

Y tampoco debemos perder de vista el contenido. La seguridad exige respuestas concretas y acuerdos amplios, pero una reforma constitucional que involucra atribuciones extraordinarias del Estado también requiere examinar sus límites y garantías democráticas. No basta con celebrar la disposición a negociar para concluir que una propuesta es correcta, ni corresponde acusar a quien discrepa de oponerse a combatir la delincuencia.

El problema supera a Araya, al PS y al PPD. Tenemos una oposición que conversa, negocia y participa en distintas mesas, pero que todavía muestra dificultades para construir posiciones reconocibles y compartidas. Los desacuerdos se acumulan, las decisiones avanzan por caminos diferentes y sus consecuencias terminan convertidas en nuevas disputas internas, mientras las preocupaciones ciudadanas siguen esperando respuestas.

El PS debe responder por las formas; Araya, por sus decisiones; Celis, por su participación; y la conducción del PPD, por su capacidad de encauzar un conflicto que llevaba meses acumulándose. Reconocer responsabilidades no significa equipararlas, sino comprender que una crisis de esta naturaleza difícilmente tiene un solo protagonista.

La centroizquierda necesita recuperar una vocación de acuerdos sustentada en un proyecto político común, no únicamente en la capacidad negociadora de sus parlamentarios. Dialogar no es claudicar, discrepar no es traicionar y representar tampoco puede significar actuar sin rendir cuentas. Pero para exigir coherencia a nuestros representantes, primero debemos construirla colectivamente.

Quizás estamos demasiado concentrados en quién perdió una presidencia, quién firmó un oficio o quién consiguió imponer su posición, y demasiado poco preocupados de qué proyecto político ofrecemos al país. La verdadera independencia de un partido no se demuestra solamente frente a sus aliados, sino también en su capacidad de deliberar, tomar decisiones y hacerlas respetar por quienes lo representan.

Esa es la cuenta pendiente del PPD y de una centroizquierda que necesita dejar de confundir la suma de voluntades individuales con un proyecto colectivo. Porque en política las decisiones pueden llevar una firma individual, pero la factura de sus consecuencias casi siempre llega a nombre de todos.

Ernesto Fernández León
Comunicador Gráfico.
Magíster en Comunicación Estratégica.