El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reconoció que cambió el criterio que venía aplicando el Gobierno anterior para resolver solicitudes de rebajas de condena a violadores y abusadores sexuales de menores. Sin embargo, pese a la controversia, aseguró que mantendría esa interpretación jurídica mientras no se modifique la legislación.
En entrevista con Meganoticias Prime, el secretario de Estado explicó que inicialmente también rechazó solicitudes de este tipo, pero posteriormente modificó su postura tras resoluciones judiciales dictadas durante marzo y abril.
“Yo lo rechacé también, pero atendidas las resoluciones que se dictaron en los meses de marzo y abril, modifiqué el criterio”, sostuvo.
El reconocimiento confirma un cambio respecto del procedimiento aplicado durante el Gobierno de Gabriel Boric, cuando el Ministerio de Justicia rechazaba estas solicitudes y dejaba en manos de los tribunales la posibilidad de revertir las decisiones mediante recursos de amparo.
Rabat cuestionó esa estrategia y acusó a la administración anterior de no enfrentar el problema, argumentando que existían 276 resoluciones judiciales que habían revertido decisiones administrativas.
Rabat mantendrá el criterio pese a la controversia
Consultado sobre qué haría si recibiera una nueva solicitud de rebaja de condena por violación de menores, el ministro aseguró que volvería a aplicar la misma interpretación jurídica.
“El 11 de marzo juré respetar la Constitución y la ley, y seguiría por lo tanto resolviendo estas cuestiones de la misma materia, porque es la forma como la Constitución y la ley hoy regulan esa materia”, respondió.
Ante la insistencia de los periodistas sobre por qué no mantenía el criterio anterior, rechazando las solicitudes para que fueran resueltas por los tribunales, Rabat defendió su decisión.
“Normalmente lo que hago es resolver los problemas y no trasladárselos a otros”, afirmó.
Y es que su argumento apunta a que la modificación legal de febrero de 2022, que excluyó de estos beneficios a condenados por determinados delitos sexuales, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los hechos antes de su entrada en vigencia.
Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, ha precisado que cada caso debe analizarse individualmente y que las decisiones administrativas del ministerio no necesariamente pasan por una revisión judicial.
Sin embargo, Rabat aseguró que actualmente no tiene solicitudes pendientes de esa naturaleza y anunció que el Ejecutivo impulsará modificaciones legales para impedir que se repitan situaciones similares.
Kast desconocía los casos específicos
Otro de los antecedentes revelados durante la entrevista apunta al conocimiento que tenía el presidente José Antonio Kast sobre las rebajas de condena.
Consultado directamente sobre si el mandatario estaba informado de los casos específicos, Rabat aseguró que no, debido a que se trataba de decisiones administrativas adoptadas por su cartera.
“No estaban en conocimiento de esta situación, porque esas son decisiones que adopta el ministro de Justicia”, respondió.
La explicación surgió luego de que los periodistas advirtieran que los decretos fueron emitidos bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.
Al respecto, el ministro sostuvo que esa expresión corresponde a un mecanismo de delegación de facultades establecido en la legislación.
De esta forma, Rabat aseguró que Kast no estaba informado de las resoluciones particulares, aunque no precisó si el mandatario conocía el cambio de criterio jurídico aplicado por Justicia.
Víctimas no fueron notificadas
La entrevista también abordó la situación de las víctimas de los delitos sexuales, quienes no fueron notificadas de las rebajas de condena concedidas a sus agresores.
Ante las consultas, Rabat explicó que el procedimiento vigente no contempla esa obligación.
“No está previsto en el sistema, no está previsto en el sistema”, sostuvo.
Consultado sobre la falta de empatía hacia las víctimas, más allá de las exigencias legales y considerando la gravedad de los delitos, Rabat volvió a remitirse a los procedimientos establecidos por la ley.
“Tiene toda la razón”, respondió el ministro, aunque insistió en que corresponde a las comisiones especiales evaluar los antecedentes de los condenados, mientras que el Ministerio de Justicia se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos objetivos.
Finalmente, Rabat insistió en que el Ejecutivo respaldará las iniciativas parlamentarias destinadas a modificar la normativa y presentará un proyecto propio para evitar que se repitan situaciones similares.
Así, mientras el ministro reconoce haber cambiado el criterio administrativo y anticipa que lo mantendría ante nuevas solicitudes, la controversia también deja al descubierto que el Presidente no estaba informado de los casos específicos y que las víctimas no fueron notificadas de los beneficios.
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