Temor en conductores: incierto inicio de la Ley Uber podría forzar un "apagón" de las aplicaciones

“Mientras no esté este software, nosotros no vamos a poder trabajar”. Total incertidumbre tienen los conductores de aplicaciones de transporte y las propias empresas ante la inminente entrada en vigencia de la Ley EAT (Empresas de Aplicaciones de Transporte), conocida coloquialmente como “Ley Uber”.

Si bien la ley fue promulgada en abril de 2023 y la toma de razón de Contraloría ocurrió en marzo del año pasado, su reglamento está sujeto a la implementación de una plataforma tecnológica para registro, hito que más de un dolor de cabeza ha causado en el Ministerio de Transportes (MTT), liderado por Juan Carlos Muñoz.

Luego de dos fracasos en la licitación para el desarrollo del software de registro, el MTT consiguió adjudicar el proyecto a la empresa Arkhotech SpA, recién a inicios de este mes, dejando muy poco tiempo para su implementación, si es que se cumple con la intención de dejar todo andando antes del término de esta administración.

Piden garantías

“Mientras no esté este software, nosotros no vamos a poder trabajar, porque no tenemos dónde inscribirnos para el Registro Nacional de Conductores. Todavía nadie nos da ningún tipo de garantía”, comentó Fabián Constanzo, presidente del Sindicato de Conductores de Aplicaciones.

Desde el gremio están preocupados y dicen que no han tenido respuesta del ministerio. En tanto, las plataformas Uber, Cabify y Didi, agrupadas en Alianza In, también levantan alertas.

“Hemos escuchado en voz del mismo ministro (Muñoz) en instancias tan importantes como la Cámara de Diputados, la intención de querer dejar el reglamento publicado, en razón de que se sabe que la plataforma no estará lista en las pocas semanas que quedan para que termine este Gobierno. Lo que no hicieron en cuatro años, vemos difícil que puedan hacerlo de forma improvisada”, afirmó Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In.

Temen un “blackout”

Si se pone en marcha el reglamento sin la plataforma para el registro, “la ‘Ley Uber’ quedaría activa y empiezan a correr los plazos y empieza a cumplirse la ley. Entonces, prácticamente, obliga a las aplicaciones a hacer un blackout (apagado) de sus servicios hasta que estén las condiciones”, estima Constanzo.

Al funcionar fuera del registro, los conductores se expondrían a multas millonarias y las aplicaciones, a que se extingan sus permisos para operar en Chile.

Otro punto de atención es qué pasará en las municipalidades con la exigencia de licencia profesional. Se estima que son cerca de 140.000 los conductores que actualmente trabajan en las apps y solo el 35% de ellos cuentan con el requisito. El resto todavía está haciendo los cursos.

Podría generarse un cuello de botella en las direcciones de Tránsito de cada comuna. Sabat explicó que los municipios a nivel nacional tienen capacidad para emitir 70 mil licencias en un año, de todo tipo. El desafío será responder a una demanda que superará ese número, solo de licencias profesionales.

Ley Uber: Transportes mantiene la incertidumbre

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, reafirmó el interés por poner en marcha el registro, aunque sin responder si esto ocurrirá antes del 11 de marzo o no.

Daza detalló que “estamos trabajando en todos los aspectos clave para continuar avanzando en la implementación del registro y de la plataforma en el marco de la ley, entendiendo además la importancia que tiene esta normativa para muchas personas, tanto empresas, conductores, como así también para los propios usuarios”.

“Esperamos que la empresa adjudicataria pueda comenzar con su trabajo en las próximas semanas, de manera de cumplir con un hito más en el calendario de implementación que nos hemos trazado”, expuso Daza.

Sin embargo, para Sabat “lo más pertinente es que tanto la publicación del reglamento como la adjudicación de la licitación quede en manos del próximo gobierno, ya que serán ellos los encargados de implementar”.

Mientras sigue la falta de certezas, los conductores lamentan que, pese a que ya pagan sus impuestos, igualmente se exponen a multas y al retiro de sus vehículos.

“El Ministerio del Trabajo nos reconoce como trabajadores de plataformas digitales, pero el Ministerio de Transportes nos trata como ilegales, piratas, siendo que nosotros estamos haciendo el aporte tributario que se nos exige. No entendemos por qué tenemos esas diferencias y nunca se nos ha dado una respuesta concreta”, puntualizó Constanzo.