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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía realizó allanamientos en los hogares de dos ex altos ejecutivos de Codelco, Mauricio Barraza Gallardo y Claudio Sougarret Larroquete, implicados en la investigación por la muerte de seis trabajadores en la División El Teniente en 2025. Ambos fueron apartados de la empresa en febrero de 2026. También se registraron dependencias corporativas en Santiago y Rancagua, buscando incautar dispositivos electrónicos para análisis pericial. Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, declaró como testigo en la investigación.

La Fiscalía llevó a cabo diversas diligencias en el marco de la indagatoria por cuasidelito de homicidio, causa que busca esclarecer la muerte de seis trabajadores ocurrida en julio de 2025 en la División El Teniente de Codelco, ubicada en la comuna de Machalí.

De acuerdo con antecedentes obtenidos por Radio Bío Bío, durante la jornada se realizaron allanamientos en los domicilios de dos personas imputadas en la investigación: Mauricio Barraza Gallardo, exvicepresidente de Operaciones de Codelco, y Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de la División El Teniente.

Cabe precisar que ambos fueron apartados de sus cargos en la estatal el pasado 13 de febrero de 2026.

Los procedimientos también incluyeron dependencias corporativas en Santiago y Rancagua, donde la estatal entregó todo lo requerido a los equipos policiales.

En las diligencias participa un equipo multidisciplinario junto a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la coordinación del Ministerio Público.

El propósito de los allanamientos es incautar equipos electrónicos y otros dispositivos, los cuales serán sometidos a análisis pericial por especialistas de la PDI, con el fin de determinar posibles responsabilidades de carácter penal.

Recordemos que el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, prestó declaración este miércoles ante la Fiscalía Regional de O’Higgins en calidad de testigo, dentro de la investigación por el accidente que terminó con la vida de seis operarios.

Todo esto ocurre en un escenario complejo para la cuprífera estatal, marcado por eventuales responsabilidades penales y civiles, además de una denuncia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que apunta a un supuesto ocultamiento de información técnica tras una tronadura registrada en 2023.