Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) se une a la consulta presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para impugnar los aranceles de la gratuidad, denunciando que no reflejan el costo real de formar estudiantes con ese beneficio, generando desequilibrio financiero en las instituciones. El reclamo inició con universidades privadas y ahora se suma el CRUCH, presionando al Ministerio de Educación.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) decidió hacerse parte de la consulta presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la fórmula con que el Gobierno fijó los aranceles de la gratuidad, sumándose así a la acción iniciada por universidades privadas y elevando la presión sobre el Ministerio de Educación, que descarta preocupación por la ofensiva judicial.
El punto de fondo para las instituciones, es que los aranceles regulados no reflejan el costo real de formar a estudiantes con gratuidad y terminan generando un desequilibrio financiero para las casas de estudio.
Universidades presentan obervaciones por aranceles de gratuidad
Fue en noviembre de 2025 cuando la Universidad Finis Terrae, junto con otras instituciones privadas de educación superior, presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, tras un problema que, según señalan, los perjudica con respecto a la política de la gratuidad.
El cuestionamiento de las universidades apunta hacia dos resoluciones exentas emitidas por la Subsecretaría de Educación Superior, que establecen cuánto dinero van a recibir las universidades por cada estudiante que acceda al beneficio de la gratuidad, y qué pueden cobrar por costo de matrícula y titulación.
Desde las universidades señalan que estos nuevos aranceles no reflejan los costos reales que puede generar el impartir una carrera profesional, especialmente en instituciones privadas, alegando además que existe una suerte de discriminación que implica una disminución de aproximadamente 26 mil millones de pesos anuales para las universidades privadas.
Sobre el mismo punto, distintos rectores han consignado anteriormente que estos nuevos aranceles benefician a otro tipo de universidades, en desmedro de las privadas.
El abogado de Estudio Lizana, Tomás Appelgren, explicó que esta disyuntiva busca ahondar en el carácter técnico de la metodología utilizada por la Subsecretaría de la Educación Superior para establecer estos aranceles que han causado disconformidad.
El 11 de febrero, el Consejo de Rectores se sumó a la consulta ante el Tribunal de Libre Competencias en representación de las 30 universidades que lo componen, aumentando la presión sobre el Ministerio de Educación.
En ese sentido, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María y presidente de la Red de Universidades G9, Juan Yuz, aseguró que hoy es importante avanzar en una política de aranceles regulados que sea coherente y de estabilidad al sistema.
Mineduc descarta preocupación
Desde el G9 han participado activamente en conjunto con el CRUCH por medio de observaciones al sistema, las cuales, según indicó Yuz, no fueron acogidas como esperaban.
Ahora, a pesar del aumento de presiones por parte de las universidades, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, consignó en El Mercurio que el hecho de que más instituciones se unan no les genera ninguna preocupación dentro de la cartera, asegurando que las universidades están en todo su derecho de llevar adelante las acciones judiciales que la ley les permita.
*Tras la siguiente nota aclaratoria enviada por el Cruch, el titular original de la nota fue modificado al actual.*
Nota aclaratoria CRUCH:
En relación con la publicación titulada “CRUCH se suma a reclamo de universidades contra aranceles de gratuidad”:‘No cubren costos reales’”, publicada el 18 de febrero de 2026 en BioBioChile, el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) desea realizar la siguiente aclaración.
El CRUCH se ha hecho parte del proceso de observación y consulta que algunas universidades han presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de la metodología de fijación de aranceles de gratuidad, con el objetivo de que dicho proceso técnico sea transparente y, a la vez, riguroso.
No obstante, no es la intención del CRUCH impugnar el proceso de regulación de aranceles en su conjunto ni oponerse al avance de políticas públicas en esta materia. Por el contrario, el CRUCH considera fundamental avanzar hacia una política de aranceles regulados que sea coherente, estable y que otorgue certezas al sistema de educación superior, contribuyendo así a la sustentabilidad de las instituciones y a la calidad de la formación que entregan.
En ese sentido, la participación del CRUCH en instancias técnicas y jurídicas tiene por objeto aportar análisis, evidencia y propuestas que fortalezcan el diseño institucional de este marco regulatorio.
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