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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Defensoría de la Niñez está oficiando a instituciones mencionadas en el informe de la Contraloría por contratar a personas inhabilitadas para trabajar con menores. Buscan conocer acciones correctivas, antecedentes de contrataciones y medidas preventivas. Solicitan además una reunión con la contralora para abordar la situación colaborativamente. Destacaron también la importancia de velar por derechos de la niñez y exigen cumplimiento estricto de normativas para evitar riesgos.

La Defensoría de la Niñez anunció que se encuentran oficiando a cada una de las instituciones señaladas en el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que mantuvieron contratadas a personas con inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con menores (pese a que estas ejercían funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes).

A través de un comunicado, el organismo manifestó que se encuentra realizando tal medida para “conocer las acciones correctivas que se están adoptando, el detalle del número de personas contratadas en esta condición y las fechas de sus inhabilitaciones”.

Asimismo, buscan saber “todos los antecedentes sobre las medidas preventivas que se implementarán para asegurar que estas situaciones no vuelvan a repetirse”.

Defensoría de la Niñez por instituciones que contrataron a inhabilitados para trabajar con niños

De la misma manera, la Defensoría indicó que están solicitando una reunión con la contralora, Dorothy Pérez, con el propósito de abordar esta situación de manera conjunta y colaborativa.

“Velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal de todas las instituciones públicas, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional”, añadieron en su declaración pública.

Por ello, siguieron, es que “resulta imperioso el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la implementación urgente de mecanismos de control preventivo y obligatorio, que aseguren la consulta sistemática al Registro General de Condenas y al Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación”.

“El incumplimiento de esta obligación compromete gravemente la protección efectiva de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y vulnera directamente el mandato legal establecido en el artículo 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925, que obliga a verificar las inhabilitaciones antes de contratar personal en funciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes”, añaden.

Estas faltas a la ley, continúa el organismo, exponen a niños, niñas y adolescentes a riesgos inadmisibles y reflejan graves falencias en los sistemas de control y responsabilidad administrativa de las instituciones involucradas.

“La Defensoría de la Niñez exige que se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar que nunca más se repitan hechos de esta naturaleza”, cerraron.