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El Séptimo Juzgado de Garantía programó para el 20 de enero de 2026 la audiencia de reapertura de la investigación en el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, por presuntos delitos sexuales, tras vencer el plazo para la acusación. La defensa buscará practicar diligencias rechazadas en la investigación para demostrar la inocencia de Monsalve. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó la autonomía judicial y rechazó interpretaciones sobre un trato privilegiado del Gobierno.

El Séptimo Juzgado de Garantía fijó para el 20 de enero de 2026 la audiencia de reapertura de la investigación en el caso que involucra al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego de que venciera el plazo legal para que el Ministerio Público presentara acusación en la causa por delitos sexuales en su contra.

La defensa anunció que en esa audiencia solicitará la práctica de diligencias rechazadas durante la fase de investigación, con el objetivo de demostrar la inocencia de Monsalve y que se fije un nuevo plazo de investigación.

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Así lo explicó el abogado Víctor Providel, quien detalló que en esa instancia expondrán cuáles son las diligencias precisas que han sido rechazadas, por qué deben decretarse y su pertinencia para el caso, lo que podría abrir una nueva etapa investigativa y derivar en una audiencia de preparación de juicio oral si se acoge la solicitud.

Mientras la defensa avanza con esa estrategia, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó la postura del Gobierno frente al desarrollo del caso y rechazó cualquier intento de interpretar el manejo del Ejecutivo como un trato distinto por parte del Estado.

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Desde Concepción, Elizalde enfatizó que la justicia debe actuar de manera autónoma, independiente e imparcial, y que “nadie está por sobre la ley”, señalando que corresponde exclusivamente al Poder Judicial esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El vencimiento del plazo legal para acusar el 22 de diciembre había generado interpretaciones encontradas en medios sobre si la Fiscalía había presentado efectivamente la acusación o si esta habría perdido vigencia.

Sin embargo, la fijación de la audiencia de reapertura complica ese análisis. Mientras el tribunal no resuelva sobre la reapertura solicitada por la defensa, la acusación no está ni confirmada ni descartada jurídicamente, y los plazos procesales quedan condicionados a la decisión que se adopte en la audiencia prevista para inicios de 2026.