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El Consejo de Defensa del Estado entregó un informe de 23 páginas en respuesta a la demanda por falta de servicio de la madre de Vincent González, reo decapitado en el penal Bío Bío en 2024. El organismo señaló que es imposible evitar al 100% el porte de armas por parte de internos y destacó la sobrepoblación carcelaria a nivel nacional. El abogado demandante, Andrés Durán, argumentó que la responsabilidad del Estado es garantizar el control en las prisiones.
Con un informe de 23 páginas respondió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la demanda que presentó por falta de servicio la madre de Vincent González, el reo decapitado en el penal Bío Bío por su compañero de celda, Diego Valdés, el 9 de diciembre de 2024.
A finales de noviembre de 2025, la madre inició la acción legal que denunciaba por negligencia a Gendarmería, la que estaba sustentada en que se mezclara una persona de bajo compromiso delictual con otro peligroso, y además no se fiscalizara la presencia de armas blancas en una celda.
Ante esto, el CDE aseguró en sus descargos que es imposible exigir a Gendarmería que evite en un 100% el porte de armas por parte de los internos de una cárcel y, además, subrayando la sobrepoblación penal que existe no solo en el penal penquista, sino también en la mayoría de los otros a nivel nacional.
Al respecto, el abogado demandante, Andrés Durán, expresó que justamente la obligación del Estado es tener el control de las cárceles y que, si eso no ocurre, entonces hay una falta de servicio.
Diego Valdés, quien cumple una pena de cárcel hasta el 2039, está formalizado por el homicidio calificado de Vincent González, aunque actualmente la investigación está paralizada a la espera de un peritaje siquiátrico sobre una posible enajenación mental.
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