Este martes, el Frente de Trabajadores Penitenciarios (FTP) hizo entrega de una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric, en la que manifiestan su rechazo a la anunciada reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social en Gendarmería de Chile.
En el escrito, el FTP argumenta que la propuesta contradice el marco legal vigente, implica una transformación estructural del modelo penitenciario y ha sido impulsada sin diálogo ni participación de las organizaciones gremiales.
“Al no haber mayor información, al anunciarse la medida de manera intempestiva y a espaldas de los trabajadores penitenciarios, (…) solo nos cabe interpretar esta acción como una maniobra improvisada (…)”, señala la carta.
Así, los trabajadores advierten que la separación de funciones fragmenta responsabilidades, debilita los procesos de reinserción, genera problemas de coordinación institucional y distorsiona la misión histórica de Gendarmería, alejándola de estándares internacionales en materia penitenciaria y de derechos humanos.
“Desde el punto de vista legal, institucional y de derechos humanos, no resulta necesario ni recomendable separar las funciones actuales de Gendarmería de Chile para transformarla en una institución exclusivamente punitiva, en el marco de la seguridad pública”, aseguran.
Trabajadores penitenciarios argumentan contra la reforma
Además, en el documento, el frente plantea que “la seguridad penitenciaria sostenible depende de una interacción dinámica, fluida y flexible tanto de la asistencia, como de la vigilancia y la reinserción, y no de la separación de estos componentes. Dividir funciones fragmenta responsabilidades y debilita la posición del Estado como garante“.
“Esta medida lo que hace es distraer al país de la discusión de fondo sobre el sistema carcelario y la falta de condiciones adecuadas para la reinserción y el desempeño óptimo de la función penitenciaria“, acusaron.
Según un comunicado del propio FTP, con esto, los trabajadores reafirman su compromiso con la seguridad pública, aclaran que la existencia de organizaciones gremiales no es sinónimo de corrupción y respaldan sanciones ejemplares frente a cualquier práctica ilícita.
En esa línea, subrayan que la experiencia de los trabajadores organizados es clave para diseñar políticas penitenciarias serias, eficaces y democráticas, llamando a un debate profundo sobre seguridad, custodia y reinserción social.
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