Un duro rechazo manifestó la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) frente al anuncio del presidente Gabriel Boric de impulsar una profunda reforma a Gendarmería de Chile, luego del masivo operativo denominado “Operación Apocalipsis”, procedimiento que permitió desbaratar una extensa red de corrupción al interior de los recintos penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín.
La investigación, desarrollada en siete regiones del país, dejó más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería del penal Santiago I, quienes estarían vinculados a una estructura dedicada a la venta de favores y otros ilícitos, cuyo monto superaría los $6.300 millones en un período de tres años.
Tras conocerse estos antecedentes, desde el Gobierno se anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional destinada a separar las funciones de seguridad pública y reinserción social.
De acuerdo con lo informado por el propio presidente Boric, Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción quedarían bajo el alero del Ministerio de Justicia, a través de una nueva institución especializada.
“Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, subrayó el gobernante.
“Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública”, adelantó el mandatario.
Sin embargo, la propuesta generó un inmediato y categórico rechazo desde Anfup. A través de una declaración pública, el gremio manifestó su “más profundo repudio y rechazo” al anuncio, cuestionando que se trate de una decisión adoptada sin un proceso previo de diálogo con las y los trabajadores penitenciarios.
No obstante, evitan hacer una autocrítica por el escándalo de corrupción que se conoció al interior de la institución penitenciaria, pidiendo especialmente resguardar el “derecho a la sindicalización”.
Al respecto, desde la asociación acusaron falta de seriedad por parte del Gobierno, señalando que el planteamiento evidencia “el desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario, de sus complejidades y de los riesgos permanentes que enfrentan a diario sus funcionarios y funcionarias, tanto uniformados como no uniformados”.
Asimismo, recalcaron que el rol que cumple actualmente Gendarmería, tanto en materia de reinserción social como de seguridad pública, es fundamental para la democracia y la seguridad del país, advirtiendo que una modificación de esta magnitud no puede ser abordada como una simple reorganización administrativa o jurídica.
En ese contexto, Anfup exigió que cualquier cambio en la dependencia ministerial de la institución contemple garantías concretas en materia de estabilidad laboral y previsional, respeto a los derechos adquiridos —como bonos, asignaciones y carrera funcionaria—, mejoras reales en las condiciones laborales, de seguridad e infraestructura, además del resguardo del derecho a la sindicalización.
Finalmente, el gremio reiteró su rechazo a “decisiones unilaterales” y emplazó al Ejecutivo a abrir de manera inmediata una mesa de trabajo con las organizaciones del sector, con el fin de abordar de forma seria, responsable y participativa cualquier transformación estructural que afecte la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile.
Revisa el comunicado público completo a continuación:
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