La secretaria general del Partido Comunista y expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, salió al paso de las críticas formuladas desde la oposición respecto a supuestos “amarres” de cargos en el sector público, acusaciones que —según plantean sectores como Chile Vamos— habrían quedado establecidos tras negociaciones entre el actual Gobierno y el mundo sindical.
Consultada en su calidad de exdirigenta de la CUT en CNN Chile, la dirigenta calificó las acusaciones como “un tanto exageradas”, apuntando al alto nivel de precariedad laboral que existe actualmente en el Estado.
“A mí me parecen un tanto exageradas porque normas como esta respecto de la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector público (…) cuentan con más de la mitad, sino el 70% de sus funcionarios a honorarios, es decir, no son trabajadores estables”, sostuvo.
En esa línea, defendió que los acuerdos alcanzados buscan precisamente avanzar hacia mayor estabilidad laboral, recordando que se trata de una demanda histórica. “La posibilidad de que los trabajadores a honorarios pasen a contrata y, por lo tanto, comiencen a tener estabilidad y puedan construir carrera profesional por sus méritos es algo que se viene peleando hace más de una década”, afirmó.
Asimismo, descartó que exista alguna novedad irregular en este proceso, señalando que lo único distinto ha sido el cambio de criterio de la Contraloría General de la República. “Esto no tiene nada de extraño, lo único diferente es lo que ha dicho la contralora en el último período, al señalar que no le compete pronunciarse sobre la confianza legítima y derivar esto a tribunales”, explicó.
La dirigenta enfatizó que el objetivo del acuerdo es evitar arbitrariedades futuras. “Lo que se hace es una aclaración para que no exista arbitrariedad mañana, cuando una nueva administración quiera evaluar servicios o hacer ajustes, pero eso tiene que ser sobre la base de criterios objetivos”, recalcó.
En ese contexto, fue clara en distinguir entre cargos políticos y funcionarios de carrera. “Es evidente que los funcionarios políticos de confianza tienen que salir con la administración. Pero los funcionarios públicos en general no pueden quedar sometidos a quedar, como diríamos en buen chileno, a la buena de Dios”, advirtió.
Figueroa descarta amarres en el Estado: “Tiene que haber un criterio objetivo y no arbitrariedad a la hora de los despidos”
La secretaria general del PC también apuntó directamente contra el líder republicano, José Antonio Kast, a quien acusó de desconocer el funcionamiento del Estado. “Lo que yo espero de una autoridad que no conoce el Estado porque nunca ha sido parte del Ejecutivo, es que se dé el tiempo de evaluar a los funcionarios antes de tomar decisiones”, señaló.
En ese sentido, recordó dichos anteriores del excandidato presidencial. “Si no, volvemos al Kast que hablaba de la grasa del Estado, al que le daba lo mismo despedir, aun sabiendo que después el Estado tendría que pagar indemnizaciones tras perder juicios”, afirmó.
Agregó que si el foco es la austeridad fiscal, esta debe partir por el respeto a los derechos laborales. “Si él dice que necesitamos juntar plata, entonces que parta por respetar los derechos de los trabajadores y no llevando todo a tribunales”, sostuvo.
La dirigenta fue aún más dura al advertir que no puede instalarse una lógica de sospecha generalizada. “Tiene que haber un criterio objetivo y no arbitrariedad a la hora de los despidos, a menos que actuemos con el criterio privado”, dijo, cuestionando incluso si existe una “pesquisa” previa para justificar desvinculaciones.
Finalmente, rechazó que se intente reducir el Estado “cortando el hilo por lo más delgado”. “Tengo la impresión de que una vez más se quiere hacer la reducción de programas a costa de los derechos de los trabajadores”, afirmó, agregando que la atención presencial sigue siendo clave para una ciudadanía que no siempre está inserta en el sistema digital.
“Me extraña que desde el Partido Republicano insistan en hablar de políticas de amarres, cuando el objetivo es desprestigiar al Gobierno y poder despedir sin costo y con arbitrariedad, eso no va a ocurrir”, concluyó Figueroa.
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