El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este miércoles 5 de noviembre una querella criminal contra Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, junto a cuatro abogados y Conservadores de Bienes Raíces, por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”.
La acción judicial fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se dirige nominativamente contra Migueles, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, y los conservadores Yamil Najle (Chillán) y Sergio Yáber (Puente Alto).
Según se informó en un comunicado, el CDE también incluyó en su querella a “todos quienes resulten responsables” por eventuales delitos conexos que puedan acreditarse durante la investigación del Ministerio Público.
Según el libelo, los imputados habrían participado en una red de pagos irregulares hacia Migueles a cambio de gestiones de la exministra Vivanco a favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM), empresa que mantenía un conflicto judicial con Codelco tras la finalización anticipada de un contrato.
El documento judicial detalla que Vivanco, entonces integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, habría participado en resoluciones favorables al consorcio, vulnerando sus deberes de probidad e imparcialidad, mientras su pareja recibía beneficios económicos derivados de esas gestiones.
El caso “Muñeca Bielorrusa” —una de las aristas del denominado “caso Audio”— ha escalado luego de que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, presentara una querella de capítulos contra la exministra Vivanco ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando su formalización y posibles medidas cautelares.
Según la investigación del Ministerio Público, los fallos suscritos por Vivanco en causas donde intervenía CBM obligaron a Codelco a pagar más de $17.500 millones al consorcio chileno-bielorruso. Parte de esos recursos habrían terminado en manos de Migueles, a través de transferencias canalizadas por los conservadores y abogados imputados.
Los antecedentes también revelan la estrecha relación personal entre la exministra y los juristas Vargas y Lagos, quienes frecuentaban su domicilio y asumieron la representación de CBM mientras ella se desempeñaba como ministra visitadora en Copiapó.
En su presentación, el organismo sostiene que los hechos configuran una trama de corrupción institucional que afecta directamente el principio de probidad pública y la confianza en el Poder Judicial.
El caso “Muñeca Bielorrusa” continúa bajo investigación del Ministerio Público, mientras el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá resolver la admisibilidad de la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
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