La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, interpuso una querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La acción busca hacer efectiva su responsabilidad penal por actos que habría ejecutado en el ejercicio de sus funciones y que podrían constituir una infracción penada por la ley, en el contexto de la arista “Muñeca Bielorrusa” derivada del caso Audio.
La querella, presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tiene por objeto que el tribunal declare admisibles los capítulos para que el Ministerio Público pueda solicitar medidas cautelares personales durante la formalización de la investigación. La fiscal regional de Los Lagos fundamenta su petición con una serie de detalles que revelan que fallos de Vivanco obligaron a Codelco a desembolsar más de $17.500 millones a consorcio chileno-bielorruso.
Los antecedentes indican que, desde al menos 2022, la imputada y su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, mantenían una conocida y cercana amistad con los abogados Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera. La relación perduró hasta julio de 2024, evidenciada por visitas frecuentes al domicilio de la pareja en contextos sociales y privados.
En marzo de 2023, los imputados Vargas y Lagos asumieron la representación del Consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SPA (CBM) en recursos de protección contra Codelco, consigna el libelo. Para esa fecha, la imputada Vivanco Martínez ya se desempeñaba como Ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Copiapó, función que ella había elegido para el bienio 2023-2024.
Red de influencias en la Corte Suprema
Durante la controversia entre Codelco y CBM ante la Corte Suprema, la entonces ministra Vivanco intervino y resolvió a favor del consorcio. La fiscalía alega que incurrió en una infracción a sus deberes estatutarios al no declarar su inhabilidad de oficio respecto de los abogados Vargas y Lagos, representantes de CBM.
La querella señala que la exministra concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones de CBM, lo que obligó a Codelco a desembolsar sumas millonarias. Con parte de esos recursos, los abogados imputados dieron beneficios económicos a Vivanco y a su conviviente, quien facilitó los medios para recibir el pago, reza la querella.
Capítulo 1: Cohecho por fallo de septiembre de 2023
El primer capítulo se centra en un recurso de protección, acogido el 4 de julio de 2023 por la Tercera Sala de la Corte Suprema con el voto favorable de Vivanco. La resolución ordenó la restitución de maquinarias de CBM y el término de la retención de un pago por más de $12 mil millones de pesos.
Posteriormente, los abogados de CBM presentaron un recurso de aclaración para que Codelco pagara los costos de desmovilización, por $4.415 millones. Este arbitrio fue fallado a favor del consorcio el 28 de septiembre de 2023, con el voto de la ministra Vivanco, quien nuevamente omitió declarar su inhabilidad.
Codelco presentó un recurso de reposición, que fue rechazado el 11 de septiembre de 2023, y una nulidad, desestimada el 18 de octubre de 2023. Vivanco concurrió con su voto para rechazar ambos recursos. La fiscalía afirma que la entonces ministra intervino a cambio de recibir un beneficio económico de los abogados imputados a través de su conviviente.
El 11 de diciembre de 2023, Codelco transfirió $4.415 millones a la cuenta de CBM. Parte de esos fondos se utilizaron para pagar honorarios a los abogados. “Con parte de ese dinero, con fecha 18 de diciembre de 2023 los imputados Lagos y Vargas pagaron a la ministra Vivanco, a través de su conviviente Migueles Oteiza, a lo menos la suma de USD $14.000 dólares americanos como retribución por la intervención a favor de la empresa CBM”, detalla la querella.
Capítulo 2: Cohecho por recurso de queja de 2024
El segundo capítulo aborda el recurso de queja. Los abogados de CBM solicitaron a la Corte de Apelaciones de Copiapó que Codelco pagara poco más de mil millones de pesos, concepto rechazado el 27 de diciembre de 2023. Tras un recurso de reposición también rechazado, los imputados interpusieron un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Inicialmente declarado inadmisible, el recurso fue acogido tras una reposición el 8 de febrero de 2024, con el voto favorable de Vivanco, quien infringió sus deberes al no declarar su inhabilidad. La querella relata que “el 09 de febrero, esto es, al día siguiente de haberse declarado admisible el recurso de queja, la imputada Vivanco Martínez y su conviviente, Migueles Oteiza, se reunieron con los imputados Lagos Herrera y Vargas Cociña en la casa de la pareja”.
El 14 de marzo de 2024, la Corte Suprema acogió el recurso, ordenando a Codelco pagar los montos de reajustes e IVA. Vivanco concurrió con su voto favorable. El 17 de junio de 2024, los imputados Lagos y Vargas pagaron a Migueles Oteiza la suma de $45 millones en efectivo. “Migueles Oteiza recibió para él y Vivanco sabiendo que se trataba del pago por haber favorecido ésta los intereses de CBM con infracción de deberes”, indica el documento.
Capítulo 3 y conclusiones de la Fiscalía
Un tercer capítulo aborda el delito de lavado de activos. La fiscalía describe cómo una parte de los US$14.000 recibidos el 18 de diciembre de 2023 fueron utilizados por Vivanco y Migueles en viajes a Argentina y Brasil, y en pagos a sus tarjetas de crédito. “El uso con ánimo de lucro conociendo el origen ilícito de los aproximadamente $14.000 dólares contaminados al momento de recibirlos fueron realizados por la imputada Vivanco Martínez a través de un pago por $2000 dólares en dos depósitos efectuado el 10 de enero de 2024”, se lee en la querella.
En sus conclusiones, la Fiscalía sostiene que la imputada, “prevaliéndose de su rol como Ministra titular de la Excelentísima Corte Suprema, recibió dinero por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM, con los cuales mantenía a lo menos desde 2022 una relación de amistad, por intervenir durante 2023 y 2024 en un litigio judicial entre CBM y Codelco”.
La fiscal Wittwer solicita a la Corte de Apelaciones que halle mérito y declare admisibles los capítulos de la querella para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares personales en contra de la exministra Vivanco. La querella se fundamenta en los tipos penales de cohecho y lavado de activos.
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