La muerte de un menor de edad en la comuna de Recoleta, producto del impacto entre un furgón escolar y un vehículo que huía tras cometer un robo con violencia, desató una nueva ofensiva política y judicial por parte de la UDI.
Los senadores José Durana y Luz Ebensperger, junto al movimiento No + Víctimas, anunciaron que presentarán una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile y el Presidente Gabriel Boric, por no garantizar el derecho constitucional de vivir en paz.
El hecho ocurrido en Recoleta reflejó, según los parlamentarios, el colapso del sistema de seguridad pública, una ausencia de control estatal y una falta de prevención que hoy deja a familias expuestas a la violencia.
Senadores UDI apuntan al Gobierno por muerte de niño en Recoleta
“Cuando un niño muere camino al colegio por culpa de delincuentes que circulan impunemente, no estamos ante un hecho policial, sino ante un síntoma del abandono del Estado. El Gobierno perdió el control y con él, el derecho más básico, el de vivir en paz”, señaló Durana.
“Aquí no hay responsabilidad difusa. El Gobierno de Gabriel Boric ha tomado decisiones equivocadas que han debilitado la persecución penal, desmoralizado a las policías y dejado a las familias solas frente al crimen. Por eso acudiremos a la Corte Interamericana: porque cuando el Estado no protege, debe responder”, agregó.
En tanto, la senadora Ebensperger dijo que “lo que ocurrió en Recoleta no solo es una tragedia, también es una vergüenza nacional. Un niño camino al colegio perdió la vida porque el Estado se rindió ante la delincuencia. Esta es la normalidad del que el Gobierno nos habla. Este Gobierno ha relativizado la autoridad, debilitado a las policías y abandonado a las víctimas“.
“Ya no se trata solamente de falta de recursos, se trata de falta de convicción, de voluntad política. Cuando la seguridad deja de ser la prioridad, la vida deja de estar protegida. Y eso es lo que queremos exigir, responsabilidades en el país”, agregó.
Por su parte, José Miguel González, líder del movimiento No + Víctimas, aseguró que “este caso demuestra que la inseguridad en Chile no solo es un problema interno, sino una vulneración sistemática de derechos humanos. Los niños, las familias y las víctimas viven desprotegidas. Por eso llevaremos al Estado ante la justicia internacional, para que responda por omisión y falta de garantías efectivas”.
Trabajo de No + Víctimas
Así las cosas, desde el movimiento No + Víctimas pondrán a disposición su equipo jurídico para acompañar a la familia del menor fallecido y reunir los antecedentes que sustenten la acción internacional, mientras los parlamentarios dicen que impulsarán en el Congreso medidas para reforzar la responsabilidad estatal en materia de seguridad y protección de víctimas.
“Ya nos hemos puesto en contacto con Raúl Moya, padre de Tamara, la menor asesinada en un portonazo y cuyo nombre dio origen a la Ley Tamara, para que se sume y brinde apoyo a la familia cuando llegue el momento. Él representa el dolor y la fuerza de miles de padres que hoy exigen justicia y seguridad”, apuntó González.
“Chile no puede naturalizar la muerte de un niño camino al colegio. Si el Estado no garantiza la paz, tendrá que hacerlo la justicia internacional”, concluyó.
Enviando corrección, espere un momento...
