Los alcaldes de Puerto Montt y Mulchén valoraron la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que modifica a la ley 18.695 y que busca entregar mayores facultades a las municipalidades para fiscalizar y controlar el comercio ambulante, una problemática que ha crecido en distintas comunas. Sin embargo, coincidieron en advertir que la iniciativa carece de respaldo presupuestario suficiente para su aplicación efectiva.
El proyecto, que ahora pasará al Senado, otorga a los municipios nuevas atribuciones para regular el comercio informal en espacios públicos, incluyendo la posibilidad de establecer zonas restringidas, cursar infracciones y coordinar decomisos junto a las policías.
La medida busca fortalecer la gestión local frente a una actividad que, en muchos casos, afecta la seguridad, el tránsito peatonal y el orden en los centros urbanos.
Alcaldes advierten falta de recursos
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, valoró positivamente la moción, destacando el trabajo que su municipio ha realizado junto a Carabineros para mantener controlado el comercio informal en la comuna. Pero advierte que se necesitan más recursos:
“Es importante tener más facultades y atribuciones, pero más recursos también. Ojalá que esta ley venga con recursos, puesto que si no tiene recursos va a ser una muy linda ley escrita, pero no vamos a poder llevarla a la acción y al efecto”, afirmó la autoridad comunal.
En tanto, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, si bien reconoció la intención del proyecto, expresó reparos frente a su viabilidad práctica.
“Este proyecto de ley suena bien en teoría, pero carece de fundamento en la práctica. Si bien es cierto que se está intentando abordar un problema creciente en muchas comunas, la falta de recursos asignados para su implementación lo convierte en poco más que una declaración de buenas intenciones”, expresó Muñoz.
Comercio ambulante: un desafío creciente para los municipios
La discusión sobre el comercio informal ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente tras el aumento de la ocupación irregular de espacios públicos en los centros urbanos. Los municipios han insistido en la necesidad de contar con herramientas legales y presupuestarias para abordar el problema de forma sostenida.
Por otro lado, según los datos de la Segunda Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando en Chile de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), una de cada tres personas compra a vendedores ambulantes. Sin embargo, el 68% asocia a estos vendedores con actividades delictivas.
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